El proyecto de remoción de símbolos e imágenes religiosas instaladas en espacios públicos y edificios pertenecientes al Estado Nacional tiene como objeto el efectivo cumplimiento de los principios de libertad religiosa o de conciencia que hacen a la laicidad del Estado.
IGLESIA/ESTADO
La Virgen en edificios públicos: "No universalizar símbolos, apoyar la diversidad"
Diputados de la alianza Cambiemos (los radicales Karina Banfi, Brenda Austin, Facundo Suárez Lastra y Alejandro Echegaray, y el macrista Fernando Iglesias) presentaron un proyecto de ley para quitar símbolos religiosos de edificios del Estado Nacional. Por ejemplo, sería el caso de la Virgen de Luján del Salón de Pasos Perdidos, en la Cámara baja. En verdad, es una tendencia que avanza aún en provincias conservadoras. Por ejemplo, los obispos Marcelo Daniel Colombo, Dante Gustavo Braida y Marcelo Fabián Mazzitelli, en nombre del Arzobispado de Mendoza, cuestionaron a los estudiantes universitarios que retiraron la imagen de la Virgen María, luego de acordarlo en una asamblea. Según Banfi, en cualquier edificio público el ciudadano se encuentra con predominancia de una religión sobre otra, y mantener estas imágenes presupone preferencia, "incluso una relación no favorable entre la ciudadanía y el Estado, además de no estar cumpliendo con la Constitución”. Según ella, las estatuas debrían moverse a algún espacio que funcione específicamente como lugar de recogimiento, de manera tal que el Estado “abrace a todos por igual”. Facundo Suárez Lastra, otro coautor del proyecto, escribió lo siguiente:
Un Estado respetuoso de la diversidad cultural que caracteriza a una población como la nuestra debe asegurar igual trato a los diferentes cultos que sus habitantes profesan y es esta diversidad la que nuestro proyecto pretende enaltecer.
Numerosos tratados internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país nos obligan a asegurar la separación entre los poderes públicos del Estado Nacional y los preceptos difundidos por cualquier religión.
Por tal motivo, manteniendo el sostén económico que la Constitución Nacional prevé para el culto católico apostólico romano, debemos asegurar que quienes profesan otras religiones se vean igualmente representados en cualquier ámbito público nacional.
El debate por el tema del aborto nos ha puesto frente a la necesidad innegable de evitar que se pretendan imponer en las decisiones políticas como normas obligatorias al conjunto de la sociedad, los preceptos religiosos y las creencias que deben, en todo caso, guiar las acciones personales.
Tal como ocurrió con la educación pública, con el registro de las personas y con el matrimonio civil, muchas veces se ha confundido lo civil con lo religioso, imponiendo al conjunto las reglas de una parcialidad.
En todos los casos la secularización de estas actividades implicó una ampliación de derechos y una profundización del pluralismo y la democracia.
Una verdadera separación de Estado y religión, bajo cualquiera de sus expresiones, requiere actos simbólicos que modifiquen la percepción de quienes exigen un Estado más presente en diferentes ámbitos de la vida, en la educación, la salud o el acceso a la justicia, entre otros.
Sólo un Estado laico, podrá estar verdaderamente presente para el conjunto de la sociedad que lo conforma.
Por tal motivo, debemos cuidar de no universalizar ciertos símbolos que pueden excluir a minorías o negar la diversidad que nos caracteriza.
No podemos, en este momento de la sociedad argentina, seguir creyendo que la exhibición de símbolos sea inocua. Así como tampoco podemos negar que, una vez más, 100 años después, se ha revitalizado la necesidad de mantener una discusión seria sobre el rol de la religión en un Estado democrático como el que intentamos construir.
Con esta propuesta, deseamos abrir este debate, con fe en el poder transformador de lo simbólico.
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