El autor se pregunta: ¿Acaso estamos preparados para una Argentina sin IFE? Y su propia respuesta es: Si bien el IFE surgió como una respuesta a la situación económica y productiva coyuntural que implica el aislamiento obligatorio, pone sobre la mesa problemas estructurales.

Negociación salarial en medio de un desempleo récord: es evidente que esto es muy raro. Además, cuando las empresas no tienen aún costos definidos en medio de una crisis cambiaria, y cuando el horizonte del ajuste que ha comenzado aún se desconoce porque la negociación con el FMI recién arrancará en 1 semana. La nota no aborda esta complejidad de una economía con una absurda y grave deformación en la estructura de precios relativos, cargada de variables aún por ajustarse tales como tarifas y combustibles. Los 'gordos' (ya a esta altura y con la pandemia que aumentó su tradicional sobrealimentación, todos los sindicalistas ya son gordos), demuestran una vez más que lo suyo trata acerca de los trabajadores formalizados, apenas el 50% del mercado de trabajo, y corrobora que no les interesa el trabajo no formal, más allá de sus habituales chácharas que jamás tienen alguna lógica porque son co-responsables del mercado de trabajo no competitivo que tiene la Argentina, un país que en parte por ellos y su submundo ingresa a la lista de posibles estados fallidos.

"El Gobierno avanza en la implementación de las nuevas medidas de contención ante la crisis del coronavirus. El programa ATP estará marcado por las modalidades que rige el país, donde un 85% de la actividad productiva se encuentra en funcionamiento, pero sosteniendo las herramientas y medidas para los sectores que siguen afectados al ASPO. El programa ATP, continuará en su tercera etapa, un ATP de zona roja de actividades críticas, y que será abonado en las cuentas de los trabajadores y trabajadoras el cuarto día hábil de julio. La modalidad será de dos salarios mínimo vital y móvil, sin diferencias según la cantidad de empleados", anticipa Juan Pablo Chiesa.

La intervención y expropiación de Vicentin es un paso a la protección del trabajo de muchos argentinos y argentinas y un paso en la soberanía alimentaria, según el presidente de ApRE, Juan Pablo Chiesa.

La intervención y expropiación de Vicentin es un paso a la protección del trabajo de muchos argentinos y argentinas y un paso en la soberanía alimentaria, según el presidente de ApRE, Juan Pablo Chiesa.

La cuarentena no sólo es obligatoria sino también necesaria. El Estado intenta contener las consecuencias aunque no es sencillo. Tal como recuerda el economista Martín Tetaz, "la asistencia financiera a tasa subsidiada del 24% llego a 111.000 empresas, pero la mayoría ni siquiera llegó a armar la carpeta de crédito, a punto tal que el BCRA abrió una línea para llegar a 200.000 empresas que no tenían antecedentes en el sistema; una gran idea, que confirma la desconexión entre el Estado, el sistema financiero y el aparato productivo". Es que la Argentina en 'negro' no es broma. En abril el Estado pagó el 50% de los salarios de 247.000 empresas (hasta 2 salarios mínimos). Tetaz: "Así y todo, otras 200.000 pymes que se habían inscripto se quedaron sin la asistencia del programa ATP, por haber facturado nominalmente más que en 2019, lo que con una inflación del 45% los deja al borde de la quiebra, porque es imposible sostener el pago de todos los salarios en un contexto en el que las propias restricciones de aforo y la caída en la demanda, noquean la facturación real. El Presidente lo confirmó en la conferencia de prensa del sábado, donde dijo que un 20% de los comercios habilitados a abrir no lo habían hecho y que los que habían abierto, habían vendido solo un 30% de lo habitual. Esto demuestra que una parte del tejido productivo ya se rompió y no volverá a operar, pero también señala que el resto deberán reestructurarse para sobrevivir en un mundo con una demanda mucho mas baja." En este contexto, preservar el empleo debe ser la regla de oro. Ahora, Juan Pablo Chiesa:

