"¿Te parece un tema importante?", me respondió un amigo cuando le consulté sobre la conveniencia de distraer el tiempo de los lectores al pretender que lean esta columna.
CAMBIEMOS EN SERIO
Dirección Nacional de la Bicicleta: ¡¿?!
Diría que depende. Seguro que en momentos en los que las grandes y no tan grandes potencias mundiales se muestran los dientes, arsenal nuclear mediante, podría invertir mi tiempo y el suyo, amigo, en cosas más trascendentes.
Mientras la Tierra continua girando al margen de la realidad nacional, la Nación Argentina tiene una nueva funcionaria nacional: la Directora de Movilidad en Bicicleta, María Belén Cardasz.
Al margen de los datos personales de la funcionaria que estrena el cargo, vale la pena decir que quienes lo ocupen, ostentarán un cargo de nivel B grado 0 del escalafón nacional, eso en plata a valores de hoy equivale a una suma de $ 50.000, considerando sueldo básico y suplementos por título y cargo.
La funcionaria dependerá del Director Nacional de Transporte No Motorizado (que también tiene a su cargo monopatines, triciclos de reparto y skates), quien a su vez depende de la Subsecretaría de Movilidad Urbana.
Seguramente las funciones de la nueva Directora contribuirán a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, tal como se supone que es la finalidad de todos y cada uno de aquellos que perciben un sueldo del Estado al ejercer un cargo público.
Seguramente también, como funcionario de semejante nivel, deberá contar para el ejercicio de su función, con una estructura administrativa, asistentes, asesores, un jefe de gabinete para los mismos, secretaría, tal vez chofer y seguramente algunos jefes de departamento para cada una de las distintas formas de bicicleta hasta ahora conocidas.
¿Quiere que le aporte algún dato más? ¿Quiere que le diga lo que me parece la designación? No lo espere. No hace falta.
Avancemos un poco, vayamos más allá, reflexionemos sobre cómo se maneja la cosa pública, cómo se invierten o dilapidan los recursos de un Estado siempre de bolsillos flacos respecto de las necesidades -unas reales y otras generadas-, y sobre todo acerca de cómo decisiones administrativas de menor cuantía, pueden llegar a parecer cuanto menos inoportunas según el tiempo y la forma en que se difundan.
Aunque no lo veamos a simple vista, detrás de cada acto administrativo del Estado, desde la promulgación de un decreto o ley, hasta una simple autorización de estacionamiento o permiso para ingresar al microcentro, hay una estructura burocrática responsable de que el mencionado acto se lleve a cabo. Con más o menos escalones intermedios, cada empleado público que trata con un ciudadano termina dependiendo de algún Secretario de Estado o Ministro provincial o nacional. Lo que es lógico y necesario, claro está.
Por experiencia personal, aseguro, que detrás de esos novedosos aparatitos llamados “Drones”, existen en este momento en la estructura de la Administración pública un montón de personas ocupadas en autorizar su vuelo, examinar a quienes los piloteamos y ejercer el control general de esta nueva y cada vez mayor actividad deportiva y comercial.
Aclaremos que, en su mayoría, son empleados y funcionarios del sector de la aeronáutica civil que agregaron un nuevo ítem a sus funciones y no es menor destacar que es el usuario quien, con los aranceles que abona por cada trámite, sostiene (al menos en teoría) lo que el Estado gasta en darle un viso de legalidad y control a la actividad.
Obviamente, la bicicleta no es algo novedoso. Tampoco lo es la forma en que, desde hace algún tiempo, se acelera la tendencia a engrosar las estructuras del Estado en una forma grosera y sólo entendible si se piensa en la necesidad de la política de conchabar a como dé lugar a la propia tropa o a una interesante forma de terminar diluyendo la responsabilidad indelegable de la Administración en las 5 áreas básicas a las que siempre le hago referencia (Salud, Educación, Seguridad, Defensa y Justicia).
Este país se hizo grande hace casi un siglo con muchos menos funcionarios y apenas 8 ministerios. Es verdad que, a medida que el mundo avanza, hay nuevas áreas de acción de las que la mano del Estado no puede estar ausente.
No había Comité Federal de Radiodifusión ni Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual ni Ente Nacional de Comunicaciones antes del nacimiento de la televisión, ni había Fuerza Aérea antes de que tuviéramos aviones de combate. No es menos cierto que cuando tuvimos fuerzas armadas poderosas a nivel regional, teníamos un Ministerio de Defensa de 200 personas pero ahora, que no tenemos ni municiones, hay miles de civiles para administrar la nada misma.
La idea de atender a cada problema con una colosal estructura administrativa 'ad hoc' es tendencia nacional. Ahora hay un Ministerio de Ciencia y Tecnología cuyos desvelos pasan por controlar los humores de un grupo de científicos quienes, antes de la creación de ese ministerio, investigaban igual de bien o mal que lo hacen ahora.
Tenemos un Ministerio de Medio Ambiente pero el estudio del clima depende del Ministerio de Defensa. Tenemos un Ministerio de Hacienda y otro de Finanzas, uno que se ocupa del Trabajo y la Seguridad Social pero otro que incursiona en el Desarrollo Social, uno de la Producción pero otro que se encarga de la innovación productiva, también la agroindustria tiene una cartera, seguramente para darle un trato distinto a las otras industrias, y así podemos seguir divagando hasta que nos cansemos.
Siempre termino llevándolo al mundo de los barcos, pero tal como están las cosas hoy en el país, para que un barco flote y, finalmente, se mueva, intervienen en forma obligatoria no menos de 7 ministerios, y unas 30 secretarías de Estado. Sospecho que esto no va muy de la mano con el pretendido aumento de la competitividad, y no entiendo bien qué tiene que ver con la Modernización del Estado.
Así las cosas, y sin menospreciar la importancia superlativa de Bicicletas y otras naves propulsadas a pedal, la absoluta transparencia con la que las autoridades han dado a conocer esta designación, nos pueden dar un indicio que lo hacen con la más absoluta buena fe. Sin embargo, tal vez, con un pobre sentido del costo político y la oportunidad. De todos modos, uno siempre debe tender a pensar que la sana reflexión de quienes vemos el tema desde afuera puede –llegado el caso- instar a la por estos días tan usual “reconsideración” de los actos de gobierno. Una vez más, una oportuna marcha atrás no estaría nada mal.











