CÁRCELES & POLÍTICA

El lado más oscuro del proyecto de Cristina

Para el kirchnerismo, el delincuente es un oprimido por la sociedad capitalista. Esto habilita el trabajo político en ese 'nicho'. Sin embargo, muchos se preguntan sobre el límite del relacionamiento y las contrapartidas. Por eso resulta tan intenso el debate que provocó la denuncia de que un músico que mató a su mujer prendiéndola fuego (y que periódicamente ejercía la violencia), Eduardo Vázquez, de Callejeros, gozara de una salida de su lugar de detención para participar de un evento del oficialismo.

 

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Cada día es más evidente que el kirchnerismo cristinista se encuentra dispuesto a no renunciar a su ambición de poder y a apelar a lo que tenga que hacer para mantenerse en el gobierno. Es un dato a tener en cuenta por quienes no integran el kirchnerismo cristinista y suponen, con cierta inocencia infantil, que Cristina Fernández aceptará no reformar la Constitución Nacional para marcharse de regreso a El Calafate, Santa Cruz, permitiendo que la reemplace una persona que opine diferente a ella.
 
Cristina Fernández decidió, en oportunidad de una reunión oficial a la que citó a todos los directivos de clubes de la Asociación del Fútbol Argentina (todos subsidiados por el Estado Nacional y, por lo tanto, una 'hinchada' muy agradecida), dedicarle una considerable porción del tiempo presidencial a desmentir al diario Clarín que había denunciado que el Servicio Penitenciario Federal lleva a pasear a ciertos detenidos que comulgan con las ideas políticas del oficialismo, como parte del ejercicio de reinserción social.
 
Cristina defendió el Sistema Penitenciario Federal, en manos de un curioso personaje vinculado a la agrupación La Cámpora, llamado Víctor Hortel, al que describió como "modelo" en comparación con los sistemas penitenciarios provinciales, entre los que puso como mal ejemplo al bonaerense.
 
Hortel, a través de su agrupación Batayón Militante, que a su vez promueve actividades culturales como las murgas -de hecho, la de Hortel se llama Negros de Mierda-, plantea una nueva relación entre los presos y el Frente para la Victoria, afirmando que la reinserción social es posible a través de la militancia política.
 
En tanto, cada domingo, Horacio Verbitsky, ex integrante de la organización terrorista Montoneros, hoy día presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y columnista del diario paraestatal Página/12, arremete contra el sistema penitenciario bonaerense como parte del intento permanente de forzar al gobernador Daniel Scioli a despedir a su ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal (ex alcalde penitenciario), para que el kirchnerismo cristinista ubique al reemplazante.
 
En provincia de Buenos Aires, los conceptos desestabilizadores de Scioli/Casal que expresa Verbitsky, son reivindicados con entusiasmo por Juan Gabriel Mariotto, vicegobernador, ex menemista, ex duhaldista hoy cristinista y, básicamente, un candidato a Victorio Calabró -aquel vicegobernador que desplazó al gobernador en días de Juan Perón/María Estela Martínez de Perón-. Mariotto es un asistente a las actividades de Batayón Militante.
 
Nunca antes la Presidente de la Nación había corroborado que las opiniones de Verbitsky/Mariotto sobre el tema penitenciario/seguridad coincidían con las del Ejecutivo Nacional, y al menos por facilitar ese ejercicio de transparencia, fue muy positivo lo publicado por el diario Clarín el domingo 29/07.
 
Cristina dixit
 
En la Casa Rosada, la Presidente de la Nación insistió en explicar el mundo ideal que ella pretende para su Administración y la de su difunto marido, e insistió en su objetivo de que las personas privadas de su libertad por haber transgredido la ley, puedan ser reinsertadas socialmente "para evitar la reincidencia". En ese contexto ella sostuvo que las salidas de reclusos se produjeron por "autorizaciones judiciales".
 
"De los que tienen título universitario, salvo el caso de (Sergio) Schoklender no hay ninguno que haya reincidido", señaló la mandataria (una chicana a quien fue, hasta hace poco, un socio del Frente para la Victoria, hasta que la relación acabó con escándalo), y ella agregó que la información publicada "es una mentira absoluta", ya que las salidas fueron "de socialización", para participar de actividades "culturales, no políticas"; subrayó que "de los 60.000 presos del país sólo 9.700 corresponden al Sistema Penitenciario Federal, el que es realmente un modelo" y que "con 35 establecimientos es el único que no tiene superpoblación".
 
Cristina Fernández reiteró su enojo con la "una cadena nacional del miedo, del desánimo y del encubrimiento" (refiriéndose así a los medios independientes que no viven de la financiación del Estado y que, entonces, le son críticos), pero ella no profundizó en que el preso mencionado por Clarín no es un condenado cualquiera sino uno muy especial: el ex baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez, asesino de su mujer, Wanda Tadei, a quien roció con alcohol y le prendió fuego.
 
Y la Presidente de la Nación no profundizó en ese caso porque desnuda las contradicciones del Frente para la Victoria: condena la violencia contra la mujer pero en el caso de un presidiario que decide comulgar con el oficialismo, Hortel considera que corresponde olvidar lo de la violencia contra la mujer y de buena gana lo incorpora a las huestes paragubernamentales.
 
Para no tener que hablar de Eduardo Vázquez, la Presidente de la Nación habló de la fuga de Marcelo Segovia, quien había sido condenado a 29 años de prisión, el 13/07, por el asesinato del comerciante Emiliano Martinó, en una entradera en Ramos Mejía, en 2010.
 
Ella se quejó porque "no vi ninguna figura política" explicando la falla en el servicio penitenciario provincial que habría facilitado la fuga.
 
El enojo
 
La reacción gubernamental es razonable: quedó en evidencia una de sus estrategias más oscuras de captación de militantes multipropósito.
 
De pronto, la sociedad contempló una situación que no comparte, en el marco de la condena de la inseguridad.
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Pero también quedó en evidencia la profunda incomprensión que tiene el kirchnerismo cristinista del fenómeno de la violencia urbana: para el Frente para la Victoria, los delincuentes son oprimidos a los que hay que reinsertar socialmente. Para la mayoría de los ciudadanos, en especial para las víctimas, son personas que han elegido transgredir la ley desafiando las consecuencias.
 
Es evidente que nunca habrá una coincidencia entre muchos de los ciudadanos y el kirchnerismo cristinista en temas como la inflación (que Cristina insiste en ignorar) y la inseguridad (que Cristina intenta reinterpretar segun su conveniencia).
 
Pero, además, la denuncia de las salidas de Eduardo Vázquez arremete contra la ofensiva que por estos días habían iniciado cristinistas no peronistas para intentar imponer, apelando al caso de torturas a detenidos en Salta, la aprobación en el Senado de la Nación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificado por la Argentina en 2004 y que precisa de su ratificación parlamentaria. 
 
El proyecto, elaborado por el CELS (de Verbitsky) y otras organizaciones similares (Comisión Provincial por la Memoria, Casa del Liberado de Córdoba, Coordinadora de Trabajo Carcelario de Rosario, Asociación por los Derechos Civiles, Asociación Xumec de Mendoza, Fundación Sur Argentina, Asociación Pensamiento Penal, Fundación La Linterna, Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, etc.), prevé el establecimiento de un Sistema Nacional de Prevención, en base a un sistema que les permitiría un despliegue por todo el sistema de seguridad y penitenciario del país. 
 
Canal 7, en su informativo vespertino, le concedió un espacio considerable a Verbitsky para que expusiera su punto de vista.
 
Él no explicó que el bloque del Frente para la Victoria, amplia mayoría de peronistas que controlan el Senado de la Nación, es el que no le ha dado todavía la media sanción que le falta al Protocolo Facultativo ni ha convocado a las comisiones específicas.
 
Sal Lari
 
En una sociedad asombrada por los acontecimientos, ocurrió otro más: la absolución del juez de Garantías de San Isidro, Rafael Sal Lari, a manos del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires, lo que fue aplaudido con entusiasmo por el CELS.
 
Sal Lari enfrentaba un proceso de remoción desde marzo de 2009. 
 
El juicio político contra Sal Lari fue impulsado por el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien ha sido también un aliado de Cristina Fernández.
 
Inicialmente, el proceso se inició por 11 hechos, de los cuales 10 fueron desestimados en abril de 2011. 
 
Sin embargo, en aquella oportunidad la Comisión Bicameral y el Jurado de Enjuiciamiento decidieron suspender al juez por su accionar en el caso restante, en el que se lo acusaba de no haber efectivizado la liberación de un detenido durante 7 meses.
 
Pero una nueva Comisión Bicameral -controlada por el Frente para la Victoria- decidió que no había mérito para mantener el juicio.
 
Según CELS, "El de Rafael Sal Lari resulta un caso paradigmático del uso ilegítimo de los procesos disciplinarios para condicionar la actuación del resto del sistema de justicia. Paradójicamente, el juez comenzó siendo cuestionado por liberar presos, pero la única acusación que se mantuvo hasta el final consistía en demorar la liberación de un detenido. (...)".
 
Si de contradicciones se trata, es probable que el CELS esté mirando la paja en el ojo ajeno...
 
En cuanto al debate de fondo -la especulación política para incorporar a los presidiarios a las acciones del Frente para la Victoria-, nada se ha profundizado todavía. Y es muy grave.

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