Javier Tebas en la mira: acusan a LaLiga de falsificar firmas en 1.352 informes contra bares

Javier Tebas, en la mira por el presunto uso de firmas sin permiso en informes de LaLiga contra bares.

FOTOS: EFE / ENRIC FONTCUBERTA

La ofensiva de Javier Tebas contra el fútbol pirata acaba de encontrar un frente incómodo dentro de LaLiga. Después de extender la vigilancia sobre las emisiones sin licencia, la organización enfrenta preguntas sobre sus propios controles y sobre la documentación con la que lleva a los bares ante los tribunales.

La estrategia antipiratería de la patronal tiene dos grandes frentes: las redes que distribuyen partidos por internet sin autorización y los establecimientos que los exhiben sin contar con una licencia comercial. En el entorno digital, persigue páginas, plataformas y servicios de IPTV (televisión por protocolo de internet) que ofrecen contenidos de forma ilegal. En bares y restaurantes, el control alcanza tanto a las señales piratas como al uso de abonos domésticos, que no habilitan la emisión pública en estos negocios. Para detectar esas prácticas, sus verificadores visitan los locales y recopilan evidencias que después pueden utilizarse en reclamaciones judiciales.

Ahora, una investigación de El Español señala que las firmas de tres trabajadores fueron reproducidas sin su autorización en 1.352 informes contra establecimientos acusados de emitir fútbol sin licencia. Los empleados aparecían como supervisores de expedientes que, según sus testimonios y la documentación examinada por el diario, no habían revisado ni validado. Los informes llegaron a más de un centenar de juzgados de España, lo que sitúa la controversia en la elaboración de las pruebas utilizadas contra los hosteleros. LaLiga niega que empleara las firmas sin conocimiento de los verificadores, asegura disponer de documentación que respalda su posición y anuncia acciones legales contra las acusaciones.

Firmas copiadas, controles en duda

El procedimiento descrito por El Español parte de una petición aparentemente administrativa: que tres verificadores firmaran un folio en blanco e incluyeran sus números de DNI. Según la investigación, el director del departamento encargado del control de emisiones en hostelería les solicitó esas rúbricas durante una reunión en enero de 2025, sin explicarles que acabarían identificándolos como supervisores de expedientes. Los trabajadores sostienen que nunca recibieron el encargo de revisar esos documentos ni autorizaron que sus firmas se utilizaran para acreditar esa tarea.

A partir del 13 de marzo, la imagen de aquel folio comenzó a aparecer bajo el apartado “Fdo. Supervisores de expedientes”. El diario describe la reproducción del mismo bloque de tres firmas, con el fondo del papel y las identificaciones manuscritas, en documentos de diferentes establecimientos, provincias y fechas. No se trataba de nuevas rúbricas realizadas para cada informe, sino de una imagen insertada repetidamente. Su presencia servía para presentar los expedientes como supervisados y respaldar que las comprobaciones reunían las evidencias exigidas.

La documentación reúne 1.352 informes expedidos entre marzo y mayo de 2025, relativos a establecimientos de 17 comunidades autónomas. En ellos se reprodujeron las firmas de los tres trabajadores sin que, según la investigación, conocieran ese uso ni lo hubieran autorizado. Los afectados aseguran que tampoco habían revisado los expedientes que sus rúbricas supuestamente avalaban. Uno de ellos, destinado habitualmente en Madrid, figuraba supervisando comprobaciones en Santurce, Lorca u Oviedo y descubrió documentos cuya existencia desconocía cuando comenzaron a citarlo para declarar en los juicios.

La investigación también identifica diferencias entre los tiempos registrados y las comprobaciones que los documentos aseguraban haber realizado. De 69 inspecciones examinadas en detalle, 31 duraron menos de los doce minutos que el procedimiento consideraba necesarios para observar el código identificador de la señal televisiva; tres registraban cero minutos y otras nueve, apenas uno. Los metadatos mostraban además la generación de informes por lotes, entre ellos 30 documentos confeccionados en 34 minutos. Estas inconsistencias añaden preguntas sobre los controles aplicados antes de presentar los expedientes, aunque no demuestran por sí solas que las emisiones de los bares estuvieran autorizadas.

LaLiga rechaza la acusación y sostiene que los verificadores conocían el uso de sus firmas, que considera amparado por la relación laboral. La entidad asegura tener pruebas, anuncia acciones legales y señala que mantiene litigios previos con algunos de los trabajadores. Los afectados, en cambio, niegan haber autorizado que sus rúbricas acreditaran una supervisión que no realizaron. Esa discrepancia afecta a documentos que, según la investigación, llegaron a más de un centenar de juzgados como prueba contra establecimientos hosteleros.

De perseguir emisiones ilegales a dar explicaciones sobre sus pruebas: la investigación pone en cuestión los controles de LaLiga bajo la gestión de Javier Tebas.

FOTO: AFP

Del bar a internet, el cerco antipiratería

LaLiga llegó a ofrecer 50 euros por identificar bares que emitieran partidos sin autorización, una medida que amplió la búsqueda de infracciones más allá de sus propios verificadores. A través de su Canal de Denuncias, clientes, vecinos o competidores podían comunicar posibles emisiones irregulares. La gratificación exigía que el denunciante se identificara y que la información fuera comprobada: señalar un establecimiento no bastaba para cobrar. La entidad presentó la iniciativa como una herramienta para proteger los derechos audiovisuales y a los hosteleros que pagan por ofrecer legalmente el fútbol.

El control alcanza situaciones diferentes. Un local puede recurrir a una señal pirata, pero también emitir mediante una suscripción doméstica que no autoriza la exhibición de los encuentros en un establecimiento público. Pagar por ver fútbol en casa no equivale a tener permiso para mostrarlo a los clientes de un bar. Las operadoras comercializan paquetes específicos para hostelería que incorporan esa autorización, una distinción que explica por qué las inspecciones no buscan únicamente comprobar qué partido aparece en pantalla, sino también cómo se recibe la señal.

La otra pata de la estrategia está en internet, donde la organización persigue páginas y servicios que distribuyen contenidos sin permiso. En ese ámbito, el objetivo puede estar lejos del usuario que mira el encuentro: incluye las plataformas, los servidores y los canales de comercialización que sostienen las retransmisiones. La participación de LaLiga como socio estratégico en la operación internacional KRATOS 2, coordinada con Europol, trasladó esa ofensiva al terreno de las redes organizadas de distribución ilegal de contenidos audiovisuales.

La controversia sobre las firmas pone el foco en las garantías de esa maquinaria de control. La defensa de los derechos de emisión permite reclamar contra quienes los vulneran, pero las pruebas utilizadas deben reflejar comprobaciones efectivamente realizadas y responsabilidades correctamente atribuidas. La cuestión que abre la investigación es cómo se elaboraron y supervisaron los documentos con los que se actuó contra los bares. LaLiga rechaza las acusaciones; los trabajadores afectados niegan haber validado los expedientes que llevaban sus rúbricas.

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