La oposición escaló la pelea por el Presupuesto: Pidió al FMI que revise tres puntos de las cuentas de Milei

El debate por el Presupuesto 2027 salió del Congreso y llegó hasta Washington. Diputados nacionales de la oposición (Unión por la Patria) enviaron una carta a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para plantearle una serie de cuestionamientos sobre las cuentas que el Gobierno de Javier Milei presentó para el próximo año.

La nota, fechada el 20 de septiembre y firmada por autoridades del bloque e integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, advierte sobre lo que los legisladores consideran posibles "inconsistencias, opacidad" y márgenes de discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos.

El planteo se produce pocos días después de que el Poder Ejecutivo enviara formalmente el Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados. El proyecto ingresó el 15 de septiembre y comenzó su recorrido por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

En términos generales, el Gobierno proyecta para 2027 un crecimiento de la economía del 4% y una inflación anual del 18%, dentro de un esquema que mantiene el equilibrio fiscal como uno de los principales ejes de la política económica.

Sin embargo, Unión por la Patria decidió llevar parte de la discusión directamente ante el FMI y concentró sus objeciones en tres puntos.

El primer cuestionamiento de la oposición: cuánto cuesta realmente el RIGI

El primer eje de la carta apunta al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y su impacto sobre las cuentas públicas.

El Gobierno proyecta para 2027 un superávit primario de la Administración Pública Nacional de $15,4 billones, equivalente aproximadamente al 1,1% del Producto Interno Bruto. Los diputados opositores señalan, sin embargo, que el cálculo del gasto tributario presentado en el Presupuesto no incorpora el costo atribuible a los beneficios otorgados por el RIGI.

¿Qué significa esto en términos simples? El gasto tributario representa, básicamente, los ingresos que el Estado deja de percibir como consecuencia de exenciones, reducciones u otros beneficios impositivos.

Según la estimación citada por los legisladores (basada en "diversos cálculos privados"), el costo fiscal del RIGI cuando los proyectos alcancen su plena ejecución podría ubicarse en unos USD 3.359 millones anuales, equivalentes a 0,49 puntos del PBI. La propia carta aclara que el 47% de la inversión total prevista se desembolsaría hasta 2028 inclusive.

A partir de esos números, UP sostiene que, si ese costo efectivamente se materializa, podría reducir la recaudación y complicar el cumplimiento del superávit primario proyectado.

Casi $15 billones bajo la lupa

El segundo punto probablemente sea el más político de la presentación. Los diputados cuestionaron el volumen de recursos asignados a la denominada Jurisdicción 91 – Obligaciones a Cargo del Tesoro.

De acuerdo con la carta, esa jurisdicción concentra créditos presupuestarios por aproximadamente $14,9 billones, cerca del 1% del PBI. Los legisladores objetan que la explicación incluida para parte de esos fondos es demasiado amplia: "diversas asistencias financieras para la atención de distintos sectores económicos y sociales".

En otras palabras, la oposición pone el foco sobre una enorme masa de recursos cuya utilización, según su interpretación, dejaría un margen considerable de decisión en manos del Poder Ejecutivo.

Para Unión por la Patria, esa estructura podría otorgar al equipo económico mayor flexibilidad para mover recursos durante la ejecución del Presupuesto y reducir, al mismo tiempo, la capacidad del Congreso para determinar de antemano el destino de parte del gasto.

La discusión cobra además relevancia política porque 2027 será un año electoral: el proyecto que se debate actualmente será el último presupuesto anual completo antes de las elecciones presidenciales previstas para octubre del próximo año.

El tercer punto: por qué se duplica la inversión financiera

El último cuestionamiento está relacionado con un concepto más técnico, pero que involucra una cantidad considerable de dinero: la inversión financiera neta.

Según los números incluidos en la carta, ese rubro pasaría de $9,8 billones en 2026 a $17,4 billones en 2027. Es decir, prácticamente se duplicaría en términos nominales.

Dentro de ese concepto aparecen operaciones como inversiones financieras temporarias, adquisición de títulos y valores del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, incremento de fondos en caja y bancos, adelantos a proveedores y contratistas y otras inversiones financieras.

El cuestionamiento opositor apunta a saber por qué una porción significativa de los recursos disponibles terminaría destinada a aumentar esas posiciones financieras mientras existen otras demandas presupuestarias.

"¿Cuál es la razonabilidad?", es, en definitiva, el interrogante que atraviesa ese tramo de la presentación. En la carta, los diputados sostienen que no encuentran suficientemente justificado el objetivo de acumular liquidez o realizar determinadas inversiones financieras mientras se restringen recursos para otras políticas públicas.

Por qué la oposición decidió recurrir al FMI

La decisión de enviar la advertencia a Kristalina Georgieva no es casual. Argentina mantiene vigente un programa con el Fondo y el organismo realiza revisiones periódicas que incluyen metas cuantitativas vinculadas, entre otros puntos, al resultado fiscal y a las reservas internacionales.

De hecho, en la segunda revisión del acuerdo, concluida en mayo, el FMI informó que Argentina había cumplido la meta de resultado fiscal primario correspondiente al cierre de 2025, aunque había incumplido la meta vinculada a la acumulación de reservas internacionales. En ese proceso también se contemplaron modificaciones de objetivos cuantitativos del programa.

Ese vínculo es utilizado por los diputados como argumento para involucrar al organismo en la discusión. En el cierre de la carta solicitan a Georgieva un "urgente análisis" del Presupuesto 2027 al considerar que el proyecto no reúne, según su evaluación, criterios suficientes de razonabilidad y transparencia.

La presentación lleva las firmas, entre otros, de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Guillermo Michel, Julia Strada, Victoria Tolosa Paz, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Sabrina Selva y Pablo Yedlin.