UNA HISTORIA DE PARAMILITARES

Los Urabeños, la banda criminal más grande de Colombia

La Corte Penal Internacional, el tribunal que se encarga de perseguir y juzgar a los criminales de guerra y responsables de graves violaciones a los derechos humanos, acaba de lanzar una alerta inédita sobre el poder de ‘los Urabeños’, la banda criminal más grande de Colombia. En su reporte del 2013, que fue difundido por el diario El Tiempo, de Bogotá, la Fiscalía de la CPI confirma que la violencia de los grupos ilegales surgidos tras la desmovilización ‘paramilitar’ de hace una década es uno de los frentes sobre los que está haciendo monitoreo en Colombia. Y luego lanza una grave advertencia sobre las proyecciones criminales de la banda encabezada por Dayro Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’ porque dice que “hay bases razonables para afirmar que está lo suficientemente organizada como para llegar a ser parte en un conflicto armado de carácter no internacional”, lo que de inmediato la pondría en el radio de acción de la Corte Penal Internacional.

Desde su creación, entre el 2007 y el 2008, la banda de ‘los Urabeños’ ha pretendido clonar la estrategia que usaron varios narcos para beneficiarse de las penas alternativas de Justicia y Paz: ‘venderse’ como un grupo armado ilegal con fines políticos.
 
El primero que lo intentó fue Daniel Rendón Herera, ‘don Mario’, el máximo jefe de la banda que fue capturado en el 2009 y que está a punto de ser extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. Él se inventó el nombre de ‘Autodefensas Gaitanistas’ que sigue siendo usado por ‘los Urabeños’. 
 
“Los gaitanistas de Colombia queremos la paz, que se nos respeten nuestras propiedades y las de nuestras familias en Urabá y en Colombia; hemos sufrido mucho por la corrupción de los gobernantes”. Frases como esta hacen parte de los panfletos que la banda criminal sigue repartiendo en Urabá, donde concentra su poderío criminal.
 
Fuentes de la Policía colombaiana señalan que desde noviembre de 2013 se han intensificado una estrategia de 'los Urabeños' para mostrarse como una organización armada que surgió como autodefensa. En esos mismos escritos hablan también de una supuesta decisión de entregarse ante la justicia.
 
En Urabá y Córdoba ‘los Urabeños’ se están atravesando en la ruta de la restitución de tierras. Muchas de las víctimas que han reclamado sus derechos han tenido que pedirles primero permiso a los jefes de la banda.
 
De hecho, varias autoridades señalan que detrás de ese grupo hay poderosos financiadores que se beneficiaron del despojo realizado por los paramilitares hasta su desmovilización.
 
Tras el colapso de los ‘Rastrojos’ por la entrega de sus máximos jefes, los ‘Comba’, el grupo de Urabá copó sus corredores del narcotráfico en Nariño, el Valle y el Eje Cafetero. La banda creció, según reportes de la Policía, en 600 hombres el año pasado. Tenía unos 2.000 en el 2012.
 
El narcotráfico, como pasa con todas las bandas, es el gran motor de este grupo. La Policía calcula que, cada mes, ‘los Urabeños’ mueven al menos 5 toneladas de cocaína, la mayor parte para los carteles mexicanos. Además cobran ‘vacunas’ a otros narcos.
 
Corte Penal Internacional
 
“Sus miembros –dice el informe de la CPI al referir a 'los Urabeños'– están bien disciplinados (...) La banda tiene estructura jerárquica, control efectivo sobre sus integrantes y sobre territorios, capacidad para reclutar y conseguir armamento, además de un importante número de efectivos”. Agrega que la “intensidad de la violencia entre ‘los Urabeños’ y las partes del conflicto colombiano (Estado, Farc y Eln) “no es lo suficientemente intensa” como para considerarlos en este momento actores del conflicto, pero que la Corte “continuará monitoreando y recabando información sobre el grado de organización de los nuevos grupos ilegales y la intensidad de su violencia”, y que podría “revisar sus conclusiones a la luz de nuevos hechos o nueva evidencia”.
 
El mismo documento, que fue elaborado al cierre del año pasado, descarta de plano que otras bandas como ‘los Rastrojos’ o ‘las Águilas Negras’ posean la organización y capacidad de daño que sí tiene la banda de los Úsuga.
 
Las consideraciones de la Corte Penal, según fuentes consultadas por este diario, no inciden en el tratamiento que el Estado colombiano les da a las bandas, pero sí representan para sus máximos responsables el riesgo de que la justicia internacional también empiece a rondarlos por sus crímenes contra la población. En este momento, esos grupos son responsables de casi la mitad de casos de desplazamiento forzado en Colombia, y más de 24.000 personas afectadas por su violencia han sido reconocidas en los últimos dos años como víctimas
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Las bandas criminales son consideradas por el Estado colombiano como grupos netamente delincuenciales, dedicados de lleno al narcotráfico.
 
‘Los Urabeños’ encajan totalmente en esa categoría, y tras varios años de violencia han logrado convertirse en la banda predominante, con presencia en al menos once departamentos, según reportes de inteligencia.
 
