España había presentado un recurso para solicitar que vuelva a tener vigencia la ley española de 1995 que concede al Gobierno una "acción de oro" sobre las empresas privatizadas Repsol, Endesa, Telefónica, Argentaria y Tabacalera.
Según el abogado, las posibles restricciones a la libre circulación de capitales que establece el régimen español "están justificadas y son proporcionadas al objetivo perseguido"
España podrá entonces, si lo decide el Tribunal de la UE,
manifestarse "A favor de que los estados miembros conserven la posibilidad de organizar los regímenes de propiedad de las empresas en la medida en que no sean discriminatorios para los nacionales de otros estados miembros".
España fue llevada ante el Tribunal europeo por considerar que la ley española de 1995 que da al Gobierno derechos especiales mediante una "acción de oro" es incompatible con el principio de libre circulación de capitales recogido en el Tratado de la UE.
Hay antecedentes de no haber aprobado la acción de oro para Francia y Portugal. Sin embargo sí lo hizo para Bélgica, país que cuenta con una legislación similar a la de España.
Holanda, Dinamarca e Italia recibieron sendos expedientes por sus legislaciones sobre el tema de la acción de oro.
En los casos de Holanda e Italia, las denuncias surgen con temas relacionados a empresas privatizadas en el rubro de las telecomunicaciones, en el que han ocurrido muchas cosas en la década del noventa. Respecto de Dinamarca, el problema tiene que ver con las inversiones extranjeras en los aeropuertos, que la UE busca restringir.
El tema de la integración de las empresas a la Unión Europea ha sido y seguirá siendo complejo.
Como ejemplo, basta citar el de la ley "Volkswagen", una cláusula de los estatutos del consorcio de Wolfsburg que data de 1960 y que tiene por objeto protegerse ante una eventual salida a la bolsa hostil.
El canciller alemán, Gerhard Schroeder, ha defendido en diferentes ocasiones esta ley que impide a cualquier accionista del grupo alemán superar el 20 por ciento de los derechos de voto, independientemente de cuál sea su participación en el capital de la empresa.
Estado de Baja Sajonia, que es el principal accionista de Volkswagen con un 18,5 por ciento del capital, tiene el derecho de veto sobre cualquier decisión estratégica, con lo que la empresa está protegida ante una posible IPO hostil.
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