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Alerta por otro 'caso Badaro'... el que obligó a la Anses a pagar millonarios reajustes

Lun, 27/01/2020 - 1:10pm
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Por Urgente24

De no cumplirse el aumento estipulado según la ley de movilidad para marzo y junio (del 11,56% para marzo y cerca de 14% para junio, según la ley suspendida), se podría dar una catarata de juicios. Los especialistas hablan de un nuevo caso Badaro. A ello se suma como problema, la reforma realizada a fines de 2017 por la que ya existe un atraso por aplicación de los topes jubilatorios.

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Con la Ley de Solidaridad Social y Emergencia Productiva sancionada en diciembre pasado, el Gobierno congeló por 180 días la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria para determinar un nuevo esquema de ajuste que sea sostenible para las arcas del Estado y también de los beneficiarios que cobran la mínima.

Luego se mencionó la posibilidad de dar un aumento por decreto con suma fija para todos los jubilados durante el mes de marzo aunque todavía no está definido el monto.

"Si no se cumple con la movilidad en el primer semestre del año va a haber miles de juicios porque ya está devengado el aumento para los jubilados y es un derecho adquirido", explicó Andrea Falcone, abogada previsional.

Sostuvo que sería distinto si el Gobierno modificara la ley y cambiara la forma de calcular la movilidad en un sentido solidario pero a partir de julio y no ahora. "Todo aquel jubilado que no cobre lo que está estipulado hoy para marzo y junio, que totaliza un aumento del 28%, va a hacer juicio. Sobre todo teniendo en cuenta que los jubilados con mayores haberes tienen abogados y van a reclamar", advirtió.

"Sin dudas que esto puede generar nuevos casos como el de Badaro aunque en este caso se trata de jubilados que cobran más haberes", agregó.

El jubilado Adolfo Badaro, que obtuvo sentencia en 2007 en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, era un ex conductor de buques que percibía más de $1000 de jubilación cuando estalló la convertibilidad. Desde ese momento y hasta diciembre de 2006, recibió un sólo aumento de 11%, contra una inflación del 91,2%, y una suba de los salarios de los trabajadores activos del 88,6%, según las estadísticas oficiales.

"Están generando problemas judiciales. De seguir por este camino se puede gestar un nuevo caso Badaro sin lugar a dudas. Estas diferencias entre lo que se le da a los jubilados que menos cobran y lo que se les da a los que más cobran, sumado a paritarias con aumentos importantes, va a generar las condiciones para que se genere un nuevo caso Badaro", insistió Federico Bobrovsky, abogado previsionalista del estudio homónimo.

Para Bobrovsky, el Gobierno podría haber suspendido la movilidad para que no se devengue otro período a partir de septiembre. "Pero este período de acá a junio lo tenés que pagar sí o sí", aclaró.

Silvia Arce, abogada y socia del estudio Jubilarnos.com, se expresó en el mismo sentido: "Ya los aumentos de marzo y junio están devengados por una ley existente. Los aumentos se calculan según semestres anteriores. Con la ley de movilidad se sabía que los jubilados iban a cobrar en marzo el 11,56% y en junio entre un 14 y un 15%".

"Una cosa es que la ley esté suspendida y después en septiembre y diciembre podes bajar el aumento. Pero lo que ya tiene efecto para marzo y junio es un derecho adquirido. Van a generar una contingencia previsional si no dan el aumento previsto. Falta definir cuál va a ser la medida concreta del Gobierno. Todos los que queden fuera del aumento del 11,56% van a poder iniciar juicio porque les generan un perjuicio. Es totalmente probable que se venga una ola de juicios en el caso que haya jubilados que no tengan aumentos del 11,56% en marzo y del 14% en junio, que son subas ya devengadas", concluyó.

Según explica el diario 'Ambito Financiero' esta mañana, el riesgo de juicios se incrementa por el "arrastre" del cambio de índices 2017.

Sostiene que mientras el Gobierno afina el lápiz para definir el proyecto de ley para la nueva movilidad jubilatoria que en un mes debería empezar a discutirse en el Congreso, la fórmula que aplique para el "achatamiento" de la pirámide se enfrenta a la amenaza de la judicialización por un lado por, como se mencionó anteriormente, el fantasma "Badaro", aunque no a corto plazo: es que aún resta dirimir una serie de expedientes de peso que quedaron relegados de la agenda de jurisprudencia previsional. 

Ahí menciona el denominado "Defensor del Pueblo", que trata respecto a una acción colectiva, cuyo trámite excede la década; y otro es el reciente cambio en la movilidad dispuesto por un índice votado a fines de 2017 en plena era Cambiemos. Ese caso ya arrastra en todas las instancias inferiores una mácula de inconstitucionalidad en el artículo 2 que marcaba el inicio de su vigencia, pero sobre un monto que era considerado "derecho adquirido". Este 'issue' es uno de los puntos de contacto que deberá sortear el nuevo diseño que planteará el Poder Ejecutivo para evitar una ola de litigios.

Pero hay un problema adicional: desde la reforma realizada a fines de 2017 ya existe un atraso por aplicación de los topes jubilatorios. La judicialización por ahora está encabezada por el caso individual de Miguel Ángel Fernández Pastor. Sin embargo, dentro del universo de haberes altos podría darse el ejemplo de que ese atraso no representase un 15% de detrimento, algo que ya tiene jurisprudencia respecto al derecho de propiedad, lo que haría que una detracción mayor traspase ese porcentaje y pueda ser considerado "confiscatorio". Por ende, el grupo de jubilados de haberes altos que con un nuevo índice superasen ese 15%, estarían habilitados -por efecto arrastre- a litigar ahora con cualquier cambio en la movilidad que contemplaría las consecuencias de la reforma previsional de 2017.

Otra faceta que los abogados previsionalistas miran con atención para determinar si habrá o no un aluvión de juicios, es si para las jubilaciones máximas hay montos fijos, no sería necesario que para litigar esperen a junio porque podrían considerar que el "daño" ya es evidente por el monto, ya ni siquiera por el porcentaje. En ese escenario, el empalme sobre quienes atravesaron la modificación de 2017 y que ya cobraron una suma inferior en marzo de 2018 (por haberse hecho un cálculo inferior) ya contaban con 3 meses de atraso, por lo que quedarán a las puertas de iniciar juicio.

En este sentido, el Gobierno estaría haciendo cálculos sobre la cantidad de afectados, cuántos finalmente deciden embarcarse en la judicialización de los casos (el efecto desánimo ingresa en la contabilidad), y cuánto pueden estirarse los plazos para el pago efectivo de las sentencias.