Guzmán ganó la interna por las tarifas: Echan a funcionario de CFK y la suba será de más del 9%

Por un lado, se resolvió que las tarifas aumenten 9%, pero en un primer tramo que será en mayo, mientras que el aumento se completaría con una suba posterior, con lo que alcanzaría el 15%, en principio. 

Por el otro, el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia a Federico Basualdo, quien se desempeñaba como subsecretario de Energía Eléctrica y respondía directamente a la Vicepresidente, quien se opone a un ajuste de 2 dígitos en las tarifas en medio de la recesión y del año electoral. 

Según dejaron trascender desde la Casa Rosada, Basualdo no cumplió con un esquema de segmentación de tarifas que se le había solicitado y que ese fue el motivo del pedido de dimisión. 

Pero en los últimos días, también le adjudicaban a Basualdo ser el responsable de "trabar" las negociaciones con Edenor y Edesur, las distribuidoras del área metropolitana, respecto a los subsidios que requerirán para seguir hacer frente a sus costos operativos al mismo tiempo que mantienen las tarifas más bajas en relación a su valor real. 

Según publicó este jueves el portal especializado Econojournal, esa negociación se estancó en las últimas semanas, entre otras cosas, por la negativa del subsecretario de Energía Eléctrica a que el Estado se haga cargo de una serie de vencimientos de Obligaciones Negociables que Edenor debe afrontar entre 2021 y 2022. Con Edesur existe un problema similar con una deuda que suma unos $15.000 millones con la casa matriz del grupo Enel en Italia.

En este debate, Basualdo sostenía que las tarifas no aumentarían más del 9% y arriesgó incluso que hasta podrían no subir. 

Basualdo le respondió a las empresas -sigue Econojournal- que el gobierno se hará cargo de los costos destinados a garantizar la operación del servicio, pero afirma que el dinero que ingresó por la emisión de deuda no fue destinado a inversión, mantenimiento ni operación del servicio. Como alternativa, se propuso que las empresas reestructuren sus vencimientos de 2021 y 2022 y que el Estado se haga cargo de esos pagos con recursos propios que se acumularían en un fondo que luego se descontaría de la nueva RTI. Sin embargo, esa opción no llegó a buen puerto.

La actualización de las tarifas como parte de la disminución del gasto público -en este caso, de subsidios- era una de las condiciones que se pusieron sobre la mesa en la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).