ECONOMÍA

PLAN POSPANDEMIA

Moyano/Grabois/UOCRA: Una alianza con $750.000 millones de por medio

La iniciativa, de sindicatos tradicionales y movimientos sociales (bajo el auspicio de la Iglesia), ya habría sido conversada con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, aunque no tiene aval oficial. Pero más allá del ambicioso plan que pretende la conformación de un fondo fiduciario con $750.000 millones, cabe remarcar que esta integración no tiene precedentes. En efecto, hasta ahora, existía desconfianza entre ambos sectores e incluso competencia por la representación de los trabajadores informales que pudieran tener un empleo formal.

La imagen de los sindicalistas Gerardo Martínez, Pablo Moyano y Sergio Sasia con Juan Grabois y otros referentes sociales, este lunes en la UOCRA fue muy significativa.

Es el primer acercamiento oficial desde el arranque de la gestión de Alberto Fernández, en el que dirigentes sindicales de mucho peso y los referentes de los movimientos sociales se unieron para tratar de apurar lo que llamaron una especie de "plan Marshall criollo" tras la pandemia por coronavirus​.

El Plan Marshall fue un programa mediante el cual Estados Unidos procuró la recuperación económica de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial a través del otorgamiento de unos 13.000 millones de dólares entre 1947 y 1952.

La presentación se concretó en el encuentro que encabezó el líder del gremio de la construcción (Uocra), Gerardo Martínez, con el referente social Juan Grabois y el sindicalista camionero Pablo Moyano. Fue el corolario de una serie de encuentros que los impulsores mantuvieron con el Jefe de Estado, la vicepresidenta y miembros del Gabinete: "El plan va en la línea que ya estamos transitando de reconvertir programas sociales en trabajo", dijo el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, según 'Ambito Financiero'.

"La iniciativa es muy ambiciosa, con que se pueda cumplir una décima parte ya sería muy significativo", dijeron en un movimiento social, según 'Clarín'. 

"Venimos trabajando con Grabois en una alianza estratégica porque tenemos un territorio que prácticamente es el mismo porque los trabajadores que represento entran y salen de la actividad, y los movimientos sociales buscan el tránsito de la informalidad a la formalidad y uno de los sectores apropiados es la construcción", dijo  Gerardo Martínez.

Este "plan de desarrollo humano integral", que se pretende erigir en un anteproyecto de ley pensado para reactivarla economía y generar empleo en las capas más vulnerables de la sociedad tendría el visto bueno del presidente Alberto Fernández y apunta a crear 4 millones de puestos de trabajo, principalmente entre la población que se desempeña en la actualidad como cuentapropistas no registrados, y otros 170.000 empleos formales.

Para tal cometido, según informa 'El Cronista', los impulsores pretenden la conformación de un fondo duciario con $ 750.000 millones aportados por el Estado, de los cuales 33% se captarían de recursos ya existentes y en manos de varias reparticiones, con los que sostener un plan de 4000 obras para urbanizar asentamientos y otorgar un salario complementario de al menos $10.000 para los informales involucrados.

En las próximas semanas, los impulsores, todos ellos dirigentes gremiales de Uocra, Smata, la Unión Ferroviaria, Camioneros, y dirigentes sociales de la UTEP, Barrios de Pie, el MTE, la Corriente Clasista y Combativa, desarrollarán una serie de charlas para profundizar el debate, enriquecerla propuesta y ampliarla base de consensos, con el objetivo primordial de incidir en el diseño del Presupuesto 2021.

Para apuntalar su propuesta, Grabois reveló que el presidente dio su opinión favorable y le encomendó incorporar a los gremios al plan que, por ese lado, impulsan Gerardo Martínez (Uocra), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Pablo Moyano (Camioneros), Laura Ávalos y Julián Domínguez (Smata). 

Además de los mencionados, la iniciativa cuenta con el aval de Esteban 'Gringo' Castro (UTEP), Daniel Menéndez (Barrios de Pie), Jacqueline Flores (MTE), Dina Sánchez (Frente Popular Darío Santillán), Cristian Romo (Movimiento Popular La Dignidad), Juan Carlos Alderete (CCC) y el economista Agustín D`Attellis.

"La construcción es un sector clave para un plan de reactivación económica nacional. Permite atender al mismo tiempo el problema del desempleo y del déficit habitacional. Consideramos que deben priorizarse como líneas de acción la provisión de servicios básicos a los barrios populares, la construcción de nuevas urbanizaciones y el desarrollo de viviendas sociales", sostiene la propuesta.

"Además, moviliza toda la economía nacional: desde la edificación en sí misma, pero también la siderurgia, madera, productos químicos, mecánicas y eléctricas, etc. Por cada trabajador empleado en la construcción se generan, en promedio, 3 empleos en el conjunto de la economía", continúa.

Y agrega: "Existe un déficit habitacional de 3,8 millones de viviendas. Asimismo, 5 millones de compatriotas viven en 4.600 barrios populares sin servicios básicos ni condiciones adecuadas de vida".

La presencia del camionero Pablo Moyano y del ferroviario Sasia se explica en que la iniciativa plantea la cuestión del transporte polimodal. "Los entramados de transporte de pasajeros y carga son asuntos estratégicos de interés nacional. De ellos depende en gran medida el desarrollo económico y territorial del país", introduce la propuesta.

Y añade: "La red ferroviaria pasaría a conectar los diferentes nodos logísticos; el camión desde el origen de la unidad de producción hacia el nodo logístico; el enlace ferroportuario sería el final de la carga de exportación".

Cabe remarcar que esta integración entre sindicalistas y dirigentes de movimientos sociales no tiene precedentes: hasta ahora, en realidad, existía desconfianza entre ambos sectores e incluso competencia por la representación de los trabajadores informales que pudieran tener un empleo formal.

Los gremios tradicionales ven organizaciones como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), integrada por Grabois, una amenaza para el sistema de recaudación sindical y de obras sociales, ya que busca ser reconocida por la CGT y que los trabajadores informales aporten a la seguridad social para tener cobertura médica y jubilación.

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