CIENCIA

Biopiratas, los nuevos enemigos de Brasil

Brasil decidió jugar fuerte para proteger su biodiversidad, cuyo potencial económico fue comparado con el del pre-sal (plataforma submarina de recursos hidrocarburíferos), segun la ministra de Medio Ambiente, Izabella Teixeira. Pero el cobro de multas a las empresas y la posibilidad de una nueva regulación, provoca muchas protestas entre quienes utilizan en sus productos la flora amazónica.

 

A principios de julio, el IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) presentó una demanda contra 35 empresas por un total de R$ 88 millones (US$43.057.050) por uso de recursos nativos sin compartir adecuadamente las ganancias con las localidades donde se extraen, según lo establece la legislación vigente desde 2001. En este año, otras 65 firmas serán notificadas en las próximas inversiones de la operación Novos Rumos 2.
 
Las empresas que utilizan productos de la flora y fauna autóctona brasilera, deben pagar un canon y cumplir con ciertas regulaciones.
 
Muchas son empresas multinacionales, especialmente dentro de la industria farmacéutica y la cosmética, que venden sus productos utilizando consignas tales como "secretos de la Amazonia". Sus voceros dijeron que se sorprendieron por la decisión del IBAMA, y afirman que hay arbitrariedad de parte de la agencia ambiental que las estaría demandando sin la comprensión de cómo apoyan ellas a las comunidades aborígenes, sobre la base de la medida provisional (decreto de necesidad y urgencia) N°2.186, de 2001.
 
La norma no especifica las cantidades a distribuirse, incluyendo la posibilidad de que la empresa colabore con el propietario de la tierra de donde se extrajo la especie de manera no monetaria. Por eso, termina creando lagunas para maniobras y cuestionamientos.
 
"La ley no es nueva. En 2010, Novos Rumos 1, tenía un balance de empresas que buscaron regularización y el IBAMA cerró un acuerdo y un padrón", dijo Rodrigo Dutra da Silva, coordinador general de la Auditoría Ambiental del IBAMA.
 
Una defensa ante el IBAMA
 
Entre las 80 especies estudiadas, las más utilizadas, sin distribución de beneficios, son castanha do Brasil, açaí, guaraná y cupuaçu, pero también hay otras, como carnaúba y Andiroba.
 
Fueron 220 multas a 35 empresas, en cantidades de entre R$ 900 (US$ 440,3) y R$ 5 millones (US$2.446.423 cada una), pero como algunas fueron multadas por el uso de más de una especie, el total de multas superó, en algunos casos, R$ 10 millones (US$ 4.892.846). La norma del IBAMA trata de regularizar la situación de las empresas infractoras, por lo que la multa registra un descuento de hasta 90% para las que se encuadren. Y las empresas pueden, entonces, emplear el producto.
 
"Si una empresa opera económicamente con una información, un atributo, un principio activo de especie brasileña, debe solicitar permiso para acceder y, si obtiene ingresos, debe repartir esos beneficios", explica Natália Milanezi, del área de supervisión del IBAMA.
 
"El gobierno no tiene nada en contra de la investigación científica, porque consideramos las especies amazónicas una gallina que pone huevos de oro, pero queremos que sean explotadas de manera sustentable", dijo Dutra da Silva, del IBAMA.
 
De acuerdo con fragmentos de un proyecto de decreto al que el diario O Globo tuvo acceso, el área ambiental del gobierno quiere hacer a la Unión responsable de la recaudación de beneficios repartidos, aplicando tarifas estándar. 
 
El objetivo es crear un fondo con el 1,5% de las ventas brutas que las empresas vendan a partir de la explotación de los recursos genéticos nativos -ó 0,7% si el producto final fuera alimentación o agricultura-. Desde el año 2001, las empresas reparten ganancias con el propietario del lugar donde se extrae la especie, pero es una negociación desigual. El fondo no sólo beneficiaría a las comunidades locales, sino que debe asignar recursos para la investigación y capacitación del personal del área ambiental.
 
El decreto también regulará el principal blanco de consultas de las empresas que fueron más penalizadas: ellas sostienen que la norma actual establece que sólo la empresa que accede a los recursos genéticos debe cosechar los beneficios.
 
"No habiendo acceso, no se plantea la obligación de distribución de beneficios", alegó por nota, la empresa Beraca Sabará, que sufrió la mayor pena, de R$ 11,3 millones (US$ 5.528.916). Una manifestación similar tuvo el Grupo Boticário, que presentará una defensa al IBAMA, así como Jequiti y Croda do  Brasil
 
Centroflora, que utiliza extractos de plantas y fue penalizada en R$ 3 millones (US$ 1.467.853), dijo que era "una locura" el cobro a aquellos que no tienen relación directa con el patrimonio genético y dijo que estaba "claramente sufriendo la inseguridad jurídica de la que tanto se hablaba en el área".
 
