Reforma inmobiliaria: El Gobierno va por todo y busca eliminar la matrícula para ventas

La desregulación impulsada por el Gobierno nacional suma un nuevo capítulo y promete abrir uno de los debates más sensibles del mercado inmobiliario. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado ultima un proyecto de ley que propone modificar de raíz las reglas para comprar, vender e intermediar propiedades en Argentina.

El punto más controvertido es la eliminación de la matrícula obligatoria para ejercer el corretaje, una medida que divide al sector entre quienes la consideran una modernización necesaria y quienes advierten sobre mayores riesgos de fraude.

La iniciativa, que estaba prevista para ser presentada durante junio y sería enviada al Congreso en los próximos días, forma parte del paquete de reformas impulsado por el ministro Federico Sturzenegger para reducir regulaciones y fomentar la competencia en distintos mercados.

Reforma inmobiliaria del Gobierno: ¿Qué cambios propone el proyecto?

El corazón de la reforma consiste en eliminar la obligatoriedad de contar con matrícula profesional para prestar servicios de intermediación inmobiliaria.

De avanzar el proyecto, dejaría de ser un requisito obtener un título universitario específico para desempeñarse como corredor inmobiliario. Además, se eliminarían los aranceles mínimos y máximos para los honorarios, otorgando libertad para fijar comisiones según las condiciones de cada operación.

Otro de los cambios relevantes es la pérdida de atribuciones de los colegios profesionales, que actualmente regulan el ejercicio de la actividad en cada jurisdicción.

El Gobierno sostiene que estas modificaciones reducirán barreras de ingreso, aumentarán la competencia y permitirán ofrecer servicios a menor costo para compradores, vendedores e inversores.

Reforma inmobiliaria: ¿Cómo impactará la tecnología en las operaciones?

Uno de los ejes del proyecto apunta a adaptar el mercado inmobiliario al crecimiento de las plataformas digitales y las herramientas tecnológicas.

La propuesta habilitaría que personas físicas y jurídicas puedan prestar servicios desde cualquier provincia sin necesidad de reinscribirse en cada jurisdicción, eliminando restricciones geográficas que hoy existen en buena parte del país.

También se busca favorecer modelos de negocios apoyados en inteligencia artificial, recorridos virtuales de propiedades, firmas electrónicas y procesos completamente digitalizados.

Durante un encuentro organizado por Reporte Inmobiliario en la Universidad Católica Argentina (UCA), Federico Sturzenegger afirmó que el objetivo es facilitar el ingreso de nuevos actores y cuestionó que algunos colegios profesionales utilicen su poder para establecer condiciones de acceso al mercado y esquemas de honorarios que, según su visión, restringen la competencia.

Reforma inmobiliaria: ¿Por qué algunos empresarios respaldan la iniciativa del Gobierno?

Dentro del sector existen referentes que consideran que el sistema vigente necesita una actualización.

Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), sostuvo que el modelo actual limita la competencia e impide que profesionales capacitados puedan ofrecer servicios si no forman parte del esquema tradicional del corretaje.

En una línea similar, Sebastián Sosa, presidente y cofundador de RE/MAX Argentina y Uruguay, señaló que el debate sobre el rol de los colegios profesionales resulta oportuno y que cualquier iniciativa destinada a simplificar operaciones merece ser analizada, siempre que preserve la confianza y la calidad del servicio.

Desde el ecosistema proptech también respaldan la reforma. Jorge Amoreo Casotti, fundador y CEO de Pint, consideró que una mayor competencia podría acelerar la transformación digital del mercado y reducir costos para quienes participan de las operaciones.

Reforma inmobiliaria: ¿Por qué los colegios profesionales rechazan el proyecto?

Las entidades que representan a los corredores inmobiliarios sostienen una postura diametralmente opuesta.

La Cámara Inmobiliaria Argentina manifestó su rechazo a la iniciativa y, en cambio, impulsa la creación de un Registro Nacional Único de Corredores Inmobiliarios y Asistentes que unifique criterios en todo el país sin eliminar la matrícula.

Nancy Vieitez, presidenta de la entidad, remarcó que el corredor matriculado cumple obligaciones establecidas por la Unidad de Información Financiera (UIF), entre ellas la identificación de las partes, la verificación del origen de los fondos y la colaboración en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Según advirtió, permitir que cualquier persona intermedie operaciones inmobiliarias podría generar incertidumbre respecto de quién asumiría esas responsabilidades legales.

En la misma línea, Marta Liotto, presidenta del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (COFECI) y del Colegio Inmobiliario porteño, afirmó que el debate no debería plantearse entre regulación y libertad, sino entre profesionalismo e improvisación.

Para la dirigente, eliminar la matrícula abriría la puerta a intermediarios sin formación específica, aumentando el riesgo de prácticas abusivas y fraudes en operaciones que involucran el patrimonio de las familias.