Después de la tormenta, ¿viene la calma?

Esa fortaleza del sufragio provocó en el Gobierno un gran optimismo pero lo distrajo de advertir la tormenta perfecta que se estaba gestando, en base a

> la suma de aumentos tarifarios postergados aún pese a ese 400%,

> una suba del precio internacional del petróleo -cuyo valor se duplicó y en dólares, llegando a su valor más alto desde 2014 y con proyección a seguir subiendo- cuando se acababa de desregular el precio local,

> una tasa de interés del T-Bond estadounidense, a más del 3%, superando el doble que cuando se diseñó el proyecto económico.

Este nuevo contexto internacional y una importante sequía en el campo argentino, llevó al gobierno a intentar cubrirse de eventuales interrupciones de financiamiento externo.

Entonces, la Administración Macri se acecó al FMI solicitando "recomendaciones", que el Presidente de la Nación deslizó como las necesarias reformas pendientes.

Entre ellas, la modificación del índice de ajuste de los jubilados y limitar los ajustes salariales por inflación. Tan sólo le faltaba la flexibilización laboral, ajustar el tipo de cambio retrasado para mejorar el balance de cuenta corriente, y bajar el déficit fiscal.

Pero en el camino, la llegada de las nuevas tarifas de electricidad, sumado al aumento de los combustibles, empezó a potenciar la inflación.

A contramano de lo que los mercados esperaban, el Día de los Inocentes 2017, el Gobierno decidió bajar la tasa de interés, generando tal incertidumbre, que hoy se podría identificar como el comienzo de la crisis cambiaria que aún perdura y cuyas turbulencias se prolongan en cada vencimiento de Lebacs, tal vez de forma irregular y no pareja, y que requiere el explícito apoyo del FMI que, históricamente, no garantiza una estabilidad permanente. Importante considerar: este acercamiento no será gratis.

El FMI exigirá una rebaja del déficit fiscal del 2,2% proyectado para el 2019 a menos del 1%, más otros ajustes acerca de los cuales el gobierno no tuvo suficiente decisión política para instrumentar, tal como ocurrió después de su triunfo electoral en 2017.

En especial cuando el mayor ajuste deberá recaer en las provincias porque han aumentado mucho sus gastos y dependen electoralmente de las obras publicas.

A contrapelo de las necesidades del Ejecutivo Nacional, los errores cometidos y la caída de su imagen y la del Presidente, potenció la unión de la oposición, alentando a sus legisladores, y algunos oficialistas, a poner en discusión el aumento de las tarifas de servicios públicos. Ellos sabían que contarían con un apoyo importante de la sociedad ya que a la mitad de los ciudadanos le golpea en forma directa el incremento aún cuando en el interior ya tenían tarifas más elevadas que en el Área Metroplitana Buenos Aires. Pero Dios, que está en todas partes, vive en Buenos Aires, dice el refrán popular.

De todos modos, mayores costos que bajarán del AMBA al interior provocarán más inflación en las provincias, aunque no resulte un cambio en el cuadro tarifario de esos territorios y municipios. Corolario: en forma directa o indirecta, el impacto es para todos los ciudadanos.

Este panorama llevó al Gobierno a tomar algunas decisiones políticas domésticas tales como ampliar la mal llamada 'mesa chica' con miembros de la alianza Cambiemos para evitar algunas deserciones de personajes que comienzan a levantar su perfil y que podrían potencialmente formar una oposición dentro de Cambiemos.

A la vez, el Ejecutivo respalda al equipo económico que negocia con el FMI, aún cuando algunos de los funcionarios tengan fecha de vencimiento por decisión propia. Es más: quizás al final de toda esta historia, el Presidente tenga que hacer algunos movimientos en puestos intermedios, en especial en bancos oficiales donde irán acomodando a futuros funcionarios, hasta que se vayan adaptando al equipo.

Acerca de la 'mesa chica' hay que aclarar que la verdadera instancia máxima del Presidente es con sus amigos históricos -de Nicolás Caputo a José Torello-, y Marcos Peña no se sienta a ella tal como tampoco se sentaba Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad.

Si uno analiza la estrategia del Gobierno, veremos que en lo electoral ha tratado, con éxito, dividir la oposición, y respaldarse en organismos internacionales como el G20, OCDE y el FMI para las políticas que precisa ejecutar para incorporarse al mundo -el eje de su relato-.

En el corto plazo, lo urgente es mantener el tipo de cambio con un piso entre $24 y $25, y tratar de evitar el veto presidencial al proyecto opositor de retrotraer tarifas de servicios públicos, mientras convoca a un acuerdo nacional que encontró como primer obstáculo a la Iglesia Católica, según se aprecia en los comunicados tanto del Vaticano y como de la Comisión de Pastoral Social, que tanto peso tienen en la CGT y los movimientos sociales.

Las tarifas son un problema de fondo, no su aumento en forma aislada sino el conjunto de aumentos -agua, impuesto inmobiliario, combustibles, récord de tasas municipales, y otros tributos-.

Si tomamos como ejemplo Ciudad de Buenos Aires, los 2,5 millones de porteños registrados pagan solamente entre tasas e impuestos locales, $100.000 anuales. Si a esto le sumamos los impuestos nacionales tales como IVA, daría mas de $12.000 mensuales. ¿Cómo financia este presupuesto un ciudadano cualquiera? La disyuntiva es o tarifas sin subsidos con baja de impuestos, o impuestos record con subsidio tarifario? Pero ambas a la vez no es posible desde la equidad y desde lo social.

En esta columna se ha insistido en esto y se lamenta que la Administración Macri haya insistido en ignorar semejante realidad.

Como aporte, ya sugerimos que el consumo residencial de la energía -que no llega al 30% del total- requeriría un aumento mas progresivo, acompañándolo con una baja de impuestos a igual velocidad. De esa manera el gobierno obtendría un 70% de su objetivo final... y una cierta contención necesaria para gobernar con paz social.

Pero la pregunta es: ¿Qué deja la tormenta?

Que el FMI exigirá bajar el déficit fiscal a la mitad de lo proyectado en el Presupuesto 2019 y esta definición tiene 2 rubros:

> la rebaja del gasto social, o
> la rebaja del gasto de la obra pública.

Por eso, el Presidente pretende incorporar a los gobernadores, y que compartan con él las consecuencias políticas de las decisiones próximas. Precisamente la nueva 'mesa chica' apunta a conseguir la muy difícil, extremadamente difícil colaboración de gobernadores y legisladores opositores y oficialistas para reducir la obra pública, ajustar salarios públicos y jubilaciones y pensiones.

Hasta antes de la irrupción del FMI en escena, la Administración no tuvo el capital político necesario para hacer en forma gradual y progresiva lo que ahora se ve empujado a concretar en forma drástica, quizás hasta brutal.

Ahora se verá si la llegada del FMI fortalece o debilita al Gobierno frente al ajuste. Sólo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, el comandante del vuelo nos alertó que habría que ajustarse los cinturones pero esparció la duda si es para recortar gastos o por las turbulencias por venir. ¿Después de la tormenta viene la calma?