Sus cabezas identificadas y buena parte de sus mandos son ‘exparas’ que trabajaron con la familia Castaño y con los hermanos Freddy y Daniel Rendón Herrera (el ‘Alemán’ y ‘don Mario), y varios de sus jefes son considerados como los principales enemigos de la restitución de tierras a las víctimas del conflicto.
 
En la cárcel El Buen Pastor de Bogotá permanece detenida la fiscal Tatiana Olivero Gutiérrez, quien desde finales del 2012 responde por sus presuntos nexos con ‘los Urabeños’.
El caso de la fiscal es, para las autoridades, uno de los ejemplos del poder corruptor que tiene la banda criminal. Pero no es el único. Aún se desconoce cuánto pudieron pagar para conseguir una orden de libertad falsa para Nini Johana Úsuga David, la hermana de máximo jefe de ‘los Urabeños’, y otros tres miembros de esa banda.
 
La orden de libertad era falsa, pero fue avalada por una jueza de Medellín y por funcionarios del Inpec que están siendo investigados y que argumentan que fueron engañados.
La Fiscalía también investiga a uniformados, tanto de la Policía como del Ejército, por presuntos nexos con los Úsuga. Los expedientes se han abierto tras el hallazgo de bases de datos del grupo en los que se relacionan pagos a la Fuerza Pública en varias zonas del país. Otro frente en las investigaciones contra la banda es el de empresarios y ganaderos que los estarían financiando.
 
Editorial
 
 
Desconcertante, por decir lo menos, la cascada de decisiones judiciales que en las últimas semanas han favorecido a cabezas de la banda criminal de ‘los Urabeños’.
 
A polémicas órdenes de jueces como la que concedía casa por cárcel a ‘Martín Bala’ –violento jefe de ese grupo en el Valle y quien ya había aprovechado antes el beneficio de detención domiciliaria para fugarse– les han seguido otras que dan para pensar que se trata no de situaciones aisladas, sino de una estrategia bien orquestada para abrirles las puertas de la prisión a capos de la banda del narcotráfico más poderosa del país.
 
La indignación nacional llevó a que el juez reconsiderara el beneficio para ‘Martín Bala’, pero casi al mismo tiempo se cocinaba un plan que logró, afortunadamente por poco tiempo, sacar de la cárcel de El Pedregal a Nini Johanna Úsuga, hermana del máximo jefe de ‘los Urabeños’, y que supuestamente incluyó suplantaciones y complicidades de autoridades oficiales en un municipio de Córdoba.
 
La última cuenta en este rosario de decisiones de escándalo fue la orden de libertad que un juez de la Costa le concedió a Melquisedec Ciro Henao, alias ‘Belisario’, un peligroso exparamilitar al que el propio presidente Santos señaló como uno de los principales enemigos de la restitución de tierras.
 
Gracias a la oportuna reacción del Inpec se frenó, por ahora, la salida de ‘Belisario’, por cuya captura se ofrecía una recompensa de 200 millones de pesos (N. de la R.: US$100.000) y quien es sindicado como el gran capo de la extorsión en Santa Marta, la capital más golpeada por la violencia de ‘los Urabeños’.
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La independencia de los jueces, como se ha escrito ya en estas páginas, es valor fundamental en cualquier democracia moderna. Lo es también la transparencia en las decisiones de los operadores judiciales, que en estos casos simplemente no se ve. El país sigue esperando una respuesta de las altas cortes, especialmente del cuestionado Consejo Superior de la Judicatura, frente a situaciones como estas, que desafortunadamente terminan opacando el esfuerzo que día a día realizan miles de jueces y fiscales por tener un país más justo y seguro.
 
La capacidad de corrupción e intimidación de estos grupos es suficientemente conocida. Esta organización, en particular, es motivo de alarma entre las autoridades, por la magnitud que ha alcanzado en los últimos meses su emporio criminal.
 
Y es que esta banda muestra rasgos que no se ven en otros grupos de maleantes, cobijados bajo la denominación de ‘bacrim’. Informes de las autoridades dan testimonio de cómo han logrado hacer presencia en diferentes puntos de la geografía nacional que son epicentro de economías ilegales, desde Buenaventura hasta La Guajira. Así mismo, preocupa su estrategia –al parecer muy efectiva– de reclutamiento, tanto como el arsenal que han ido acumulando. No menos alarmante, y razón de más para no menospreciar la amenaza que encarnan, es su habilidad para tejer complejas redes que les han asegurado niveles importantes de control territorial en ciertos lugares. Sus contactos y aliados comienzan en la economía informal y siguen de ahí para arriba, hasta llegar a la clase política.
 
Es urgente, pues, tomar correctivos frente a los casos mencionados a nivel de la Rama Judicial, pero el gran desafío es frenar cuanto antes la expansión criminal de esta organización. Es de tal magnitud la amenaza que, como lo muestra el informe publicado hoy por este diario, preocupa incluso a la Corte Penal Internacional.

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