El Gobierno de Javier Milei busca fondos para cubrir pagos de deuda hasta 2027 y para eso avanza con una nueva ola de privatizaciones. Necesita recaudar más de US$1.000 millones antes de fin de año, y el plan es lograrlo con la venta de participaciones estatales de dos grandes termoeléctricas, además del proceso abierto para AySA, valuada en otros US$500 millones, mientras relanzará la privatización de Intercargo, ahora sin precio base.
BUSCAN MÁS DE US$1.000 MILLONES
Privatizaciones por vencimientos clave: Caputo acelera operaciones de "ticket grande"
Para cumplir con los vencimientos de deuda previstos para 2027, Caputo acelera una ola de privatizaciones, cuyos movimientos previos pasaron casi inadvertidos.
Luis Caputo, ministro de Economía de Javier Milei.
Sin embargo, más allá del acelerador, los movimientos comenzaron hace un tiempo y algunos pasaron totalmente inadvertidos en su momento. Ocurrió en el caso de una de las principales termoeléctricas del país.
Es que el 13 de agosto, la Secretaría de Energía autorizó con la Resolución 203/2026 que Termoeléctrica José de San Martín asumiera formalmente la titularidad de la central Termoeléctrica Timbúes, de 800 MW de potencia nominal instalada.
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La empresa había sido creada en diciembre de 2005 para gerenciar su construcción y operación inicial, pero la titularidad formal y legal se redefinió recién con esta normativa.
Mucho antes, el 24 de junio, Cammesa comunicó que la compañía cumplía los requisitos técnicos, societarios y comerciales necesarios y aceptó provisoriamente el cambio solicitado.
El 17 de julio, la petición fue publicada en el Boletín Oficial para permitir eventuales objeciones durante diez días. No se presentaron oposiciones y finalmente Energía autorizó la operación, con vigencia retroactiva al 1° de julio.
Menos de un mes después de aquella resolución aparece una segunda parte: el Gobierno prepara ahora la venta de la participación del 68,83% que Enarsa posee en Termoeléctrica José de San Martín SA, sociedad que controla la central ubicada en Timbúes.
De esta manera, el Gobierno no está anunciando la venta física de una central aislada, sino la transferencia de la participación estatal mayoritaria en la sociedad que controla el activo.
Se trata de una central de ciclo combinado de gran escala. Las cifras de potencia presentan diferencias según la fuente y el criterio técnico utilizado: la reciente Resolución 203/2026 identifica 800 MW de potencia nominal instalada, mientras que información sectorial utilizada para describir la capacidad neta de las centrales José de San Martín y Manuel Belgrano las ubica en torno a 865 MW.
Durante 2024, la José de San Martín produjo 3.338 GWh y consumió alrededor de 540 millones de metros cúbicos de gas natural, de acuerdo con datos oficiales.
No se trata, por lo tanto, de una participación estatal testimonial sino del control de una instalación de generación de gran porte integrada al Sistema Argentino de Interconexión.
Operaciones de "ticket grande"
La jugada central será la transferencia de las participaciones que Enarsa mantiene en Termoeléctrica Manuel Belgrano y Termoeléctrica José de San Martín. El Estado controla el 65,006% de la primera y el 68,83% de la segunda.
En el mercado hablan de operaciones de "ticket grande" y estiman que los ingresos podrían alcanzar los US$300 millones por cada planta.
Ambas centrales tienen 865 MW de potencia neta. La Manuel Belgrano, ubicada en Campana, generó 4.452 GWh en 2024 y consumió 766 millones de m³ de gas. La José de San Martín, en Timbúes, produjo 3.338 GWh y demandó 540 millones de m³. Enarsa comparte el capital con Central Puerto, AES Argentina, Enel El Chocón, Pampa Energía y otros accionistas privados.
Ola de privatizaciones
Lo cierto es que la venta de las termoeléctricas es un capítulo más del desguace de Enarsa, que ya transfirió su participación en Citelec (controlante de Transener) por US$356 millones.
A la vez, Economía adjudicó las nuevas concesiones de las cuatro grandes represas del Comahue, que aportaron más de US$700 millones.
Ahora, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), dirigida por Diego Chaher, avanza con otra ronda de concesiones hidroeléctricas:
- Futaleufú (Chubut),
- Diamante (Mendoza),
- Río Hondo-Los Quiroga (Tucumán-Santiago del Estero) y
- los complejos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo (Tucumán)
Los contratos originales vencieron tras 30 años y hoy operan bajo esquemas transitorios.
Las empresas que manejan esos activos son Hidroeléctrica Futaleufú (Aluar), Hidisa (Pampa Energía), Hidroeléctrica Río Hondo y Hidroeléctrica Tucumán. En este último caso, el período de transición vence el 15 de diciembre, con posibilidad de prórroga.
Gasoductos también
Además, la agencia que conduce Chaher también trabaja sobre los grandes gasoductos operados por Enarsa. El plan es otorgar nuevas concesiones por 30 años.
El activo principal es el Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner), junto con la Reversión del Norte, Mercedes-Cardales, el GNEA y el Juana Azurduy.
En total, suman más de 3.100 kilómetros.
En este caso, el esquema sería distinto: una compulsa nacional e internacional donde la tarifa de transporte más competitiva será el criterio clave para elegir al nuevo operador.
AySA y un nuevo intento por Intercargo
La operación de mayor escala ya en marcha es la de AySA. El Estado puso en venta el 90% de la compañía mediante una licitación sin precio base. Las ofertas se abrirán el 15 de septiembre y el Gobierno espera obtener US$500 millones. El pliego exige inversiones por US$1.940 millones en los primeros cinco años y hasta US$15.040 millones en tres décadas.
Por su parte, Intercargo tendrá una segunda oportunidad. La primera licitación fracasó: no hubo ofertas pese al precio base de US$45 millones. Ahora el Gobierno relanzará el proceso sin precio mínimo y retirará parte del efectivo acumulado en la empresa, que tenía US$55 millones en activos corrientes. Una valuación de Deloitte había estimado un valor cercano a US$30 millones.
La urgencia financiera
Como se mencionó en un principio, todos estos planes se aceleraron por un motivo concreto: las necesidades financieras de 2027 ascienden a US$24.900 millones, según 'Econviews'.
El programa de Luis Caputo prevé cubrirlas con US$4.200 millones de organismos internacionales, US$5.000 millones del mercado local y US$1.500 millones de privatizaciones...
Solo entre AySA y las dos termoeléctricas, el Gobierno calcula US$1.100 millones. A esa cifra podría sumarse lo que finalmente se obtenga por Intercargo.
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