La CPI no investigará los crímenes de guerra de Reino Unido en Irak.

Fatou Bensouda justificó su decisión sosteniendo que las autoridades británicas “no han permanecido inactivas” a la hora de investigar los delitos, sin embargo reconoció que los tribunales del Reino Unido “no han presentado ni un solo caso para enjuiciar hasta la fecha”.

Tras las numerosas quejas que el gobierno británico recibió por dichas acusaciones, se estableció el Equipo de Denuncias Históricas de Irak (IHAT) en 2014 para evaluar si existían pruebas que pudieran conducir al enjuiciamiento penal de los comandantes y líderes militares. Sin embargo, el gobierno decidió cerrar IHAT en 2017 luego de que Phil Shiner, un abogado que llevó más de 1.000 casos en la IHAT, fuera destituido tras acusaciones de que había pagado a colaboradores en Irak para encontrar clientes.

La CPI es una instancia judicial de último recurso y se rige por el principio de complementariedad, es decir, no interviene cuando el Estado demuestra llevar a cabo pesquisas fehacientes sobre los supuestos delitos.

Aunque Bensouda confirmó que “existe una base razonable para creer que miembros de las fuerzas armadas británicas cometieron crímenes de guerra”, entre ellos “homicidio intencional, tortura, tratos inhumanos o crueles, atentados contra la dignidad personal y violaciones u otras formas de violencia sexual”, también añadió que no tiene evidencia de que la IHAT no haya llevado a cabo investigaciones genuinas sobre los presuntos delitos.

Hay una excepción para que la Corte pueda tomar el caso y es la aprobación de la Ley de Operaciones Extranjeras. Fue iniciada en 2019 por Johnny Mercer, Secretario de Estado para Veteranos y ex Afganistán con la promesa de proteger a "nuestros muchachos" de quejas "vejatorias". Esta ley ofrecería amnistía para los crímenes cometidos en Irak, lo cual podría ser contraproducente porque si se adopta las autoridades de Reino Unido no podrían procesar y es ahí cuando entra la CPI.

Frente a la decisión de la Fiscalía de la CPI de cerrar el examen preliminar de las denuncias de crímenes de guerra, el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos ha manifestado que la decisión de Fatou Bensouda “revela fallas sistemáticas de la justicia internacional y demuestra, una vez más, que los poderosos actores occidentales pueden salirse con la suya con la tortura”.

Sin embargo, Reino Unido no ha terminado con la CPI. A principios  de este año se abrió una investigación sobre los crímenes cometidos en Afganistán desde 2003, dirigida por los talibanes, el régimen, pero también las fuerzas armadas británicas, Australia y USA. Es por ello que el país liderado por Donald Trump ha sancionado a Bensouda por "intentos ilegítimos de someter a ciudadanos estadounidenses a su jurisdicción".