Petracchi anunció reformas en el Poder Judicial en general, y la Corte en especial

Llegó el momento de encarar una gran reforma judicial desde la Corte. Evaluamos contar con juzgados que permanezcan abiertos las 24 horas para atender casos muy urgentes, como son, por ejemplo, los de violencia familiar; hacer un censo en toda la Justicia para saber con qué recursos contamos y reducir la evasión del pago de tasa de justicia, que se calcula en 100 millones de pesos."

Esas son algunas de las medidas que impulsa la Corte Suprema de Justicia que, por primera vez en la historia, aceptó recibir el asesoramiento de la sociedad civil.

Hace quince días, Enrique Petracchi, presidente del tribunal, firmó un convenio con Argentina Justicia, una federación de entidades que conduce Ramón Brenna y que agrupa a las principales organizaciones no gubernamentales especializadas en temas judiciales (entre ellas, Fores, Conciencia, la Asociación de Magistrados). Si bien la Corte pretende dar una respuesta a los reclamos populares de mayor transparencia y eficacia, la idea de sumar los esfuerzos de la Justicia y la sociedad civil no es nueva, pues es impulsada por el ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, que viene montando la iniciativa desde hace dos años.

Esta reforma se realizará en forma paralela a la que anunció el Ministerio de Justicia; se hará con el presupuesto del Poder Judicial, reasignando partidas y sólo se requerirá la participación del Congreso nacional cuando sea estrictamente necesario.

El conjunto de medidas está plasmado en un documento elaborado por las citadas entidades y por el Consejo de la Magistratura, que también tendrá un papel importante y que está representado en la iniciativa por el senador Miguel Angel Pichetto, presidente de la bancada oficialista.

-Hace diez días, la Corte firmó un convenio de cooperación técnica con Argentina Justicia, una federación de ONG, entre las que están Fores, la Asociación de Magistrados, Conciencia y otras entidades. ¿Qué medidas proponen?

-Esta es la primera vez que la Corte busca el asesoramiento de las ONG. Es un convenio muy importante. Una de las primeras medidas consiste en hacer un censo, para saber qué cantidad de personal tiene cada juzgado del país. Necesitamos tener un control de los recursos, para poder distribuir mejor lo que hay.

-¿Cree que encontrarán ñoquis?

-No creo nada. Pero queremos determinarlo. No sabemos con qué capital contamos.

-Hace dos meses, la Corte decidió publicar las declaraciones juradas de sus ministros. Pero los jueces que representan a los magistrados ante el Consejo, en lugar de imitar al alto tribunal, se niegan a hacer público sus patrimonios. ¿Qué piensa hacer la Corte al respecto?

-La Corte elaboró un proyecto de reglamento para publicar las declaraciones juradas. Ya tomamos esa decisión. Pero todavía no resolvimos si los obligados a transparentar sus bienes serán sólo los ministros de la Corte o todos los jueces de todos los tribunales.

-¿Usted qué propone?

-Mi propuesta es que todos los jueces del Poder Judicial deben presentar la declaración de bienes. La Justicia debe aplicar la ley de ética pública.

-La gente le reclama a la Justicia mayor eficiencia. ¿Qué piensa al respecto?

-Debemos darle una respuesta. La idea es establecer, por ejemplo, tribunales que estén abiertos las 24 horas para atender casos urgentes, como los de violencia familiar. Hoy sólo atienden todo el día los que están de turno con hábeas corpus. Hay que establecer juzgados con varios turnos para otros asuntos.

-¿Los jueces ya no podrán dar clases en las facultades?

-Sí, podrán hacerlo. Pero no pueden usar todo el tiempo en eso y tener más de una cátedra. Además, los propios jueces deben mejorar su capacitación. Existen diversas escuelas de magistrados, como las que tienen el Consejo, la Asociación de Magistrados, entidades privadas y, además, la Universidad de Buenos Aires acaba de crear una Maestría en Magistratura. Debemos crear incentivos para que los jueces vuelvan a estudiar. Otra de las medidas es obligar a los abogados a pagar la tasa de justicia.

-Se refiere a la que abonan los letrados y los clientes por cada expediente que tramitan.

-Un cálculo hecho por la Dirección de Administración de la Corte, una evaluación elástica, estima que se evaden 100 millones de pesos por año. Muchos expedientes se tramitan y se archivan sin que el juez exija el pago de ese tributo. El Poder Judicial necesita recaudar ese dinero y si los abogados no pagan, los secretarios de los juzgados y los funcionarios de la AFIP deberían hacerse responsables.

-¿Piensan establecer parámetros para medir el rendimiento de los jueces?

-Los ejes del plan de reformas son tres: eficacia, transparencia y acceso a la Justicia. Tenemos varias ideas dando vueltas al respecto. Pero en un momento en que la sociedad reclama eficiencia, nosotros queremos dar una respuesta.

Por lo pronto, la Corte firmó el jueves último una resolución que establece que no sólo se publicarán en Internet todos los fallos de la Corte, sino también la indicación de cuáles son las sentencias que la Corte le revoca por arbitrariedad, con una indicación de qué tribunal emanó cada sentencia. Si de allí surge que hay jueces o tribunales cuyas sentencias son continuamente revocadas por la Corte por arbitrariedad, habrá que encarar las investigaciones respectivas.

-¿Establecerá la Corte un mecanismo de audiencias públicas, como existe en el máximo tribunal norteamericano?

-No vamos a establecer audiencias para todos los casos, porque son miles, pero sí para los de mayor trascendencia institucional, como por ejemplo es el caso planteado por el conflicto de San Luis. Será la Corte la que decida en qué caso se convocará a una audiencia. La Corte debe ser más transparente. En cambio, el único órgano que puede establecer la obligatoriedad de las audiencias al estilo norteamericano, para todos los casos, es el Congreso nacional, porque es el único órgano que tiene competencia para modificar el Código Procesal. Por cierto, también necesitamos la cooperación del Congreso para incorporar otras reformas.

-Está pensando seguramente en reducir la competencia de la Corte, para evitar que el tribunal quede inundado de causas judiciales.

-Efectivamente. Le doy un ejemplo de lo que ocurre actualmente: entre comienzos de 2003 y el viernes último, ingresaron en la Corte 24.400 expedientes previsionales, por reclamos jubilatorios, que llegan por vía de recursos ordinarios. Esas causas no deberían llegar a estudio de la Corte y su resolución debería agotarse, en principio, en las instancias inferiores. También pensamos en crear un centro de orientación para los ciudadanos, para que la gente sepa cómo usar el sistema judicial y defender sus derechos.

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(*) La Nación, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2004.