Un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de resolución para exigir al Poder Ejecutivo que informe en detalle cuánto dinero destina a los operativos de seguridad desplegados en las inmediaciones del Congreso, especialmente durante las manifestaciones que suelen realizarse los miércoles.
En pocas palabras
- Diputados piden informe: Exigen al Ejecutivo detalles del costo de operativos de seguridad frente al Congreso.
- Detalles solicitados: Buscan saber recursos económicos, humanos y logísticos desde el 10 de diciembre de 2023.
- Argumentos: Buscan controlar el uso de recursos públicos y evaluar la proporcionalidad de los despliegues.
La iniciativa solicita que el Ministerio de Seguridad y los organismos competentes brinden información precisa sobre los recursos económicos, humanos y logísticos utilizados desde el 10 de diciembre de 2023 en los dispositivos montados alrededor del Palacio Legislativo.
Entre los firmantes del proyecto figuran legisladores de distintos espacios políticos, como Jorge Taiana, Mónica Frade, Esteban Paulón, Martín Lousteau, Juan Grabois, Cecilia Moreau y Hugo Yasky, entre otros.
Las preguntas de los diputados
Uno de los principales puntos del pedido apunta a conocer el costo financiero de cada operativo y cómo se distribuyen esos gastos entre las distintas fuerzas de seguridad, incluyendo Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria, así como una eventual participación de la Policía de la Ciudad.
También reclama precisiones sobre la cantidad de efectivos afectados, el pago de horas extras o servicios adicionales y los recursos materiales utilizados en cada despliegue.
Cuánto cuesta cada operativo de seguridad frente al Congreso
El proyecto requiere que el Gobierno informe qué hipótesis de riesgo o informes de inteligencia justifican la magnitud de estos operativos y detalle el empleo de camiones hidrantes, vehículos, unidades especiales, vallas, sistemas de videovigilancia, personal canino y elementos de dispersión como gases lacrimógenos o proyectiles de impacto cinético.
Además, pide conocer cuánto tiempo permanece activo cada dispositivo y cuál es la estimación oficial de asistentes a las protestas.
Otro de los aspectos incluidos en la iniciativa es la solicitud de estudios sobre el posible impacto económico que las restricciones de circulación generan en los comercios ubicados en las inmediaciones del Congreso, en caso de que dichos análisis existan.
Los argumentos detrás del proyecto
En los fundamentos, los impulsores sostienen que el Congreso debe ejercer un control sobre el uso de recursos públicos destinados a estos operativos y evaluar si existe proporcionalidad entre el despliegue realizado y las características de las manifestaciones. También cuestionan que se utilicen dispositivos de gran magnitud frente a protestas que consideran de menor escala y plantean que resulta necesario transparentar los criterios que justifican esas decisiones.
Asimismo, el texto señala que conocer el costo de estas acciones permitiría determinar si la asignación de recursos responde a parámetros de eficiencia y racionalidad administrativa, en línea con los principios de control y rendición de cuentas que corresponden al Poder Ejecutivo.
De prosperar el pedido de informes, el Gobierno nacional deberá responder una batería de consultas sobre el financiamiento, la planificación y la ejecución de los operativos de seguridad que se desarrollan de manera recurrente en las inmediaciones del Congreso durante las jornadas de protesta.
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