El senador tucumano y exgobernador José Alperovich tendrá otros 90 días de licencia sin goce de sueldo en sus funciones como legislador mientras es objeto de una investigación penal por una denuncia de abuso sexual.
PRESUNTO ABUSO SEXUAL
Le renovaron la licencia a Alperovich y el procurador recomienda que la causa se tramite en la CABA
La Cámara Alta autorizó otros 90 días sin goce de sueldo para el senador tucumano que enfrenta una denuncia de una sobrina por violación. El procurador dictaminó en un planteo sobre competencia del caso. Resuelve la Corte.
Alperovich había sido acusado por una sobrina que fue su colaboradora, en noviembre de 2019. La mujer aseguró en una carta pública que "durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual" por parte del actual senador.
Ese mismo mes, Alperovich solicitó una licencia por 180 días, que ya venció. Al inicio de la sesión virtual de este jueves, el Senado aprobó a mano alzada la extensión de la licencia, que regirá hasta septiembre.
La causa contra Alperovich se encuentra enredada en cuestiones de competencia. La denunciante hizo presentaciones tanto en la justicia Tucumán como en la de la Ciudad de Buenos Aires, dado que los hechos se sucedieron en ambas jurisdicciones.
El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dictaminó a favor de que la Corte Suprema intervenga en la cuestión y defina finalmente en qué jurisdicción debe realizarse la instrucción.
Por otro lado, se conoció en las últimas horas que Casal recomendó al máximo tribunal que sea la justicia porteña la que siga investigando el caso.
Según informó este jueves el diario La Gaceta, el dictamen recomienda que las 2 causas abiertas a partir de las presentaciones de la sobrina y excolaboradora de Alperovich sean acumuladas en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº35 a cargo del juez Osvaldo Rappa.
Si la Corte Suprema de Justicia de la Nación acoge la opinión no vinculante de Casal, el juez de Instrucción en lo Penal Nº2 de San Miguel de Tucumán, Facundo Maggio, deberá enviar el expediente que instruye a su par porteño para que aquel controle esta pesquisa.
El dictamen descarta la postura del Alperovich, cuya defensa sostuvo que la investigación competía a los Tribunales provinciales. Por el contrario, Casal consideró que había que tratar conjuntamente los hechos denunciados en los estrados con sede en Buenos Aires puesto que, según su criterio, ese órgano está “en mejores condiciones de dar la respuesta judicial más efectiva” y “garantizar un adecuado acceso a la justicia por parte de la víctima de conflictos de violencia de género”.
Aunque Maggio tomó más de 30 testimonios y hasta recibió un descargo del senador, Casal consideró que Rappa había hecho mayores avances. “Entiendo que es determinante en este sentido que en la causa que tramita con la dirección del Juzgado Nacional, al que la denunciante acudió primero y en cuya jurisdicción habría sido cometido el primer acto ilícito, se hayan ordenado diversas medidas de prueba, algunas ya ejecutadas y otras en pleno desarrollo”, afirmó el procurador interino, siempre de acuerdo a La Gaceta.
A esto añadió: “en la audiencia celebrada en la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción de Tucumán, la víctima, por medio de su representante legal (Ricardo Santoro), solicitó que la causa continuara en la Ciudad de Buenos Aires”.
Además de argumentar de que en la pesquisa en trámite en Buenos Aires había habido progresos que convertían a esa sede en la que en mejores condiciones estaba de dar la respuesta judicial más efectiva, Casal observó la existencia de un defecto formal en el procedimiento que siguió Enrique Pedicone, vocal de la Cámara de Apelaciones tucumana. El procurador manifestó que ese tribunal provincial, que es el que remitió el incidente a la Corte nacional, no había formalizado correctamente el conflicto de competencia al omitir la formulación del pedido de inhibición a la Cámara Nacional de Apelaciones. “(El estrado tucumano) debía dar la ocasión de considerar sus argumentos, y aceptar o rechazar la inhibición, para recién, si mediaba la insistencia (en que las denuncias debían ser concentradas por Rappa), elevar la causa a la Corte de la Nación”, adujo.
El dictamen de Casal ratifica las resoluciones adoptadas a fin de año por Maggio y por el camarista porteño Mariano González Palazzo. En total, cuatro jueces y seis integrantes del Ministerio Público Fiscal se expidieron ya sobre la competencia de las denuncias que la sobrina de Alperovich interpuso en noviembre.











