ECONOMÍA

LA CUESTIÓN DEL FMI

Wainfeld golpea el bombo de Alberto

La Administración Fernández sigue acumulando expectativas acerca de las consecuencias del viaje del ministro Martín Guzmán, quien carece de poder doméstico, a Washington DC.

10 motivos para complicar el viaje de Martín Guzmán a WDC:

** Ya es público y notorio que el ministro de Economía carece de autoridad decisoria en el gabinete del presidente Alberto Fernández, quien también tiene, en la opinión de muchos, un un espacio reducido.

** En WDC reciben a todos -bueno, es un decir porque al rutilante salvadoreño Nayib Armando Bukele Ortez no lo recibió nadie nadie en su reciente visita-, pero el nivel y compromiso de sus interlocutores dependerá del poder reconocido al visitante. A nadie le apetece perder el tiempo.

** La Administración Fernández ha decidido enviar al limitado Guzmán a WDC mientras en lo doméstico inicia un choque administrativo/judicial con la ex Administración Macri, que puede intentar, al menos, la citación para declaración testimonial de funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Resulta una contradicción, cualquiera lo percibe así. Y una distracción, para fundamentar postergar toda negociación. Entonces, ¿cuál es el verdadero mandato a Guzmán?

** El tema más importante: Guzmán lleva el mensaje de postergar todo hasta luego de las elecciones 2021 en la Argentina pero ¿qué garantías ofrece acerca de lo que ocurrirá luego de los comicios si, en definitiva, dependerá de un resultado, hoy incierto?

Tachín tachín

Mario Wainfeld utiliza, a veces, la escritura como si fuese un bombo militante. Hay que reconocerle un mérito: a los 72 años le pega con furia en Página/12:

"Los rumores sobre la fecha deseada para cerrar trato engrosan la agenda mediática. ¿Pronto, en invierno, después de las elecciones? En Olivos y en Economía relativizan ese dato. “Cuando pulseábamos con los privados nos apretaban diciendo que si no cerrábamos en marzo era el fin de mundo, después se corrió a abril, a mayo…”.

El acuerdo debe tener características comunes con aquel. Un plazo largo sin desembolsos para tranquilizar la economía (la frase emblema de Guzmán). Y, añadimos, “comprar” gobernabilidad.

El lapso máximo de diez años de los Acuerdos de Facilidades extendidas queda corto para las posibilidades de Argentina. Cambiar dicha regulación de modo particular suena imposible. Que se recalcule de modo general, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria mundial, es una lucecita de esperanza. Subrayamos el diminutivo.

Decidirán los socios del Fondo, los más ricos a la cabeza. La postura del presidente estadounidense, Joe Biden, será crucial. En el oficialismo no se derrama optimismo, apenas un diagnóstico modesto: “Peor que Trump no va a ser”. Fernández seguirá dialogando con sus pares del mundo tratando de armar un consenso global. Guzmán posiblemente viaje a otros países centrales.

Los plazos no asfixian pero aprietan un cacho. En 2021 hay vencimientos de deuda con el FMI y con el Club de París. Afectar reservas pondría en un brete a la Argentina justo cuando comienza a recuperarse.

Por ahora hay que negociar de modo sigiloso. Cuando se regatea es desaconsejable mostrar todas las cartas, ceder mucho en los primeros visteos. Todo arriba de la mesa pero bajo el cono del silencio.

La denuncia judicial contra ex integrantes de la administración Macri, con Mauricio a la cabeza, añade complejidad al menú, sin ser el plato principal. Sumará un argumento durante la pulseada. El Fondo quebró sus reglas para beneficiar a Macri, simétricamente podría-debería rectificarlas para que Argentina pague sin morir en el intento.

La mala praxis y los delitos: En el mensaje al Congreso, Alberto Fernández avisó que se denunciaría penalmente a los funcionarios concernidos en el acuerdo suscripto por Macri. El Coro de derecha pone el grito en el cielo. “Es una decisión política, no judiciable”. Sería positivo el giro, si existiera, de aquellos que judicializan todo, a diario.

“¿No es igual a la causa penal por el dólar futuro?” innovan, chicanean, hacen gala de no informarse. Puede no serlo. La mala praxis en gestión no es delito, más allá del daño que cause. Pero si los funcionarios violaron leyes nacionales e internacionales para consumar la acción, puede haberlo.

En esta situación vulneraron la legislación nacional. Macri resolvió solito su alma, sin pasar por el Congreso ni antes ni después de la dádiva. Además el país socio del FMI amañó un arreglo que quebraba las reglas del organismo internacional. (...)".