A capa y espada, nueva Ley de Salud

La presidente Dilma Rousseff promulgó la nueva legislación sobre gasto público en salud, explicó el diario carioca O Globo.

 

De paso, ella vetó 15 secciones del texto aprobado a finales del año pasado por el Congreso -incluida la actualización de los recursos para el sector, siempre que haya revisión del Producto Interno Bruto (PIB), que se utiliza en el cálculo original-. 

 

La oposición criticó ese veto, diciendo que el Ejecutivo huye de su responsabilidad. Y destacó que con la vigencia de la regulación, los estados y municipios tendrán que destinar más dinero a la salud, en detrimento del Tesoro federal.

 

Al justificar el veto, el Ejecutivo afirmó que el objetivo de la medida fue evitar que revisiones posteriores en la metodología de cálculo del PIB modifiquen, con carácter retroactivo, los valores del presupuesto minimo nacional de Salud, establecido en la enmienda 29.

 

El Ejecutivo decidió retirar de la regulación elementos que daban más transparencia a la vigilancia de los gastos en salud. Se vetaron secciones que estipulaban que los recursos del sector fueran depositados en cuentas separadas, de acuerdo al origen de los ingresos. 

 

El Ministerio de Hacienda argumentó que todos los recursos deberían estar en la Cuenta General del Tesoro.

 

Otro artículo excluido preveía que los fondos no aplicados a la salud deberían ser depositados en una cuenta específica, cuyos rendimientos financieros se deberían invertir en el área.

 

 

La oposición criticó los vetos, particularmente el de los artículos que permitían el aumento del gasto en salud pública, y los que daban una mayor transparencia a los costos.

 

La oposición pretende que el Congreso los analice tan pronto como sea posible.

 

"Una vez más, el Ejecutivo nacional huye de sus responsabilidades y pone todo el peso de las cuentas de salud en las espaldas de los estados y municipios", dijo el líder del PSDB en la Cámara baja, Duarte Nogueira (S. Paulo), citando que los vetos abren la posibilidad de que la Unión aplique menos dinero al sector: "La falta de compromiso y de la insensibilidad del actual gobierno con la salud pública brasileña llevó a la Presidente a vetar estos importantes dispositivos. En otras palabras: menos dinero para hospitales, medicamentos y suministros para hospitales, por ejemplo. Vamos a solicitar que los vetos sean revisados con carácter urgente".

          

El ex ministro de Salud, y ex gobernador paulista, José Serra, autor y defensor más importante de la enmienda 29, lamentó los vetos. Dijo que las distorsiones que debían corregirse, ahora siguen.

 

"Me resulta lamentable. La ley reglamentar era para corregir las distorsiones... que ahora continúan. Lo que sería una cuenta federal (más dinero del Estado volcado a la salud) se vetó", dijo Serra.

 

"Estos vetos no comprometen la esencia de la ley. Sin embargo, la intención era la de garantizar más recursos, en caso de que hubiera revisión del PIB. Y garantizar una mayor transparencia en los gastos", dijo el diputado oficialista Pepe Vargas (PT-Rio Grande do Sul), que fue miembro informante de la ley en la Cámara.

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Dilma mantuvo todos los artículos que, a partir de ahora, prohíben a las provincias disfrazar las cuentas. Tienen la obligación de incluir en sus presupuestos sus gastos de salud, los almuerzos escolares, la jubilación de los servidores y los servicios básicos de saneamiento. 

 

Los estados (provincias) tienen que aplicar el 12% de sus ingresos netos a la salud, mientras que los municipios tienen que aplicar el 15%. Estos porcentajes ya existían, pero la falta de reglamentación de la ley permitía disfrazar los gastos.

 

La nueva ley mantiene el sistema actual de cálculo de la cantidad total que la Unión debe invertir en el sector. 

 

Por el llamado "piso Nacional de Salud", el Ejecutivo nacional aplicará anualmente en materia de salud el valor comprometido en el ejercicio financiero anterior, con agregado de, al menos, el porcentaje correspondiente al crecimiento nominal del PIB. Con esta fórmula, la Unión gasta en promedio anual, 7% de sus ingresos brutos con Salud

 

El texto vetado por Dilma decía que "en la hipótesis de revisión del PIB nominal que implique modificación de la suma (destinada a la salud pública), los créditos adicionales deberán promover los ajustes pertinentes."

 

El área económica argumentó que "la necesidad de cambio constante en las cantidades que sean destinados a la Salud por la Unión pueden generar inestabilidad en la gestión fiscal y presupuestaria".

 

Para 2012, se calculó un piso de alrededor de R$ 80.000 millones (US$ 44.981 millones) en el Presupuesto de la Unión aprobado por el Congreso. El valor se fijó con base en la variación del 11,82% del PIB en 2010 (R$ 3,4 billones, US$ 191.723 millones) y lo estimado en la propuesta para 2011 (R$ 4,10 billones o US$ 230.500 millones).

 

Normalmente, la definición del PIB pasa por 3 fases. En marzo del año siguiente, el gobierno anuncia el PIB oficial del año anterior. Es esta determinación que servirá de base para correcciones en los valores y gastos indicados en el Presupuesto de la Unión, incluidos los destinados a la salud pública -es decir, si esa variación fuera superior al 11,82% aplicado hasta ahora, la corrección sería hecha.

 

Sin embargo, no se tendrán en cuenta, a partir de ahí, las nuevas revisiones del PIB. 

 

En el caso del PIB de 2011, en diciembre de 2012 habrá una 2da. revisión y, en noviembre de 2013, habrá otra. Los técnicos del área económica temían que cambios repentinos en esta 3ra. revisión obligaran al Ejecutivo a revisar todos los cálculos anteriores.

 

La regulación de la Enmienda 29 fue aprobada por el Congreso en diciembre de 2011. 

 

En la votación, el Ejecutivo logró derribar la propuesta del ex senador Tião Viana (PT-AC), que destinaba 10% de los ingresos de la Unión a la salud pública. Con ello, se mantuvo la base actual de cálculo del piso nacional de salud, sin un gasto mayor para la Unión.

 

Entre los 15 vetos, el Ejecutivo retiró tramos que permitía que los estados y municipios incorporaran las nuevas reglas en forma progresiva. El texto hablaba de adecuación hasta el 2011, mientras que la ley fue aprobada el año pasado.