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MILAGRO SALA

Innecesaria torpeza: Snopek redactó proyecto para intervenir la Justicia de Jujuy

Vie, 21/02/2020 - 11:18am
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Por Urgente24

El senador jujeño del Frente de Todos Guillermo Snopek, presentó un proyecto de ley para intervenir por un año el Poder Judicial de la provincia de Jujuy, donde se encuentra detenida, con prisión domiciliaria, la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala. El proyecto ingresó al Congreso el miércoles 19/02, el mismo día en que el ex juez de la Corte Suprema y aliado del kirchnerismo, Eugenio Raúl Zaffaroni, insistió en que “correspondería la intervención por Poder Judicial de Jujuy”. Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, ha asegurado que Milagro Sala «no es una presa política» sino «una «delincuente común» que primero fue una dirigente social pero que «se enriqueció y le robó al pueblo». Morales dijo acerca de ella: «Robó. Es una delincuente que se ha enriquecido junto a su grupo familiar».

Contenido

El texto del senador Guillermo Snopek consta de 8 artículos. Establece la intervención del Poder Judicial jujeño “a fin de garantizar la forma republicana de Gobierno y evitar incurrir en responsabilidad internacional del Estado argentino”.

La iniciativa habilita a la administración de Alberto Fernández a designar un interventor federal "a fin de garantizar la forma republicana de gobierno y evitar incurrir en responsabilidad internacional del Estado argentino".

Esto sucede por 3 motivos:

> Hay un compromiso de un sector del kirchnerismo de liberar a Milagro Sala, líder de la organización Tupac Amaru, y a quien consideran una "presa política", concepto que niega el presidente Alberto Fernández.

> Hubo un intento de remover a Pablo Baca, presidente del Supremo Tribunal jujeño, a causa de dichos contrarios a Sala que corroboraban su oposición a cambiar la carátula o revisar el caso de Sala.

> Hubo una negativa del gobernador Gerardo Morales a remover a Baca.

Así se llega a la idea de directamente intervenir el Poder Judicial de Jujuy, pasando por arriba de Morales, un integrante importante de la UCR y de Juntos por el Cambio.

Además, declara "en comisión" a los miembros del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, lo que les quitaría a los magistrados la estabilidad constitucional inherente a los cargos en los que fueron designados por la Legislatura provincial.

De hecho, el proyecto faculta al interventor federal "a suspender en sus funciones o remover a los magistrados, funcionarios y empleados que integran el Poder Judicial y el Ministerio Público de Jujuy".

Si bien no nombra el caso de Milagro Sala, la mención de eventuales reclamos internacionales contra el Estado nacional está en línea con los reclamos realizados por connotados dirigentes kirchneristas, que impugnan la legalidad de la detención de la dirigente social, que enfrenta varias causas por hechos de corrupción y ya fue condenada en dos expedientes.

Uno de los primeros en reclamar la intervención del Poder Judicial jujeño fue el exjuez de la Corte Raúl Zaffaroni. También se sumaron al pedido otros referentes del kirchnerismo, como el periodista Horacio Verbitsky. Todos consideran "arbitraria" la detención de Sala.

La iniciativa fue presentada ayer, por lo que todavía no tiene giro a comisiones y el único firmante es Snopek, un dirigente peronista que mantiene un histórico enfrentamiento con el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales.

El senador ya había anunciado su intención de avanzar con la intervención el año pasado, por considerar que había "connivencia absoluta del Poder Judicial con el gobernador Morales y la Legislatura provincial". En aquella oportunidad, Snopek había formulado su reclamo a raíz del allanamiento ordenado a una legisladora de la oposición que había criticado al mandatario provincial.

Según el proyecto, el interventor tendrá la misión de "adoptar las medidas que considere necesarias a fin de que el Poder Judicial de Jujuy garantice la plena observancia de los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional".

CELS

La defensa de Sala la tiene el Centro de Estudios Legales y Sociales, que preside Horacio Verbitsky, muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner.

Una abogada de su confianza Elizabeth Gómez Alcorta, fue la abogada de Sala hasta que asumió como ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

Acerca de Sala, CELS publicó en enero el siguiente comunicado:

"Milagro Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 por participar de una protesta: un acampe frente a la casa de gobierno de Jujuy. A partir de su detención hubo un entramado de “acusaciones consecutivas”, un despliegue de causas judiciales y un contexto de vulneración de la independencia judicial destinados a sostener la privación de libertad de Sala de manera indefinida, de acuerdo a lo que sostuvo el Grupo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, en octubre de 2016.

