NOVEDADES EN CABALLITO

Paliza de ONGs a IRSA/Astor

SOS Caballito, con el patrocinio de los abogados Hernán Petrelli y Paula Vassallo; y Basta de Demoler, con el patrocinio de Jonatan Baldiviezo, Sebastián Pilo y Enrique Viale, obtuvieron un fallo contra un proyecto de Astor/IRSA y la complicidad de Mauricio Macri.

 

En su blog, la organización no gubernamental SOS Caballito había anticipado que un grupo de prestigiosos catedráticos, especialistas en temas de la ciudad y ambientalistas habían solicitado, a través de un Amicus Curiae presentado el lunes 03/09 la realización de una evaluación de impacto ambiental en una zona protegida por la Ley 2.722 y completamente colapsada en la que las empresas Astor e IRSA intentaban construir 3 torres de 90, 80 y 70m respectivamente, haciendo un total de más de 57.000 m2 que, sumados a las 2 torres de Felipe Vallese hacen un total de más de 100.000 m2 en 2 manzanas contiguas.
 
Las torres de Astor se hallan en un área protegida desde 2008 justamente por no resistir el impacto de la construcción irracional.
 
SOS Caballito también informó que los jueces denegaron los amparos presentados, solicitando  trámites administrativos ante los entes (Dgroc- Dgfyco- Garcia Falher, Lostri), que autorizaron el expediente ilegal y se negaron a dar curso a dichos trámites arguyendo haberlos "extraviado" en reiteradas ocasiones sin tener los vecinos otra alternativa que la presentación del amparo que se suponía iba a dar fin a semejante atropello. 
 
Sin embargo, horas después, la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa le frenó a las constructoras Irsa y Astor la construcción de las 3 torres de 70, 80 y 90 metros que habían iniciado en Caballito a fines de 2011.
 
La Sala, integrada por los jueces Carlos Balbín, Horacio Corti e Inés Weinberg de Roca, basó su fallo en la irregularidad de la autorización del Gobierno de la Ciudad para edificar en la manzana correspondiente a las calles Rojas, F. Vallese, Colpayo y Méndez de Andes.
 
“A partir de la sanción de la ley N° 2.722 en el año 2008 ––que modificó la zonificación del lugar de la obra–– no pueden construirse edificios de más de 21 metros de altura, es decir, siete pisos, y que la obra cuestionada prevé la construcción de tres edificios torre de 21, 25 y 30 pisos”, señala el fallo.
 
Esa ley fue vetada parcialmente por Macri en 2008 y enviada a la Legislatura nuevamente. El trámite legislativo demoró lo suficiente como para que Macri le otorgara el permiso de obra a Irsa, que arguyó que comenzó con la obra antes de que la ley entrara en vigencia. 
 
La Cámara acusó a Macri de dilatar “mediante el veto la puesta en vigencia de la Ley sancionada por la Legislatura de la Ciudad que impedía dichas construcciones, y valiéndose de dicha dilación para autorizar la construcción de las torres”. 
 
También se refirió al estado de abandono en que la empresa constructora mantuvo las obras durante casi 3 años, a pesar del cambio de normativa urbanística que se había producido a partir de la puesta en vigencia de la Ley Nº 2.722. 
 
“En tanto la obra no presentó ejecución hasta junio de 2011, la Administración debió haberla declarado “paralizada” en los términos del art. 2.1.5.2 del Código de Edificación. Ello hubiera aparejado que para reanudar la obra ésta habría debido adecuarse a la nueva zonificación prevista por le lay 2722. En consecuencia, a su entender, la omisión del GCBA permitió el comienzo de construcción de una obra según normativa derogada”, cuestionó la Cámara.
 
Y recordó que “la Defensoría del Pueblo de la Ciudad (…) señaló que la ley 2359, modificatoria del artículo 2.1.2 del Código de Planeamiento Urbano, prescribe que `… Para obras nuevas o de ampliación de obras existentes, en edificios destinados a vivienda multifamiliar: certificado de factibilidad y disponibilidad de recursos de redes de servicios públicos. Las empresas prestatarias certificarán que la infraestructura instalada es suficiente para satisfacer el incremento de la demanda que generará la obra nueva, sin deterioro de la calidad del servicio … La empresa prestataria de los servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales certificará las especificaciones correspondientes a presión de agua, caudal de agua, continuidad del servicio de abastecimiento de agua potable e inundaciones por desbordes de desagües cloacales establecidos en las normas de servicio´”.
 
Los camaristas advirtieron que “a su vez, aquel organismo destacó que los vecinos denunciaron que en cumplimiento de esa normativa AYSA habría informado que debía realizar la instalación de cañerías sobre las calles Méndez de Andes entre Hidalgo y Espinosa, en un plazo de 33 meses entre noviembre de 2007 y agosto de 2010, y que esas obras no se habrían realizado”.