Obras sociales y Asignaciones, anuncios para darle aire a la CGT Balcarce

Son también concesiones a su CGT que necesita mostrar algún beneficio de su alineamiento con el Gobierno, en momentos en que sigue abierta la elección del Secretario general.

Para el viernes 7 de septiembre se tiene previsto anunciar la puesta en marcha de un nuevo sistema informático que agilizaría el pago de reintegros a las prestadoras gremiales por los tratamientos médicos de alta complejidad.

El denominado Sistema Único de Reintegro suplantará los mecanismos de la ex APE (Administración de Programas Especiales).

En ese sentido, dirigentes del antimoyanismo se reunirán este jueves (30/08) con la superintendenta de Salud, Liliana Korenfeld, para tener más precisiones del nuevo sistema, pero especialmente para escuchar los avances en cuanto a las deudas de ese organismo con las obras sociales.

El Gobierno nacional ofrece hasta ahora el pago a las obras sociales del 17% de los fondos adeudados por atrasos de reintegros (un total de $ 340 millones sobre un total de $ 2.000 millones) a cambio de no iniciar demandas judiciales contra el Gobierno.

Ese porcentaje ya fue rechazado por los gremios y el moyanismo adoptó la vía judicial pero la CGT oficialista mantiene las negociaciones y propusieron reducir del 15% al 10% la deducción que aplica el Estado sobre los aportes destinados a las obras sociales.

"Tenemos que encontrar una solución porque las obras sociales no se pueden financiar. Estamos muy apretados. El sistema [de reintegros] es un poco lento y hay que mejorarlo. No digo que no sea transparente, pero hay algo que no funciona", había dicho el metalúrgico Antonio Caló hace dos semanas.

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Los gremios esperan que se active un mecanismo de pago para achicar el déficit. Pero desde la Superintendencia le bajaron el tono al anuncio de Korenfeld.

"Se presentará un nuevo sistema para agilizar y transparentar los reintegros. Se llamará Sistema Unico de Reintegros. No será un gran cambio. Del pago de la deuda no habrá nada concreto", dice el diario La Nación citando a un funcionario de peso del organismo.

Paralelamente al reclamo de los fondos adeudados a las obras sociales, se prepara una suba en las asignaciones familiares.

Ocurre que cuando el Salario Mínimo Vital y Móvil llegue a $ 2.875, en febrero de 2013, como parte del acuerdo arribado esta semana en la reunión del Consejo del Salario, el primer tramo de las asignaciones familiares dejará de existir, según explica este jueves (30/08) el diario El Cronista.

Es que el primero de los tres topes está fijado en 2.800 pesos y ningún trabajador en blanco ganará menos que eso.

Con lo cual se aceleró la decisión del aumento en las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH), lo que sería anunciado en los próximos días.

Ese anuncio podría concretarse en los primeros días de setiembre, al igual que el anuncio sobre el nuevo mecanismo de reintegros a las obras sociales, aunque depende de la decisión de Cristina.

Si no se modifican las asignaciones familiares, quien gana el mínimo y tiene un hijo tendrá un aumento efectivo del 19,8%, ya que subirá un escalón en la tabla de las asignaciones y pasará a cobrar $ 204 por hijo.

Mientras el antimoyanismo espera un gesto de la Presidente sobre las asignaciones familiares, desde la CGT Azopardo se anunció una marcha para el próximo miércoles (05/09) hacia la sede del INADI para denunciar "discriminación" por el actual esquema de pago de asignaciones familiares que excluye a los trabajadores que perciben sueldos superiores a los 5200 pesos.

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Además, se resolvió también poner en marcha la campaña para juntar firmas para impulsar una consulta popular por ese reclamo, y de esa forma se analice en el Congreso, ya que desde hace tiempo esas asignaciones no se actualizan y benefician sólo a aquellos empleados que cobran menos de 5200 pesos, indicó Ámbito Financiero.

Sobre la deuda con las obras sociales, Sandra Maiorana, integrante del Consejo Directivo de la CGT encargada seguir esa situación precisó que del Fondo de Redistribución al que aportan esas prestadoras de salud para enfermedades de alta complejidad "sólo se devuelve el 7 por ciento del dinero y el resto queda en ese Fondo".

"El Fondo recibe un promedio mensual de casi 417 millones de pesos y en total es tiene unos 10 mil millones. Ese dinero el Gobierno lo retiene ilegalmente, no se utiliza y se afecta por la inflación", agregó.