Masacre en México en un presunto puesto improvisado contra el COVID-19 pero el trasfondo es otro

Hay relatos divergentes sobre lo que pasó: según el ayuntamiento local, las muertes fueron consecuencia de un ataque de un grupo de una comunidad antagónica a la de las víctimas. Pero líderes comuneros señalaron que las víctimas sufrieron una emboscada por parte de autoridades locales. Las 2 hipótesis, sin embargo, no son completamente excluyentes. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el conflicto surgió del enfrentamiento entre 2 comunidades por el gobierno municipal. 

“Es una confrontación por el gobierno municipal, por un lado son pobladores de la cabecera municipal y pobladores de comunidades, suele pasar que en los Ayuntamientos cuando hay elecciones y queda de presidente municipal alguien de la cabecera municipal, hay el malestar de las comunidades porque se sostiene que lo que llega de apoyo en obras o presupuesto solo se aplica en la cabecera y no se distribuye en las agencias”, refirió.

Las víctimas, explica el diario mexicano El Financiero siguiendo el primer relato, se encontraban operando por su cuenta un puesto de control sanitario en la entrada a su comunidad cuando fueron agredidas por un grupo de personas originarias de La Reforma (también en San Mateo del Mar), quienes se opusieron a la revisión y a que sus neumáticos fueran rociados con cloro para poder pasar. Los presuntos operantes del puesto de control habían bloqueado la carretera con llantas incendiadas. Los agresores respondieron con armas de fuego dejando varios heridos, no solo entre los presuntos operantes del puesto de control sino entre otras personas que circulaban por el lugar.

“Hombres con el rostro cubierto empezaron a accionar sus armas de fuego, hiriendo de inmediato a varias personas que estaba en las camionetas”, denunció la Unión de Agencias y Comunidades Indígenas Ikoots.

Más tarde ese mismo domingo, los agresores se dirigieron a la explanada de la agencia municipal de Huazantlán, donde estaban refugiados los ciudadanos heridos. Los golpearon, prendieron fuego sus autos, los asesinaron a golpes y balazos y los prendieron fuego (según algunos testimonios, vivos). Esos hechos habrían tenido lugar en la madrugada del lunes. Hay al menos otros 6 habitantes desaparecidos y otros 7 se encuentran heridos de gravedad. 

Según descripciones locales, se trató de un grupo de 6 personas bajo el mando de un líder delictivo local. La demanda de control sanitario habría sido el desencadenante, pero el conflicto entre la comunidad a la que pertenecían las víctimas y aquella a la que pertenecían sus agresores, data de antaño. Se han registrado enfrentamientos anteriormente, aunque de menores consecuencias, por la posesión de una franja de terreno que delimita ambas localidades. 

Bernardino Ponce, presidente municipal de San Mateo del Mar, dijo que el conflicto comenzó el pasado 2/5, cuando un grupo minoritario de ciudadanos del municipio y otras comunidades liderados por José Luis Chávez Salinas, quien ostenta el cargo de agente municipal, detuvieron a algunos de los habitantes de San Mateo del Mar y bloquearon el paso hacia la agencia de Santa Cruz, donde se dirigían para festejar las fiestas patronales. Las víctimas del domingo, aseguró, estaban manifestándose de manera pacífica por lo acontecido el 2/5.

Según el diario The Guardian, el trasfondo del ataque está relacionado con un proyecto de energía eólica que desde hace años mantiene a la comunidad enfrentada con las autoridades. Activistas contra el proyecto aseguran que las víctimas sufrieron una emboscada por parte de los seguidores del gobierno local, en un punto de control implementado por el coronavirus. 

La autoridad municipal, en cambio, acusó directamente a un grupo armado encabezado por Camerino y Pedro Dávalos Larrinzar, Laura Fiallo Sandoval, Marcelino Ramirez Nolasco, Iván Mateos López y José Luis Chávez Salinas, como quien incitó a otros pobladores para cometer la masacre, explica El Financiero.

La oficina del fiscal en el estado sureño confirmó la cifra de 15 muertos y dijo que 4 detectivos, 80 oficiales de policía estatales y 39 miembros de la guardia nacional habían sido enviados al sitio de los asesinatos, para investigar cuál es el verdadero motivo detrás de las muertes. En otro dato que podría ser clave para la investigación, las 2 mujeres asesinadas habían protestado contra presuntos abusos por parte de uno de los presuntos atacantes, quien se describió a sí mismo como un representante de Huazantlán del Río, dijo el gobierno municipal.