Córdoba: Guerra de denuncias por abuso sexual entre el PJ y la UCR

El ámbito político de Córdoba no logró superar aún la convulsión de las últimas horas tras conocerse al menos dos nuevos casos de dirigentes denunciados o imputados por presunto abuso sexual y otros delitos. Tanto en el PJ (oficialismo) como en la UCR (parte de la oposición) la presencia de acusaciones en las principales esferas del poder se volvió materia de pelea en un debate de bajo nivel.

En ese sentido, el sacudón más reciente lo sufrió el oficialismo provincial con una nueva renuncia tras una imputación directa contra un dirigente. Se trata del caso de Pablo Marcos Ortíz, un concejal de licencia de la ciudad de Alta Gracia que hasta hace algunas horas se desempeñaba como vicepresidente de Cormecor, la corporación pública encargada de la gestión de los residuos de la capital cordobesa y las ciudades metropolitanas.

Al respecto, Ortíz quedó envuelto en una investigación impulsada por la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N.º 2 de Alta Gracia, a cargo del fiscal Alejandro Peralta Otonello, quien lo imputó por presuntos delitos sexuales, hurto y defraudación. Algo que generó un nuevo foco de presión política que terminó con la renuncia del funcionario presentada frente a la gestión de Daniel Passerini.

Cabe destacar que Cormecor es una empresa integrada por la Municipalidad de Córdoba, los Municipios de Villa Allende, Estación Juárez Celman, Malvinas Argentinas, Río Ceballos, La Calera, Despeñaderos, Alta Gracia y las Comunas de Villa la Bolsa, Villa los Aromos y el Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barridos de Córdoba – Surrbac-.

Nuevo dolor de cabeza para Daniel Passerini

Según el descargo de Ortíz, su renuncia fue motivada por “cuestiones personales”. Sin embargo, su destinó fue el mismo que el de otros funcionarios de la Municipalidad de Córdoba que recientemente fueron objeto de investigación judicial debido a presuntos delitos sexuales.

Respecto a esto último, Passerini sufrió una nueva salida de su equipo oficial. Si bien se ejecutó mediante una renuncia, el intendente había anticipado inflexibilidad en casos similares, en especial luego del escándalo que desató el femicidio de Agostina Vega y la sospecha directa sobre el principal imputado, el ex empleado municipal Claudio Barrelier.

El caso Barrelier extendió el daño no solo al ámbito municipal, sino también al provincial. Cuestión que se potenció algunas semanas después con el estallido del caso del ex legislador oficialista Ramón “Cañito” Flores, quien tuvo que renunciar luego de que uno de sus asesores (José Villarreal) fuera imputado por presunto abuso sexual en el marco de una investigación sobre una presunta red de trata de menores en el norte de Córdoba.

Con esos casos golpeando en la agenda mediática, y la erosión política que derivó de ellos, el Intendente de Córdoba tendría más lugar a las especulaciones. Algo que sí tendrá continuidad en el bloque de la oposición provincial, donde los escándalos penales más recientes sufridos por el Gobierno cordobés se volvieron un material combustible para la crítica.

La oposición tampoco se salva

En ese sentido, el radicalismo ha sido uno de los principales exponentes de críticas a la estructura de capas dirigenciales que el PJ ha construido con el paso de los años. Con Rodrigo de Loredo a la cabeza, el sector se encargó de potenciar el eco de los escándalos oficiales, señalando prácticas de “casta”, como la contratación de funcionarios por militancia.

No obstante, la red de escándalos también llegó a salpicar a la UCR, espacio que quedó expuesto por su propio discurso crítico. Todo ello a raíz del caso de la legisladora Alejandra Ferrero, vinculada con el empleado legislativo Omar Ludueña, detenido por presunto abuso sexual en las últimas horas.

El caso de Ferrero y Ludueña sirvió como contrapunto para el discurso del PJ en medio de la turbulencia propia. Según el oficialismo, los opositores tienen una “doble vara”, algo apuntado directamente por el jefe del bloque de Hacemos por Córdoba, Facundo Torres Lima, quien anticipó que no pedirán la renuncia de la legisladora.

Quien sí avanzó en ese sentido fue Alejandra Vigo. La senadora y esposa de Juan Schiaretti profundizó en la crítica a la oposición local y apuntó particularmente contra Ferrero, a quien le endilgó una “postura implacable” a la hora de demandar la renuncia de Flores, el legislador oficialista quien abandonó su banca recientemente.

Martín Llaryora no quiere apresurarse

"Nosotros somos muy coherentes, entendemos que cuando la Justicia habla la política se calla, que la Justicia es la que debe delimitar responsabilidades. Nosotros no caímos en el apartamiento, fuimos muy coherentes con esta situación y lo seremos también con la situación que está aconteciendo dentro del radicalismo", explicó Torres Lima. "Nosotros somos muy coherentes, entendemos que cuando la Justicia habla la política se calla, que la Justicia es la que debe delimitar responsabilidades. Nosotros no caímos en el apartamiento, fuimos muy coherentes con esta situación y lo seremos también con la situación que está aconteciendo dentro del radicalismo", explicó Torres Lima.

Con esas palabras, el legislador anticipó la postura de Martín Llaryora. El gobernador tendría decidido evitar la eyección de dirigentes meramente denunciados hasta en tanto las investigaciones no avancen a imputaciones o instancias más graves.

Con esa política, que articula a la “renuncia” como una forma de salida por decisión propia, Llaryora evitaría otorgarle de hecho un poder eliminatorio a la oposición.