La cuarentena no sólo es obligatoria sino también necesaria. El Estado intenta contener las consecuencias aunque no es sencillo. Tal como recuerda el economista Martín Tetaz, "la asistencia financiera a tasa subsidiada del 24% llego a 111.000 empresas, pero la mayoría ni siquiera llegó a armar la carpeta de crédito, a punto tal que el BCRA abrió una línea para llegar a 200.000 empresas que no tenían antecedentes en el sistema; una gran idea, que confirma la desconexión entre el Estado, el sistema financiero y el aparato productivo". Es que la Argentina en 'negro' no es broma. En abril el Estado pagó el 50% de los salarios de 247.000 empresas (hasta 2 salarios mínimos). Tetaz: "Así y todo, otras 200.000 pymes que se habían inscripto se quedaron sin la asistencia del programa ATP, por haber facturado nominalmente más que en 2019, lo que con una inflación del 45% los deja al borde de la quiebra, porque es imposible sostener el pago de todos los salarios en un contexto en el que las propias restricciones de aforo y la caída en la demanda, noquean la facturación real. El Presidente lo confirmó en la conferencia de prensa del sábado, donde dijo que un 20% de los comercios habilitados a abrir no lo habían hecho y que los que habían abierto, habían vendido solo un 30% de lo habitual. Esto demuestra que una parte del tejido productivo ya se rompió y no volverá a operar, pero también señala que el resto deberán reestructurarse para sobrevivir en un mundo con una demanda mucho mas baja." En este contexto, preservar el empleo debe ser la regla de oro. Ahora, Juan Pablo Chiesa:

Matías Cremonte, presidente reelegido de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL), es director del Departamento Jurídico de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) y goza de un reconocimiento de la izquierda. Cremonte y la AAL denunciaron al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el abogado Claudio Moroni, por considerar que, en el marco de la pandemia, es favorable a homologar acuerdos individuales o colectivos de suspensión con reducción de salarios y crear procedimientos especiales para facilitar su tramitación. Es un conflicto inevitable: muchísimas actividades no podrán pagar, al menos por un tiempo, la misma masa salarial que liquidaban antes del aislamiento social preventivo y obligatorio salarial. En todo caso la prioridad será mantener la cantidad de empleos. Cremonte y la AAL representan a quienes afirman que 'alguien' (¿el Estado? ¿socializarlo todo vía inflación?) debe hacerse cargo de la situación: cantidad de puestos de empleo y salarios, todo igual que antes de la pandemia. Obvio que deberían explicar quién lo paga en una economía que puede caer entre 5 y 7 puntos del Producto Bruto. También abogado, Juan Pablo Chiesa, opinó al respecto:

Matías Cremonte, presidente reelegido de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL), es director del Departamento Jurídico de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) y goza de un reconocimiento de la izquierda. Cremonte y la AAL denunciaron al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el abogado Claudio Moroni, por considerar que, en el marco de la pandemia, es favorable a homologar acuerdos individuales o colectivos de suspensión con reducción de salarios y crear procedimientos especiales para facilitar su tramitación. Es un conflicto inevitable: muchísimas actividades no podrán pagar, al menos por un tiempo, la misma masa salarial que liquidaban antes del aislamiento social preventivo y obligatorio salarial. En todo caso la prioridad será mantener la cantidad de empleos. Cremonte y la AAL representan a quienes afirman que 'alguien' (¿el Estado? ¿socializarlo todo vía inflación?) debe hacerse cargo de la situación: cantidad de puestos de empleo y salarios, todo igual que antes de la pandemia. Obvio que deberían explicar quién lo paga en una economía que puede caer entre 5 y 7 puntos del Producto Bruto. También abogado, Juan Pablo Chiesa, opinó al respecto:

Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es una asistencia estatal para trabajadores informales y monotributistas informales, de casas particulares, monotributistas sociales y monotributistas de las categorías A y B, siempre que sean argentinos nativo o naturalizado y con una residencia legal en el país no inferior a 2 años, con edad entre 18 y 65 años de edad y cuyo titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado ni sea monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos o tenga ya una una prestación de desempleo o jubilaciones / pensiones / planes sociales. El IFE sí es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar. Aclarado esto, vamos a la nota: