ECONOMÍA

MENDOZA

Ley Minera: 'Los Andes' le recordó a 'Página/12' los intereses de Alberto F. por el litio y el silicio

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, anunció que no reglamentará la ley 9209, que permite el uso de sustancias químicas en la minería en la provincia al modificar la 7722, para iniciar un diálogo abierto para lograr el consenso social, y su decisión fue leída como un triunfo de la movilización popular y un paso en la dirección del veto a la ley 9209, que resiste el gobierno argumentando que en el actual contexto de pobreza y falta de trabajo genuino, inserto en el escenario mayor de una economía nacional muy comprometida, lo que busca es ampliar las fronteras productivas, con generación de riqueza y trabajo, y que la minería, una actividad lícita, ofrece a Mendoza tal posibilidad. El Frente de Todos aprovechó la movida para mostrarse comprometido con la búsqueda del consenso y desde el Grupo Clarín le respondieron con los intereses de Alberto Fernández por el desarrollo del litio y el silicio.

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, anunció que no aplicará por ahora las modificaciones a la ley minera 7722 y convocó a un amplio debate en el que espera "llegar a un acuerdo" para poner en vigencia la norma.

"Esta ley hay que reglamentarla. Voy a suspender la reglamentación de la ley, con lo cual, la ley no entrará en vigencia hasta que no sea reglamentada", explicó Suarez en conferencia de prensa.

"Queremos dar el debate. Vamos a convocar a todas las entidades, a todos los que opinen, que saquemos este debate a la luz seriamente. Aquí viven mis hijos, mis nietos, aquí nací yo y voy a morir en esta tierra y lo que más quiero es cuidar el agua", subrayó el mandatario de Cambiemos.

El gobernador aseguró que "es mentira que automáticamente, porque hay una explotación minera, de inmediato hay contaminación. Es mentira, tendría que ocurrir un grave error para que suceda eso. Los mendocinos podemos hacer las cosas bien en un debate maduro. Pero este debate oculto y dogmático no nos está haciendo bien", agregó.

"Como el primer deber que tengo es garantizar la paz social y tenemos información y no queremos que los violentos ganen este debate, diciendo que hubo represión cuando no la hubo. Vamos a convocar al diálogo a todos. Al arzobispado, a las universidades, a los sindicatos, a los partidos políticos, a organismos internacionales. Voy a estar presente personalmente en el debate", manifestó.

"No voy a hacer nada en contra del pueblo mendocino. Voy a gobernar escuchando a cada uno de los mendocinos. Me anima y me mueve solamente la pobreza. Lo que queremos es cuidar el agua y que haya trabajo, trabajo de calidad", concluyó.

En tanto, ayer, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, había prometido que el Gobierno nacional "bregará por el cuidado del agua" de las cuencas que se verían afectadas por el desarrollo minero en la provincia cuyana, pero afirmó que el conflicto social lo debía resolver el gobernador Suarez.

"La ley mendocina que habilita la minería evidentemente no está obteniendo consenso social. Y es un tema que tienen que resolver el gobernador y la Legislatura. Los únicos que pueden frenar esta situación son ellos", sostuvo el funcionario nacional en una entrevista radial.

El funcionario reveló también que el presidente Alberto Fernández "está muy preocupado" por lo que está sucediendo en Mendoza y reveló que habló "varias veces" con él para hacer un seguimiento.

Fernández estuvo también reunido el lunes durante una hora en la Casa Rosada con la senadora nacional y excandidata a gobernadora de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, para poder conocer mejor el conflicto y tomar una posición, pero hasta el momento no ha hablado del tema.

'Página/12' publicó parte del comunicado del Frente de Todos Mendoza, desde el cual solicitaron la derogación de la Ley 9209 "para poder empezar el diálogo desde foja cero".

"Siempre aclaramos que se hacía frente a un proyecto de ley malo, en condiciones y tiempos que no dependían de nosotros, y sin contar con los votos para impedir las modificaciones a la Ley 7722 enviadas por Rodolfo Suarez", establecieron en un comunicado firmado por los mendocinos Anabel Fernández Sagasti, Alejandro Bermejo, Omar Félix y Marisa Uceda.

"Frente al escenario actual parece correcto el llamado al diálogo del gobernador, porque, tal como pusimos por condición, sin licencia social no se puede avanzar en cambios sustanciales para la sociedad", continuaron.

