Denuncian que la AFIP de Macri hizo "hostigamiento fiscal" a CFK, Máximo y Florencia Kirchner

Se trata de una ampliación de la denuncia realizada a comienzos de febrero -que se tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11- e incluye los resultados de los procedimientos, investigaciones y auditorías realizadas por las distintas áreas del organismo a lo largo de los últimos meses.

"Los resultados obtenidos en dos auditorías internas realizadas a lo largo de los últimos meses dan cuenta del "hostigamiento fiscal" experimentado por CFK y sus hijos a lo largo de la presidencia de Mauricio Macri", señaló la AFIP en un comunicado.

En ese sentido, destacó que "de las auditorías internas se desprende la posible comisión de ciertos hechos, por parte de funcionarios de la AFIP durante las gestiones de Alberto Abad y Leandro Cuccioli que podrían resultar encuadrables en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita".

La presentación judicial lleva la firma de Marcó del Pont e incorpora documentación que también expone "graves irregularidades a las que fueron sometidos los hijos de la vicepresidenta, Máximo y Florencia Kirchner".

Al respecto, la AFIP sostuvo que hubo irregularidades en procedimientos de determinación de oficio de deudas así como evidencia de "prácticas enquistadas en el ámbito de la AFIP reñidas con principios fundamentales del Estado de Derecho".

"La entidad de las irregularidades detectadas alcanza para acreditar que la vicepresidenta fue objeto de una encarnizada persecución, coordinada con otros estamentos del Estado", aseguró el organismo recaudador.

A su vez, sostuvo que los hallazgos "dan cuenta de una matriz de persecución" durante el gobierno que presidió Mauricio Macri ya que, entre 2016 y 2019, se desplegaron desde la AFIP "prácticas arbitrarias, discriminatorias y violatorias, entre otros, del principio de igualdad".

Según consignó el diario Página12, que tuvo acceso a la denuncia, detallan lo actuado por la AFIP durante los mandatos de Alberto Abad y Leandro Cuccioli:

* Los funcionarios no actuaron con el deber ético de la neutralidad, se lesionó el mandato de actuar de buena fe y la norma del trato igualitario a todos los contribuyentes.

* Cuando se realizaron las primeras determinaciones de las obligaciones tributarias de la familia Kirchner, ni siquiera se la notificó. Se le enviaron oficios a domicilios que no tenían vinculación con la expresidenta y de esa manera se pretendió justificar una actuación a escondidas. Es más, incluso pudieron haberla notificado en el Senado pero esquivaron hacerlo para seguir las actuaciones sin que ella supiera.

* La ley establece que el órgano recaudador busca que el contribuyente pueda ejercer su defensa. Al no haberla notificado ni haberla puesta al tanto de los procesos, "quedó en entredicho el debido proceso", dice la Auditoría.

* Se determinaron obligaciones tributarias de oficio, cuando en realidad había varios domicilios alternativos y hasta públicos para notificar a la entonces senadora. O sea, establecieron montos de deuda descomunales e injustificados y siguieron vedándole la vista de las actuaciones y la intervención en los procedimientos.

* La Auditoría detectó “irregularidades en el análisis de las fiscalizaciones de las situaciones patrimoniales”, lo que llevó a exigencias de pago inexactas y a seleccionar a determinados funcionarios para que las hagan.

* En todo lo que tuviera que ver con familia Kirchner no intervenía el funcionario que correspondía, sino que la conducción seleccionaba a quienes se consideraba que estaban alineados con la persecución.

* Como se sabe, en cada trámite queda registrado el ingreso de un funcionario a los datos de cualquier contribuyente. La Auditoría estableció que hubo miles de ingresos en la base de datos referida a Cristina Kirchner y sus hijos e incluso existe la sospecha de que hubo maniobras para tapar aún más ingresos irregulares y violatorios del secreto fiscal.

* Está probada por la Auditoría que se constituyeron grupos de trabajo concentrados en perseguir a determinados grupos y contribuyentes, algo que va totalmente en contra de la igualdad y la neutralidad que debe guardar la AFIP.

* Hubo una “singular coordinación de acciones entre funcionarios de la AFIP e integrantes del Poder Judicial y el Ministerio Público que excedió la colaboración que la administración presta a la judicatura”. En otras palabras, que determinados jueces y fiscales ni siquiera cursaban pedidos oficiales, sino que había un ida y vuelta a escondidas, una especie de alianza en la persecución. “Esto ya fue reconocido por un funcionario de la AFIP en sede judicial”, una referencia a testimonios que se dieron en el juicio respecto de Oil Combustibles en que se reconoció que había grupos de tareas especialmente dedicados a hostigar a ese grupo empresarios.