IBAMA entiende, sin embargo, que todas las empresas que venden los productos a los que se agregó valor, deben compartir los beneficios, pero reconoce que el decreto va a dejar en claro qué actividades de registro, producción y comercialización deberán pagar, a excepción de los revendedores.
 
Algunas de las empresas multadas argumentan que ya distribuyen los beneficios. Mapric, que recibió multas por un total de R$10,5 millones (US$ 5.137.488), afirmó, también por medio de una nota, que fue "una gran sorpresa e indignación después, sobre todo, porque en julio de 2011 recibimos la visita de IBAMA y fuimos elogiados".
 
Ilógico
 
La biopiratería es una práctica en la que investigadores o empresas utilizan ilegalmente la biodiversidad de países en desarrollo y los conocimientos colectivos de pueblos indígenas o campesinos para realizar productos y servicios que se explotan comercial e industrialmente sin la autorización de sus creadores o innovadores.
 
En la Amazonia, comienza a ser un grave problema. Se están firmando contratos con etnias indígenas que permiten a empresas extranjeras acceder a sus tierras para llevar a cabo una explotación de la biodiversidad. Uno de los casos se está dando en Brasil, donde unos indios de la etnia mundurucú cedieron, por US$ 120 millones, los derechos sobre sus tierras a una empresa irlandesa para negociar créditos de carbono.
 
Celestial Green Ventures es el nombre de esta empresa irlandesa. Se autocalifica como líder mundial en el sector. Sólo en Brasil, tiene 16 proyectos que suman 200.000 Km2, un área mayor a la superficie de Uruguay.
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El acuerdo citado establece que, durante 30 años, los indios estarán impedidos de plantar o extraer maderas de sus tierras, a las que, en cambio, la empresa sí tendrá un acceso absoluto. Las autoridades brasileñas advierten de que este y otros contratos similares no suponen otra cosa más que un nuevo canal para disfrazar acciones de biopiratería.
 
Otras propuestas de contratos presentadas a comunidades indígenas incluyen cláusulas de libre acceso a sus tierras y a todo el patrimonio biológico que contenga. En la práctica, esto puede facilitar acciones como el uso con fines comerciales o científicos de recursos de la biodiversidad, ha aclarado la ministra brasileña de Medio Ambiente, Izabella Teixeira.
 
Desde Funai (Fundación Nacional del Indio) indican que el pretexto para esa cláusula es la supervisión del área para que las empresas puedan acompañar la preservación de la selva. Pero la falta de reglamentación permite otras actividades e investigaciones no relacionadas con el comercio de carbono.
 
Los derechos de emisiones de carbono se convierten, en definitiva, en materia de negocio y especulación. O, aún peor, en tapadera para actividades ilegales.
 
Mayor diversidad biológica del mundo
 
Otra divergencia se refiere a la fecha en que la empresa comenzó a funcionar, antes o después de la ley de 2001. 
 
AmBev, por ejemplo, fue penalizada por el uso de la planta de guaraná que utiliza en su refresco más tradicional, que comenzó a utilizarlo en una nueva bebida energética. Cuando fue contactada, la compañía dijo que no hace comentarios sobre procesos en curso y que cumple con la legislación vigente.
 
Comprobadamente polémico, el tema es de gran importancia para el gobierno brasileño, que logró el año pasado designar al biólogo Braulio Dias, ex secretario de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, secretario ejecutivo de la Conferencia Mundial sobre la Diversidad Biológica (CDB). 
 
En junio, la presidente Dilma Rousseff, envió un mensaje al Congreso pidiendo la ratificación del Protocolo de Nagoya, plataforma mundial de lucha contra la biopiratería, mantenida en el CDB. El protocolo asegura la soberanía de los países sobre sus recursos naturales, sacando, por ejemplo, la visión de que el Amazonas es patrimonio de la humanidad y no a los países en los que se encuentra.
 
La parte continental y la zona costera de Brasil, abrigan la mayor biodiversidad en el planeta Tierra, que resulta de la combinación de la multiplicidad de especies y hábitats. Brasil sólo se compara a Indonesia en términos de biodiversidad, pero está muy por delante.
 
"Compartir estos recursos con la región de donde se extrae el patrimonio genético o los conocimientos tradicionales es una forma de promover el desarrollo sustentable de la Amazonía, por la explotación económica de la floresta en pie, evitando incendios o deforestación" dijo Silva, de IBAMA.
 
Las empresas Vitaderm, Vedic Hindus, Avon, Sabic Innovative Plastics, Laboratorio Sklean (Mahogany) y AGE do Brasil tampoco respondieron a las consultas de O Globo. 

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