Horacio Verbitsky, a través del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), tiene una presencia creciente en el área de Defensa; y las novedades las difunde a través del diario 'Página/12'.
Al respecto, él le impone el tradicional 'saludo 1', a periodistas que firman las notas, como Irina Hauser y Nora Veiras.
También sigue vinculado a 'Página/12' el diputado nacional Miguel Bonasso, el hombre que se la tiene jurada a Luis Patti, por ahora en Cuba donde su mujer se somete a un tratamiento médico.
El grupo se consolida con figuras importante en el 'universo K' como el juez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, a quien ellos quisieran hacer jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, olvidando que el magistrado tiene unos flancos muy débiles.
Sería una buena oportunidad para regresar a la acción intensiva a la Fundación Bicentenario, pero probablemente la realidad le impida a Verbitsky y Bonasso cumplir el anhelo de que Zaffaroni se enfrente a Mauricio Macri o a Daniel Scioli.
Este grupo 'transversal' afirma que hay que reformar las Fuerzas Armadas para consolidar cualquier proyecto de poder en Sudamérica. Creen que Hugo Chávez lo ha demostrado en Venezuela. Al menos Bonasso siente una intensa admiración por Chávez Frías.
La novedad es que Nilda Garré, ministro de Defensa, democratizará las Fuerzas Armadas, reforzando el perfil de la Dirección de Derechos Humanos de la cartera, que quedará a cargo de Alejandro Rúa.
En verdad, Rúa es un incompetente peligroso. Hasta ahora él encabezaba la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia; nunca hizo ningún aporte importante, todo lo contrario; y ahora desea salir de esa jurisdicción, no sea que en 2006 reciba las quejas de los familiares y amigos de los muertos en el atentado contra la sede de la AMIA.
Rúa tendrá entre sus objetivos:
> concretar modificaciones al Código de Justicia Militar para que respete todas las garantías constitucionales,
> restringir la aplicación de la Justicia Militar para dar lugar a la Justicia ordinaria cuando haya militares acusados de delitos comunes,
> cambiar los planes de estudio y
> colaborar en las causas judiciales sobre crímenes cometidos durante el llamado 'Proceso de Reorganización Nacional'. bajo la idea de que "nada puede ser secreto militar".
Garré ya se lo comunicó a los jefes militares: hay una Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario y les presentó al incompetente de Rúa.
El tema, hasta el momento, estaba a cargo de la politóloga Marcela Donadío, a través de la Secretaría de Asuntos Militares.
En marzo se cumplirán 30 años del golpe militar, y la idea del Gobierno es realizar una gran 'movida' al respecto. El Cels acompaña con firmeza esa idea.
Luego está la idea de derogar el Código de Justicia Militar, que data de 1951, y a rediseñar el sistema judicial para los miembros de las Fuerzas Armadas.
Durante la gestión de Pampuro fueron presentados tres proyectos de ley:
> en Diputados ingresó uno de Margarita Stolbizer y
> en el Senado uno elaborado por el Poder Ejecutivo y
> otro por la senadora Marita Perceval, que preside la Comisión de Defensa.
Objetaron los organismos de derechos humanos, en relación al alcance de la Justicia Militar.
La idea es que los delitos comunes cometidos por militares sean tratados por la Justicia civil y que el fuero militar se limite a las cuestiones disciplinarias propias de las fuerzas.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reclama que la Justicia Militar debería tener debates orales y públicos y estar integrada por militares "ajenos a las funciones propias del servicio".
La intención de Defensa, es avanzar "en un cambio cultural" y "para que la conciencia sobre estos derechos atraviese toda la educación castrense".
Rúa intentará un cambio de política en relación al papel de Defensa en las causas sobre violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado y en las demandas que tramitan ante organismos internacionales.
'Página/12' nos mantendrá informados sobre las próximas novedades castrenses.
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