Con un piso de 1.276.000 empleos menos en 2021, urge analizar la cuestión laboral

A partir de ello y con el dato concreto de que el tercer trimestre cerró con 1.276.000 empleos menos que el mismo período del año pasado, el economista Martín Tetaz elaboró su último informe en el cual plantea los problemas que le deparan a la econmía siendo que además esa cifra hacia el final de año solo puede representar un piso de la realidad actual.

Si bien plantea que "buena parte" es "por las consecuencias de la cuarentena", remarca que "el Covid no hizo más que desnudar la inseguridad de las relaciones laborales; doble indemnización, prohibición de despidos y trabajadores que aunque la gente vuelve a los bares y circula casi con normalidad, no quiere volver a trabajar, amparándose en que todavía no está la vacuna, aunque no sean personas de riesgo".

Remarca que "el gobierno planteó la hipótesis de que lo que trababa el crecimiento era la deuda, pero sin embargo después de haber reestructurado con una quita en valor presente del 45% y despejando los vencimientos de los próximos 4 años, el riesgo país cerró la semana en 1385 puntos y bonos líquidos como el AL30 rinden 16,41% anual en dólares; una locura en un mundo donde los títulos norteamericanos a 10 años pagan 0,94% y los alemanes -0,58%.

En buena medida el riesgo es alto porque no está para nada claro que el país pueda cumplir con sus compromisos si no crece y porque todas las señales indican que en todo caso, más allá del eventual rebote, el desempeño será discreto. Para ilustrar el punto, el colega Fausto Spotorno mostró el viernes un gráfico en el que vemos que el capital por trabajador potencial cayó 20% en la última década. Con ese stock Argentina es 20% mas pobre que en 2012, si todo sale bien. Está claro que la única forma de transformar esa realidad es con inversión, pero lo que no es evidente es que los incentivos estén correctamente alineados para que ese proceso ocurra."

En ese sentido se plantea "¿a qué estamos apostando?" y comienza descartando el sector externo:

"Un gobierno que aumenta el sesgo antiexportador de su política comercial subiendo retenciones y pagando un tipo de cambio controlado a los productores (por debajo del de mercado) y donde Cristina acaba de decir en La Plata que hay que controlar los precios de los alimentos con instrumentos de regulación de exportaciones como los ROE, que en la práctica solo lograron multiplicar la corrupción, desalentar la siembra de trigo ( la superficie sembrada cayó desde 6 millones de hectáreas en 2007 a 4,4 millones en la campaña 2015/16, para escalar a 6,9 millones de hectáreas sembradas en 2019, ya sin restricciones sobre las exportaciones) y reducir el stock bovino (se perdieron 10.000.000 de cabezas entre 2007 y 2011), solo puede conducir a menores exportaciones". 
 
En cuanto a "las nuevas leyes de software y de teletrabajo tampoco promueven inversiones en servicios basados en el conocimiento y tecnología, al tiempo que la única chance del turismo es transitoria y siempre y cuando los extranjeros accedan al mercado paralelo para liquidar sus divisas".

Sostiene también que "el modelo de sustitución de importaciones es ineficiente, caro, pero sobre todo insostenible desde el punto de vista de las divisas".

Por el lado de la construcción privada, afirma que si bien motorizará la recuperación por la brecha entre el precio de mercado de los inmuebles y el costo de construcción, "ese proceso reactivador se comerá su propia ventaja al presionar costos hacia arriba y precios hacia abajo, agotándolo". Y en cuanto a la obra pública, dice que "es poco probable que lidere dada las deficientes capacidades de gestión demostradas hasta el momento, sin mencionar que la política y la productividad no se llevan muy bien".

En ese marco, concluye que la "Argentina necesita definir un norte y construir condiciones para que crezca la inversión, desde ventajas impositivas como un mínimo no imponible del impuesto a las ganancias (el 35% de cero es cero), la amortización acelerada de los bienes de capital y el reconocimiento pleno de la inflación en los balances, hasta un nuevo régimen para la litigiosidad laboral, pasando por un acuerdo político con los gremios que garantice la operatividad de las plantas terminando con los peajes y las extorsiones, a cambio de estabilidad en las remuneraciones y participación de los trabajadores en las ganancias, redistribuyendo entre la nómina una porción del impuesto a las ganancias."