Malos perdedores: A 5 años de una estafa

El ex Presidente imaginó a cientos de miles de personas abandonando el estigmatizado sistema de capitalización y clamando por incorporarse al estatal, algo que nunca ocurrió porque la iniciativa no terminaba de convencer a los afiliados que tenían varios años de aportes hechos en las AFJP y por su incierto destino en manos del Gobierno.

Frustrado por el fracaso de la apertura del ‘libro de pases’, Kirchner decidió que si la gente no elegía lo que él quería, él lo haría por ellos. Ya con su esposa en la Presidencia, en octubre de 2008 se anunció la presentación de un proyecto de ley para terminar con el sistema de capitalización, aprovechando la mayoría en el Congreso de la Nación y la ayuda de aliados y algunos sectores de la oposición.

La arremetida contra las AFJP había sido presentada desde el Gobierno de Néstor Kirchner como una cruzada contra una de las herencias del menemismo ideadas por Domingo Cavallo.

Había 11,3 millones de personas inscriptas en el sistema de capitalización por ese entonces, de las cuales aportaban regularmente 5,4 millones. El Gobierno, a través de sus medios afines –que no eran tantos como hoy- aseguraba que la mejor alternativa para las personas con 50 años o más –que por lo tanto tenían más dinero puesto en capitalización- era pasarse al sistema de reparto y los menores podrían seguir en las AFJP.

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Es así que el 24/01/07 se anunció el proyecto de reforma previsional que además de permitir que los afiliados a las AFJP vuelvan al Estado, ponía un techo a las comisiones, bajaba los costos de seguros, cambiaba la distribución de indecisos y mejoraba la base de cálculo de las jubilaciones públicas, entre otros puntos.

Los cálculos sobre las ventajas del sistema estatal eran complejos, Página/12 explicaba así las cuentas que había que hacer: “el Estado les garantizará a los jubilados una renta equivalente al 1,5 por ciento del salario promedio de los últimos diez años. Una persona con un sueldo de 1000 pesos percibirá 15 pesos mensuales por cada año aportado. A este dinero hay que añadirle la PBU (Prestación Básica Universal) de 200 pesos. Y otro 1,5 por ciento por cada año que aportó al Estado anteriormente, en caso de haberlo hecho. Pero al efecto del nuevo régimen, estas dos últimas variables no se toman en cuenta ya que son cobradas tanto por los afiliados a las AFJP como por los jubilados del sistema público…”.

El matutino reconocía en ese artículo del 26/01/07 que “la complejidad de la elección” aunque las atribuía a “las incertidumbres que rodean, en mayor medida, a la jubilación privada”.

Así las cosas terminó el 2007 sin que la gente se entusiasmara con la libertad de elección. De esos 11 millones mencionados antes, a mayo del 2007 se habían ‘pasado’ poco más de 200 mil y para diciembre eran algo más de 600 mil.

En la presidencia de Cristina Fernández vendría la arremetida final contra las AFJP.

En octubre de 2008 se anunció el proyecto de ley que significaría su fin. Empezaba a brillar la estrella de Amado Boudou, titular de la Anses, quien dijo el 20/10/08 que "venimos a dar por terminado el experimento fracasado del régimen de capitalización en la Argentina".

Y Cristina le dio contexto internacional, cuando todavía se creía que su Gobierno se abriría al mundo: "Los principales Estados, integrantes del G-8 están adoptando una política de protección hacia los bancos y en nuestro caso estamos protegiendo a los trabajadores y jubilados".

El 21 de noviembre fue finalmente sancionada la norma que implicaba además la transferencia de 74.000 millones de pesos al Gobierno a partir del 1° de enero de 2009. Una suma sideral que Cristina y Néstor convertirían en una nueva ‘caja’ que utilizarían discrecionalmente, aunque esa ya es parte de otra historia.