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REVISANDO ESTRATEGIAS

El estudio Alegría decidió litigar y el Estado levantó la intervención de Vicentín

Dom, 02/08/2020 - 12:29pm
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Por Urgente24

Según los rumores santafecinos, el estudio porteño Alegría, que fue contratado por Vicentín para asistirlo en la convocatoria de acreedores, evaluó la situación y le dijo al delegado del gobernador Omar Perotti, Gabriel Somaglia: "No entregamos nada, no aceptamos al Estado y vamos a litigar". Es evidente que el Estado se encuentra mal parado jurídicamente y, entonces, se decidió retirar con un nuevo DNU, el anterior DNU de intervención / expropiación.

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Imagen de una de las movilizaciones en Santa Fe a favor de Vicentín, o sea en contra de la intervención y expropiación.
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La situación es muy extaña: en diciembre de 2019, Vicentín declaró una situación de 'estrés' financiero por US$ 1.450 millones.

Sin embargo, al comenzar agosto 2020, Vicentín ha seguido pagando con puntillosidad todos los salarios de todos los trabajadores.

¿Cómo es esta historia? ¿Cuál es el tema de fondo? 

Cuando el Gobierno de Santa Fe convirtió a Gabriel Somaglia en el interlocutor para negociar imponer su plan comprometido ante el presidente Alberto Fernández, Vicentín contrató en Ciudad de Buenos Aires al estudio Alegría, conocedor profundo de la legislación sobre concursos preventivos y quiebras.

La decisión de Alegría fue desaconsejar cualquier negociación y litigar, sobre la base que había un caso con buenas posibilidades para los accionistas de Vicentín.

Para terminar de complicarlo todo, o quizás comenzar de nuevo, el Estado acaba de aceptar que estaba mal parado jurídicamente.

Entonces, el presidente, Alberto Fernández, firmó un DNU para anular la intervención y expropiación de la empresa agroindustrial Vicentin.

El propio mandatario hizo el anuncio en Twitter. "Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días".

El Ejecutivo Nacional ha elaborado una nueva estrategia, que pasa por la Justicia federal, que investiga presuntas estafas y desvíos de fondos.

En Presidente decidió culpar al magistrado que “el juez interviniente en el concurso (Fabián Lorenzini) no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía”. 

Y que ha “impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019”.

Antes, el Gobierno de Santa Fe dio por cerrada la negociación para la conformación del fideicomiso que buscaba darle continuidad a la operatoria de Vicentin, al no alcanzar un acuerdo con los directivos de la empresa en la segunda reunión de conciliación de las partes convocada por el juez del concurso de la agroexportadora, Fabián Lorenzini.

El Estado Nacional, a través de un magistrado de Comodoro Py, intentó intervenir: el fiscal Gerardo Pollicita pidió un allanamiento en Vicentín, que aparentemente lo concedió el juez Daniel Rafecas.

Por supuesto que muy curioso: el Gobierno lanza una reforma judicial, en parte para 'licuar' a Comodoro Py, pero invoca a Comodoro Py para el auxilio en una situación compleja.

El vicepresidente del Directorio de Vicentin, Alberto Macua, desmintió que la empresa hubiese sido allanada. 

El magistrado interviniente en el concurso, de la localidad Reconquista, dejó las puertas abiertas para retomar el diálogo con las autoridades santafesina, pero estas dieron por "cerrado el capítulo".