Agroquímicos en Pergamino: Productores absueltos, ex funcionarios condenados

Por unanimidad, el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario resolvió absolver a los productores rurales, al ingeniero agrónomo y al aplicador que llegaron acusados por contaminación ambiental por las fumigaciones con agroquímicos en Pergamino, y condenó a 2 ex funcionarios municipales.

Asimismo, dispuso investigar posibles responsabilidades de otros integrantes de la gestión local, y mantuvo vigente la medida cautelar que desde 2019 restringe las fumigaciones en Pergamino.

Sabrina Ortiz, víctima y denunciante, lamentó la decisión judicial pero adelantó que van a apelar: “Esto es solo una instancia. No vamos a parar hasta que dejen de fumigarnos. No hay que quebrarse ante tanta impunidad”.

“Las pruebas científicas son contundentes, nuestros cuerpos tienen veneno. El que me envenenó fue Mario Roces que vive enfrente de mi casa y está probado. Esta es solamente una instancia y sabemos que podemos doblar este veredicto. Vamos a seguir para que eso se logre, para que dejen de enfermarnos para siempre”, agregó, según publicó la agencia Tierra Viva.

“Desde el punto de vista técnico no encontramos explicaciones a esta sentencia”, afirmó el abogado de la querella, Carlos González Quintana.

La causa es considerada una de las más relevantes del país en materia ambiental por haber llevado por primera vez a productores rurales al banquillo de la Justicia Federal por hechos vinculados al uso de fitosanitarios. Pero el fallo no conformó para nada a los denunciantes.

Según informa el portal Infocielo, los jueces absolvieron a Fernando Cortese, Mario Reinero Roces, Víctor Tiribó, Hugo y Carlos Sabatini, José Luis Grattone y Cristian Taboada. En cambio, condenaron al ex director de Ambiente Rural del municipio, Guillermo Naranjo, y al auditor Mario Tocalini a dos años de prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Además, el Tribunal ordenó remitir copia del fallo y de las audiencias al Ministerio Público Fiscal de San Nicolás para que investigue la actuación del intendente de Pergamino, Javier Martínez, y de otros funcionarios que pudieron haber tenido responsabilidades en el funcionamiento de la Dirección de Ambiente Rural.

Al fundamentar la decisión, el presidente del tribunal, Román Pablo Lanzón, sostuvo que la actuación de los funcionarios condenados estuvo “en las antípodas de lo esperado para un funcionario público” y remarcó que ambos eran los máximos responsables del área encargada de controlar las aplicaciones de fitosanitarios.

“La ineficacia de los controles estatales fue lo que produjo los resultados dañosos para la salud de las personas”, concluyó el magistrado al explicar por qué el tribunal encontró responsabilidad penal en el accionar de los funcionarios municipales.

Por qué no fueron condenados los productores rurales

“Está debidamente probado que la exposición a los agroquímicos habitualmente utilizados en la actividad agropecuaria provocó daños a Sabrina Ortiz, a su grupo familiar más cercano y a otras personas de los barrios”, sostuvo Lanzón durante la lectura de los fundamentos.

Los jueces también señalaron que la evidencia científica producida durante el juicio permitió demostrar que vivir cerca de los campos fumigados tuvo incidencia en enfermedades y otros padecimientos de la población.

Incluso sostuvieron que el término “agrotóxicos”, utilizado durante años por los vecinos que impulsaron la causa, “tiene correspondencia con la prueba que se produjo” durante el debate oral.

Sin embargo, el tribunal entendió que la fiscalía y la querella no lograron demostrar con el grado de certeza exigido por el derecho penal que los productores acusados hubieran actuado dolosamente o realizado aplicaciones ilegales en los términos previstos por la Ley de Residuos Peligrosos.

“Alegato de fiscalía estuvo plagado de generalidades, abstracciones y conclusiones que no tuvieron sustento probatorio”, sostuvo Lanzón.

Respecto de Fernando Cortese, los jueces lo absolvieron tanto por la acusación de contaminación ambiental como por el cargo de amenazas coactivas vinculado a un episodio denunciado por vecinos, aplicando el beneficio de la duda sobre este último punto (era el acusado al que pedían 4 años y tres meses de prisión efectiva, la mayor de las penas).

También fueron absueltos Mario Roces y Víctor Tiribó, para quienes la fiscalía había solicitado penas de cuatro años de prisión efectiva, además de Hugo y Carlos Sabatini, José Luis Grattone y Cristian Taboada.

Fumigaciones en Pergamino: La cautelar seguirá vigente

Otro punto relevante de la sentencia fue la decisión de mantener vigente la medida cautelar que desde 2019 restringe las fumigaciones en Pergamino.

Actualmente, la resolución judicial impide aplicaciones terrestres a menos de 1.095 metros y aéreas a menos de 3.000 metros de las zonas urbanas y periurbanas del distrito.

Si bien la fiscalía había solicitado que esas restricciones quedaran incorporadas de manera definitiva a la sentencia y la querella pretendía incluso extenderlas a escuelas rurales, pueblos y parajes, el tribunal rechazó ambos planteos.

No obstante, resolvió mantener las medidas cautelares hasta que el fallo quede firme y se agoten las instancias de revisión previstas por la legislación procesal.

“Tal vez sea necesario revisar las distancias dispuestas municipalmente para amortiguar el impacto de los productos químicos empleados en los campos, pero no este es el ámbito para debatir y resolver esa cuestión”, sostuvo Lanzón.

Los jueces consideraron que esa discusión debe darse en otros ámbitos institucionales y sugirieron incluso la conformación de espacios de diálogo con participación de organismos públicos, asociaciones civiles y organizaciones ambientales.

La causa

La acusación, querella y fiscalía habían pedido penas de entre dos a cinco años de prisión para los nueve imputados. Los representantes de las víctimas entienden que toda la responsabilidad y daño ha sido acreditado.

Las defensas, en todos los casos, pidieron la absolución, alegan inocencia y esgrimen que los hechos puntualmente endilgados a cada uno de ellos no están probados o no existieron.

La causa comenzó con una denuncia de Sabrina Ortiz, quien sufrió en carne propia -y en la de sus hijos- los efectos de las fumigaciones. Luego se fueron sumando testimonios de más vecinos.

Fueron cinco meses de escuchar testimonios y una veintena de audiencias. Los abogados querellantes repasaron la gran cantidad de pericias y estudios científicos que confirmaron las afectaciones en agua y suelo. Precisaron las denuncias de fumigaciones nocturnas, sin receta fitosanitaria y a escasos metros de las viviendas en cuyo interior la presencia de enfermedades pudo ser también verificada, afecciones respiratorias, trastornos inmunológicos y la presencia de glifosato en organismos, especialmente en niños, según publicó la agencia Tierra Viva.

En sus testimonios, los vecinos relataron los padecimientos que las fumigaciones les han provocado: leucemia, cáncer, problemas de desarrollo, dificultades espiratorias, enfermedades inmunes, alergias, piel tópica, picazón, inflamaciones, bocas secas con gusto metálico y a veneno, entre otras afectaciones. Y en algunos casos, todo está respaldado por historias clínicas con estudios adjuntos que certifican la presencia de agrotóxicos en los cuerpos y estudios que dan cuenta de daño celular o genético.

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