Justicia

US$62 MILLONES

Reabren la causa por los jardines sin finalizar durante el gobierno de Macri

Tras el pedido del fiscal Ramiro González y de la Oficina Anticorrupción, el juez Ariel Lijo dispuso reabrir la causa por irregularidades en la construcción de jardines de infantes durante el gobierno de Mauricio Macri. Se investigan pagos realizados por US$62 millones por salitas que ni siquiera se terminaron.

El juez federal Ariel Lijo reabrió una causa por irregularidades en la construcción de jardines de infantes durante el gobierno de Mauricio Macri, luego de una presentación de la Oficina Anticorrupción (OA) y del pedido realizado por el fiscal federal Ramiro González. Se investigan pagos realizados por 62 millones dólares por salitas que ni siquiera se terminaron.

Según informó la periodista acreditada en Tribunales Vanesa Petrillo, el fiscal había pedido que "deberá profundizarse la pesquisa a fin de determinar si existieron irregularidades respecto al recupero de anticipos, recupero de acopios, ejecución de garantías, acciones sumariales y resguardo de obras en el marco de las licitaciones públicas internacionales".

Según González "se vislumbran nuevos elementos que ameritan la realización de otras medidas probatorias" como el pedido de informes sobre los concursos preventivos de la unión de empresas formada por Escarabajal Ingeniería y Bahía Blanca Viviendas que había obtenido la licitación para hacer los 93 jardines en cuestión.

También el fiscal pretende que el ministerio de Educación entregue toda la documentación que posee sobre las adjudicaciones y el proceso posterior.

A principios de mayo, el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, presentó una denuncia contra los ex ministros Alejandro FinocchiaroEsteban Bullrich, ambos a cargo del Ministerio de Educación durante la gestión de Macri, por el pago de obras para realizar jardines escolares que nunca se terminaron. “El Estado perdió por estas obras que no terminaron nunca, son centenares de millones de pesos", indicó.

La denuncia está basada en el pago de 93 jardines de infantes - de los 3.000 que se prometieron- cuyas construcciones no se finalizaron. “La denuncia es por la no capacidad de realizar las obras, los antecedentes, demoras en el inicio, el abandono de la sobras, la decisión de no cuidar los bienes, el quebranto de la empresa, la actitud del Estado de no rescindir los acuerdos sin justificación”, amplió sobre el titular de la Oficina Anticorrupción.

Crous explicó que se trata de la tercera denuncia vinculada al tema. La primera la hizo Margarita Stolbizer  y que fueron "archivadas de manera automática". Las causas anteriores habían recaído en el juez Lijo, pero no fueron investigadas.

Esta denuncia fue presentada ante la Oficina Anticorrupción el ministro de Educación, Nicolás Trotta, el 5 de marzo pasado, por una serie de irregularidades en la construcción de jardines de infantes durante el Gobierno de Cambiemos.

Este programa fue impulsado en 2016 por Macri y, según los datos de la cartera educativa, “de los 3.000 jardines de infantes previstos sólo fueron licitadas 292 obras y, finalmente, se concluyeron 107".

La información recabada por el Ministerio de Educación a través del rastreo y análisis de más de 480 expedientes administrativos, corresponde a irregularidades en cuatro licitaciones de un total de 17 para la realización de 93 jardines, ninguno de los cuales fue concluido.

Según esta información, se evidencia “una falta de correspondencia entre las obras y montos erogados por la contratista frente a las sumas millonarias transferidas a las mismas”.

La OA se quejó de que Finocchiaro nunca le reclamó a las empresas los 62 millones de dólares de resarcimiento por incumplir el contrato.

Según la denuncia, el gobierno de Macri pagó $704.975.760 por la construcción de 93 jardines de infantes en distintas provincias que nunca fueron terminados. El actual Ministerio de Educación detectó también sobreprecios: se llegaron a pagar 1.498 dólares el metro cuadrado, el doble que el valor de mercado.

La denuncia, además, incluye que la mayor parte de los proyectos fueron adjudicados a una misma Unión Transitoria de Empresas (UTE) que había sido objetada por un área técnica especializada antes de concretar la contratación. 

Se trata de cuatro licitaciones que fueron adjudicadas a una misma UTE que está integrada por Escarabajal Ingeniería SRL y Bahía Blanca Viviendas SRL.

"Le pedimos al juez Lijo que esta vez investigue y me parece que ya no tienen razones para no hacerlo", indicó Crous.

"Había un evidente sobreprecio de la construcción. La elección de las empresas según el análisis del propio ministerio de Educación es que no tenían capacidad de asumir el compromiso de obra que asumieron", explicó.

Además, se refirió a la poca "seriedad" de las empresas "Hubo desatención en el cuidado de las obras, luego las empresas entran en quiebra lo que perjudica el interés del Estado". 

"Esto exhibe un panorama donde parece una administración infiel por parte de los funcionarios y una estafa a la administración publica por parte de los privados", sentenció y detalló que según la investigación que realizó la OA, "tenemos algún indicio entre la fuerza política que gobernaba y alguno de los integrantes de estas empresas. Estas cosas no suceden por casualidad".

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