El Bonaerense

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Intendentes vs. Movimientos Sociales: "Llegan a las tomas en camionetas 0km para hacer un negocio inmobiliario"

Los intendentes peronistas del Gran Buenos Aires se reunieron con el gobernador Axel Kicillof para pedirle mayor celeridad. Temen que rápidamente los movimientos sociales comiencen a construir en los terrenos usurpados y sea más difícil sacarlos. En el fondo, los gobiernos quieren evitar la formación de nuevas villas en medio de un plan federal de viviendas para reordenar el espacio público con el Estado jugando un rol central.

Intendentes peronistas del Conurbano Bonaerense estallaron contra los movimientos sociales por la ola de tomas de terrenos que se está registrando desde hace un mes y ya se está volviendo imparable.

Todos coinciden: hay personas que efectivamente necesitan un lugar donde vivir pero las tomas masivas que irrumpen semana tras semanas están organizadas por los mal llamados movimientos sociales, que se financian con el dinero del Estado que ingresa a través de los impuestos, pero que hoy es una caja totalmente quebrada por la pandemia.

Luego de la reunión, Blanca Cantero, intendenta del Partido Presidente Perón, estalló: "Detrás de las tomas seguramente hay muchas familias que tienen mucha necesidad de tener una vivienda propia pero también, como muchos vecinos que viven cerca de las tomas lo refieren, durante todo el día llega gente que no es del distrito de Presidente Perón con terribles camionetas de última generación a traer palos, maderas y chapas. 

El juez pidió que no se permitan ese tipo de cosas y cuando los inspectores municipales tiene que hacer las inspecciones se encuentran que son vehículos que no tienen más de un año o dos de antigüedad. Quiere decir que dentro de la toma hay gente que tiene necesidad y quienes se aprovechan de esto para hacer un negocio".

La jefa comunal fue respetuosa de la investigación que está haciendo la Justicia en la ciudad de Guernica, donde se usurparon unas 100 hectáreas donde se van a construir viviendas sociales e, incluso, donde se habilitó para countries, que es propiedad privada: "Yo no los puedo identificar pero es una mezcla de personas, punteros y organizaciones. No voy a identificar con nombre y apellido pero lo hacen en todas las tomas.

Los mismos vecinos de Presidente Perón se quejan permanentemente en las redes por la inseguridad que hay y porque dicen que todas las noches hay peleas y disturbios".

Frente a los rumores de connivencia entre algunos intendentes y dirigentes del territorio, Cantero enfatizó: "Quiero aclarar que entiendo los problemas sociales que hay pero yo asumí en diciembre pasado, nunca había tenido la oportunidad de ser intendenta y que una toma es un acto ilegal".

"Acá hay un juez y un fiscal actuando. En un momento se armó una toma con 200 personas y la policía los desalojó pero al otro día vinieron 400 personas con gente de muchas otras localidades", relató al aire de Telefe.

"Conozco la realidad de mi distrito desde muy pequeña, y hasta el momento nadie fue a plantear a la municipalidad una necesidad. Nosotros, los intendentes, sabemos que hay una necesidad de vivienda, pero nadie vino a plantearlo. Se rompieron todos los códigos. Haciendo algo ilegal no vamos a encontrar una solución", remató ayer en Radio Mitre.

Este viernes (4/09), el presidente Alberto Fernández lanzará un plan de Seguridad que cuenta con 10.000 efectivos, 3.000 vehículos y una inversión de $12.000 millones.

Ayer (3/09), Urgente24 advirtió que tanto la instalación de carpas en tierras donde se van a construir viviendas sociales como el corte en avenida 9 de Julio frente al Ministerio de Desarrollo Social de Daniel Arroyo tendrían un objetivo muy claro: la caja del programa asistencial Potenciar Trabajo.

Los movimientos sociales, que son muchos y no son todos iguales, se están "matando" entre ellos por lograr la mayor cantidad partidas tanto para cooperativas y fábricas recuperadas como para las viviendas sociales.

Esto es, hay una guerra entre los dirigentes sociales por ver quién logra quedarse con la mayor creación de empleos en la intermediación entre el Estado y los más necesitados. Esto, a su vez, tiene relación directa con el desafío por lograr la mayor cantidad de terrenos y viviendas a construir.

En el medio de la pelea, ciertas organizaciones salieron a delimitar sus territorios con las tomas para advertir a otros espacios políticos que esos terrenos "ya tienen dueños" y las viviendas que se quieran construir en ese espacio deberán quedar a cargo del movimiento que representa a ese militante/vecino. Muy perverso pero esto también forma parte de la post-pandemia.

Según la propia Casa Rosada, la continuidad del IFE podría tomar características similares al plan Potenciar Trabajo, que lanzó hace pocas semanas el Ministerio de Desarrollo Social y que permitiría vincular el beneficio a un desempeño de tareas, como las vinculadas a mejorar las condiciones edilicias de comedores comunitarios, la urbanización de barrios y a la producción de la economía popular.

Todo esto fue analizado en un encuentro muy importante del que participaron los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; los titulares de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; del Banco Central, Miguel Pesce, y de la Anses, Fernanda Raverta.

Todo esto lo saben las organizaciones sociales.

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