CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Marcelo Mindlin, otrora "empresario K", fue imputado este jueves por el fiscal Patricio Evers, quien investiga al dueño de Edenor por el presunto delito de "lavado de dinero".
UN AMIGO DE NÉSTOR, NO DE CRISTINA
A Mindlin le apagaron la luz...
El otrora empresario K y dueño de Edenor fue imputado este jueves por el fiscal Patricio Evers, quien lo investiga por presuntas operaciones de lavado de dinero denunciadas por la PROCELAC, la fiscalía que no hizo lo propio con Lázaro Báez. La denuncia contra Mindlin, además, hizo caer un acuerdo entre su holding, Pampa Energía, e YPF. Se cree que fue por una interna dentro del Gobierno.
La imputación del fiscal responde a una denuncia que se conoció semana atrás y que corrió por cuenta de la PROCELAC, la unidad antilavado que conduce Carlos Gonella, quien pasó a la fama por no haber imputado al empresario Lázaro Báez cuando se destapó la denominada "ruta del dinero K".
La denuncia contra Mindlin, además, hizo caer un acuerdo entre su holding, Pampa Energía, e YPF. Tal como señaló Urgente24, el fallido acuerdo energético habría sido producto de la feroz interna que mantienen el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, ('tío' de Gonella) y el ministro de Planificación, Julio De Vido.
La causa que se abrió a partir de la denuncia tiene el número 9070/2013 y recayó en el Juzgado Criminal y Correccional 4, a cargo de Ariel Lijo.
Los acusados son Joseph Lewis (millonario norteamericano, dueño de grandes estancias en el sur), Sergio Grosskopf (uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios del país, ex dueño de Alto Palermo, entre otras propiedades), Marcelo y Damián Mindlin (Grupo Dolphin, Pampa Energía, Edenor) y Pablo Peralta y Roberto Dominguez (propietarios del BST), entre otros.
En 2011 Mindlin acordó vender su participación del BST nuevamente a Peralta y Dominguez. La compra fue por $ 150 millones; la venta, por $ 50 millones. Pero la desinversión aún no fue autorizada por el Banco Central. Fuentes cercanas a la operación creen que la venta es la que pudo haber disparado la denuncia de la Procelac.
En su denuncia la Procelac describió un entramado de sociedades abiertas en paraísos fiscales que participaron de la compra del BST con la intención de ingresar dinero negro al mercado legal. El expediente de la Procelac fue abierto en base a varios reportes de operaciones sospechosas (ROS) realizados por la Banco Central de la República Argentina (BCRA).
En la denuncia relatada por Evers se señala la particularidad de que "la mayoría de las sociedades utilizadas al efecto fueron constituidas días o semanas antes de las fechas en que fueron empleadas para adquirir parte del paquete accionario del "Grupo ST", la mayoría contaba con un capital social insignificante y muchas de ellas eran sociedades off shore constituidas en paraísos fiscales".
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