El texto también lleva las firmas de Emir Félix (San Rafael) Roberto Righi (Lavalle), Martín Aveiro (Tunuyán), Matías Stevanato (Maipú), Flor Destéfanis (Santa Rosa), Fernando Ubieta (La Paz). Lucas Ilardo, Germán Gómez, Adolfo Bermejo y Guillermo Carmona.

El mencionado matutino recalcó que, también ayer, se presentó en la Cámara de Diputados provincial el primer proyecto de "Derogación de la ley 9209". El autor es el diputado Gustavo Majstruk y acompañan la presentación sus compañeros del bloque Partido Justicialista.

La ley 7722 fue sancionada el 20 de junio de 2007, promulgada un día después y entró en vigencia el 22 de junio de ese año tras su publicación en el Boletín Oficial. Su artículo 1º dice textualmente: "A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo".      

En la nueva redacción, de la ley 9209, el artículo 1º queda modificado así:  "A los efectos de garantizar la sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales, con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico y asegurar el cumplimiento de la actividad minera de los principios ambientales de sustentabilidad establecidos (...), establécese que el uso de sustancias químicas, mezclas o disoluciones de ellas, quedará restringido a aquellas que aseguren la sostenibilidad del proyecto y estará limitado a aquellos productos cuya producción, importación y uso esté permitido en la República Argentina, y su aplicación, transporte, almacenamiento y distribución estará sujeto a las normas vigentes provinciales, nacionales e internacionales".

El diario 'Los Andes' destaca, sin embargo, que "lo que llamó la atención en Buenos Aires fue que la manifestación social se levantó a pesar, dicen, de un artículo incorporado a la reforma legislativa por impulso del peronismo: la participación ciudadana en el control ambiental por medio de la Red de Vigilancia Ambiental. 
(...)

Las leyes que habilitan a la Rosada a interferir son la de Glaciares y la de Gestión Ambiental del Agua. Y aquí, según Cabandié, se pone en juego la cuenca del río Desaguadero, un área de 360.000 kilómetros cuadrados que integra a La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires.
 
Entre los principales intereses del Gobierno de Fernández está el desarrollo del litio y el silicio. Tienen los ojos puestos en Mendoza ante el interés por el potasio. Además, destacan la investigación realizada por la UNCuyo y el Conicet para extraer litio a partir de rocas minerales. 

Incluso, la minería fue uno de los sectores a los que Fernández benefició con una baja del 12% al 8% en las retenciones a las exportaciones. La Ley de Emergencia económica lo faculta a reducir aún más las alícuotas en la reglamentación de acuerdo al grado de valor agregado que incorpore el sector. 

La industria minera pasó de tener exportaciones por 2.210 millones de dólares en 2015 a 3.900 millones en 2018. La impulsó la quita de retenciones y la liberación del mercado cambiario, lo cual daba la posibilidad a las empresas a girar utilidades a sus casas matrices. 

El año en que más facturó desde que comenzó el siglo fue  2004, con exportaciones por 6.353 millones de dólares. Durante el kirchnerismo creció, pero muchos proyectos entraron en jaque a partir de 2011 por el cepo cambiario. Ahora, en el Gobierno estiman que se puede alcanzar ese récord en cuatro años. 

En la Argentina hay actualmente 77 proyectos mineros: tres están en construcción; 15 en previa económica (buscando financiamiento); 27 en exploración avanzada; 11 en factibilidad y prefactibilidad; uno en proceso de cierre y uno en reingeniería; y 15 en plena producción. 
 
De todos ellos, uno es de carbón y uno de hierro; doce de cobre; veinte son de litio; veinticuatro de oro; nueve de plata; uno de plomo; dos de potasio; y siete de uranio. De todos ellos, tres están en Mendoza (la provincia del conflicto), donde hay potencial en uranio, oro y potasio.

Según datos del sector, hay 850 empresas mineras con operaciones en el país, muchas de las cuales trabajan asociadas en distintos eslabones de la cadena dado que nueve de cada diez son pymes que concentran el 40% del empleo del rubro. 

La minería es el cuarto complejo exportador de la Argentina. Pero para algunas provincias su desarrollo es clave. De acuerdo a un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), este rubro explica el 80% de las de las exportaciones de Catamarca, el 74% de las de San Juan y el 71% de las de Santa Cruz."

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