DENUNCIADO

Un funcionario, dos cargos y una denuncia

Martín Gill, actual secretario de Obras Públicas de la Nación e intendente licenciado de la ciudad cordobesa de Villa María fue denunciado por la Coalición Cívica por “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes”. No ejerce el cargo de Intendente desde su asunción. Polémica por las licencias.
miércoles, 13 de enero de 2021 · 15:02

CÓRDOBA. La doble función es algo que se acostumbra en el ámbito político argentino. Cientos de ejemplos pueden ilustrar el hecho en el cual un funcionario pone en “stand by” su trabajo en un cargo, para aparecer en otro (generalmente superior) y ejercer sus funciones, sin haber dejado el primero oficialmente. 

Dicha práctica se observa muy fuertemente en los cargos legislativos, donde muchos legisladores dejan sus bancas para ocupar otros puestos, generalmente ejecutivos, aunque no renuncian a las mismas, lo que les da poder de regresar. Pero esta costumbre se ha ido trasladando a todos los lugares de la política, sobre todo en el interior y en aquellos actores que tienen una base política local, e incursionan en el fuero nacional por algún periodo. 

Si bien este abandono parcial de los cargos se da generalmente mediante un pedido de licencia sin goce de sueldo, la discusión se centra sobre la ética del hecho y la incompatibilidad en la función pública. Y ese debate revivió en las últimas horas con el caso del secretario de Obras Públicas de la Nación Martín Gill. 

Gill, quien a su vez es intendente (con licencia desde que asumió en 2019) de Villa María en Córdoba, fue denunciado por un sector de la Coalición Cívica, por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La denuncia, que se origina justamente en su doble función, fue realizada por la diputada nacional, Leonor Martínez Villada, la legisladora provincial Cecilia Irazuzta, y el presidente del partido, Gregorio Hernández Maqueda, quienes se presentaron en los Tribunales de Villa María.

La excursión del secretario de Obras Públicas de la Nación comenzó a pocos días de haber asumido como intendente reelecto de la ciudad de Villa María, en diciembre de 2019 y de la mano del senador kirchnerista por Córdoba, Carlos Caserio. El proyecto de Gill en la Nación es parte de la avanzada que el Frente de Todos busca dar en Córdoba, con intendentes y referentes peronistas que estén más alineados con el Gobierno nacional que con el schiarettismo, espacio de donde surgió originalmente el propio Martín.

Desde entonces, Gill viene renovando una licencia sin goce de sueldo cada seis meses, que le es otorgada por el Concejo Deliberante de la mencionada ciudad. Por ende, el Intendente de Villa María aún no se presentó a trabajar por el cargo en el cual fue electo a mediados de 2019.

En su lugar,  Pablo Rosso (un hombre de confianza de Gill) ha estado ejerciendo las funciones de la intendencia. El propio Rosso también fue denunciado por la oposición ya que le permite a Gill mantener “la rueda girando”. 

Ahora bien, el planteo opositor es el siguiente. Según la Carta Orgánica de Villa María, más concretamente su artículo 91, existe una incompatibilidad en el ejercicio que Martín Gill lleva a cabo como funcionario municipal y nacional al mismo tiempo.

Además, los denunciantes argumentan que en la misma Carta Orgánica, se explicita que la concesión de licencias no puede superar nunca los 180 días, y que en caso de que el funcionario no pudiere superar el impedimento para cumplir sus funciones, y faltase más de un año para terminar su mandato, el mismo debe convocar a elecciones para elegir otro funcionario que complete el periodo de mandato. En ambos casos, Gill y Rosso estarían infringiendo la Carta Orgánica de la ciudad de Villa María. 

Ello en pos de sostener una base electoral fuerte (Martín Gill está transcurriendo su segundo mandato como intendente de Villa María) y haciendo una incursión nacional que le de “músculo político” para que, cuando le toque volver a la provincia, pueda disputar cargos más importantes. Cabe destacar que Gill es uno de los nombres (más alineados con el kirchnerismo) que se barajan a futuro para el reemplazo del actual gobernador de Córdoba y uno de los fundadores del peronismo cordobés de Unión por Córdoba (hoy Hacemos por Córdoba), Juan Schiaretti. 

Si bien es irreprochable el hecho de querer mejorar su figura política, lo que desde la Coalición Cívica consideran, sin dudas, inadmisible, es que el funcionario desatienda sus funciones por las cuales fue electo, para atender su imagen. Además de la generación de suspicacias que trae las funciones que cumple a nivel nacional. 

Esto bien puede ejemplificarse con la asignación presupuestaria nacional que el propio Gill anunció para que Villa María construya su circunvalación, algo sin dudas incompatible ya que el mismo intendente estaría captando presupuesto nacional para obras en la ciudad que gobierna. El hecho de sostener los puestos locales parece fundamental a la hora de realizar las excursiones a la Nación.

El propio Gill declaró a los medios, que en caso de no contar con la aprobación del Concejo Deliberante para prorrogar su licencia (algo que hasta ahora no ocurrió), volvería a ejercer la intendencia de Villa María. Esto habla a las claras de que la experiencia nacional no tiene nada que ver con una convicción de gestión, sino más bien de exposición. 

Quedará por responderse la pregunta de por qué el Concejo Deliberante de Villa María sigue prorrogando la licencia de Gill, a pesar de que está rompiendo con lo dispuesto en la Carta Orgánica de dicha ciudad. Dato no menor: el CD villamariense tiene mayoría peronista en sus bancas.

No es el único caso.

El día de ayer 12/1, se confirmó el regreso de Walter Saieg a la Legislatura de Córdoba, luego de un paso como secretario de Transporte de la Nación, cargo al que habría accedido por recomendación del senador Carlos Caserio, al igual que Martín Gill. La renuncia de Saieg estuvo motivada en que su suplente, Carolina Basualdo, fue electa como intendente de Despeñaderos, en Córdoba.

Ante la imposibilidad de sostener los dos cargos, el legislador cordobés tuvo que volver a su cargo original, abandonando su puesto en Nación. 
 

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