Huelga de estatales: Dilma quiere un castigo ejemplar

La presidente Dilma Rousseff exigió un castigo ejemplar para los huelguistas que han excedido los límites de la legalidad. Enojada con lo que considera son abusos de la gente en conflicto, especialmente en la Policía Federal y más aún en la Policía Federal de Caminos, Dilma Rousseff le exigió al ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso, la identificación de los uniformados que cometieron abuso de poder u otras irregularidades.

 

Entre los casos que consideró abusivos hay un cartel colocado en un puesto de la Policía de Caminos, en la Via Dutra, con el mensaje "libre tránsito para traficantes de armas y drogas".

 

También la enojó la protesta policial en el Puente de la Amistad, en Foz do Iguaçu.

 

El Ministerio de Planificación continúa las negociaciones con distintos sectores de trabajadores estatales, pero no dio señales de ceder ni de un centavo más del 15,8% ofrecido la semana pasada, dividido en 3 cuotas. La aceptación del reajuste, explica un cercano colaborador de la Presidente, no significa que el gobierno no negociará otros ítems tales como modificar los planes de carrera.

 

Rousseff, sin embargo, no desea continuar la conversación con los trabajadores estatales en huelga. Y reclamó descontar los días parados a los 11.500 servidores en huelga. En algunos casos, los huelguistas directamente no cobrarán salario, lo que causó revuelta en los sindicatos.

 

La reacción de la Confederación de los Trabajadores del Servicio Público Federal (Condsef) fue recurrir a Supremo Tribunal Federal reclamando una "orden judicial urgente para tratar de detener este abuso de poder", explicó el sindicalista Sergio Ronaldo da Silva. 

 

A su favor, él citó una nota técnica de Planificación diciendo que el descuento debe ser de sólo 7 días "para no perjudicar la cuestión de alimentación y pago de cuentas".

 

Los sindicatos de la Policía Federal también irán a la Justicia – el de Rio Grande do Sul consiguió un mandato judicial-. "Queremos la remodelación de la carrera", explicó Pablo Poloni, vicepresidente de la Federación Nacional de Policías Federales (Fenapef).

 

Los oficiales y auxiliares de la Cancillería del Itamaraty adhirieron a la huelga. Ellos habían parado durante 1 semana con el fin de entablar negociaciones con el gobierno. Sin recibir propuesta alguna, decidieron reanudar la huelga. 

 

La ola de huelgas ha afectado varios servicios públicos de Brasil pero el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que sus consulados en el exterior trabajan normalmente, incluidos aquellos en donde hay funcionaros en paro.

 

"No hay diplomáticos en huelga", afirmó el Palacio de Itamaraty en una breve nota de prensa, en la cual indicó que constataron que solo 36 oficiales y asistentes de la Cancillería se sumaron al paro del Sindicato Nacional de Servidores del Ministerio de Relaciones Exteriores.

 

Precisa la información que 740 funcionarios sirven en el exterior, de los cuales 428 son oficiales y 312 asistentes de cancillería. 

 

En junio, empleados de la Cancillería paralizaron su trabajo en 130 legaciones brasileñas en el exterior. 

 

La serie de protestas de empleados públicos por mejoras salariales es considerada el mayor desafío sindical al gobierno de Rousseff desde que asumió en enero de 2011.

 

Además de los profesores de universidades federales, en huelga desde mayo, policías federales y funcionarios aduaneros, entre otros, han realizado protestas recientes. 

 

El gobierno considera inviables las demandas sindicales, porque aumentarían hasta 50% el presupuesto federal en salarios, y señala que es necesario controlar el gasto público ante la desaceleración económica. Pero los sindicatos sostienen que, por desfasajes de años anteriores, ahora las mejoras salariales deben ser prioritarias.