Por lo demás, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenaron a Argentina adoptar de manera inmediata las medidas de protección que sean necesarias para garantizar la vida, integridad personal y salud de Milagro Sala. Decisión que fue reafirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Agosto de 2018.

En la actualidad se encuentra próxima a expirar la prorroga extraordinaria de prisión preventiva impuesta a Milagro Sala. En enero de 2018, cuando estaba por cumplirse el plazo máximo de dos años para mantener a una persona en prisión preventiva, la Sala Penal del Superior Tribunal de Feria resolvió extender por un año más, de manera extraordinaria, la medida privativa de la libertad. La defensa cuestionó la medida ya que, tal como había advertido el Grupo de Trabajo de la ONU, ninguna autoridad judicial pudo explicar que hubiera peligro de fuga o que pudiera entorpecer la causa. 

A cuatro años del acampe en plaza Belgrano, la causa de la protesta que dio origen a su detención sigue abierta y por ser elevada a juicio. Resulta inadmisible que el ejercicio de la libertad de expresión en Argentina sea materia de persecución penal. El Estado deberá rendir cuentas por las violaciones a los derechos humanos en contextos de ejercicio de la protesta social.

Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES)
Amnistía Internacional Argentina
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)"

Baca, origen del pedido de intervención

Diputados provinciales del Partido Justicialista (PJ) denunciaron penalmente al titular del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Pablo Baca, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero el magistrado adelantó que no renunciará a su cargo. El nudo del problema se refiere a los audios en los que Baca se expresa sobre la detención de Milagro Sala y el funcionamiento de la justicia local.

La denuncia contra el juez supremo indica el supuesto delito de “retardo de justicia”, mientras que el titular del Ministerio Público de la Acusación provincial, Sergio Lello Sánchez, fue acusado de “amenazas agravadas y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

Baca señaló que no renunciará a su cargo pero, lo que sí hará es "pedir una licencia, porque como se va a llevar adelante una investigación" sobre su conducta, pretende "no admitir ningún tipo de sospecha”.

En los audios difundidos por el sitio El Cohete a la Luna, que dirige Verbitsky (CELS), Baca admite que la dirigente social Milagro Sala está presa "no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas".

Además, se lo escucha protestar contra la figura del titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, por las "presiones" que ejercía sobre los jueces en las causas que se le seguían a la líder de la Tupac Amaru.

“Ante la falta de actuación de oficio de la Justicia nos convocamos las diputados del bloque del Frente de Todos a presentar la denuncia penal contra Baca y Lello Sánchez, por lo que esperamos una respuesta concreta, más allá del pedido de juicio político que realizamos”, señaló la diputada Leila Chaher.

Por su parte, la legisladora Mariela Ferreyra sostuvo el sector “hace lo que corresponde como legisladores, que es velar por que se cumpla la ley en la provincia, dado que no vimos reacciones de la justicia sobre la gravedad de los hechos que se conocieron”.

La acusación fue presentada por los legisladores Martín Palmieri, Débora Juárez, Alejandra Cejas, Fátima Tisera, Ferreyra y Chaher.

“El fiscal Aldo Lozano tiene que ver si imputa o no a los funcionarios judiciales denunciados, aunque sabemos que es muy probable que no quieran imputar”, señaló el abogado Enrique Giusti, al indicar que Lello Sánchez es el jefe de fiscales y Baca la máxima autoridad del Poder Judicial jujeño.

Por su parte, el juez Baca insistió, en declaraciones a canal 4 de Jujuy, que la filtración de audios forma parte de "una operación política" y una "denuncia montada".

“Los audios forman parte de una campaña para desacreditar al Poder Judicial de Jujuy en las causas que se tramitaron contra Milagro Sala. Yo me excuse en esas causas y no tuve ningún tipo de intervención”, explicó.

Gerado Morales

El gobernador jujeño Gerado Morales ya dijo que «la Tupac Amaru fue un fenómeno social y político pero derivó en un fenómeno violento comandado por una persona que empezó siendo una dirigente social, pero que se enriqueció y le robó al pueblo».

«Fuimos los querellantes de las causas, los que aportamos pruebas, pero la Justicia ha llevado a cabo investigaciones también. Hay un trámite judicial con participación de jueces», declaró.

Morales explicó que hoy en día hay cuatro causas con doble condena, y en todas intervinieron más de una decena de jueces que en su mayoría fueron designados en gestiones anteriores a la suya.

«Estamos en presencia de una situación judicial que tiene que ser resuelta en el marco de la Justicia, que ha evaluado hechos concretos de corrupción y de violencia», concluyó.