El plan de facilidades de la AFIP para pagar lo que Cristina complicó

El superávit fiscal primario perdido revela graves problemas en la generación de ingresos públicos. El gasto sube y no bajará en un año electoral. Además la recaudación no se repuso desde 2012 y se encuentra afectada por la estanflación.

El año pasado la Afip impulsó la recategorización de monotributistas y autónomos, intentando sumar más ingresos del sector. Si bien no hubo moratoria como planteábamos en 2012, este 25/03 el organismo que preside Echegaray presentó un nuevo plan de facilidades de pago a 10 años que permite a empresas y particulares cancelar impuestos adeudados en hasta 10 años con un interés del 1,35% mensual, excepto para algunos sectores como las cerealeras a quienes el Gobierno presiona para que liquiden los dólares de la cosecha.

A continuación las opiniones y el análisis de los principales columnistas de los matutinos de este 26/03:

Mariano Spezzapria, en diario El Día:

El amplio plan de facilidades lanzado por el Gobierno nacional para saldar deudas impositivas, aduaneras y de recursos de la seguridad social revela la intención de la Casa Rosada de sostener el financiamiento público por otras vías que no lleven al incremento de la emisión monetaria, una de las principales causas de la elevada tasa de inflación que padece la Argentina.

Según pudo saber EL DIA, la medida puede ser interpretada como un primer intento del gobierno nacional para poner cierto orden en las variables más delicadas del modelo. La emisión monetaria, que aumentó un 38 por ciento en 2012, por encima de la inflación del 25 por ciento, es justamente uno de los aspectos que el equipo económico oficial buscaría poner en caja este año.

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“Esta medida es una alternativa que apunta a sostener el financiamiento público tratando de no volver a los niveles de emisión de 2012, los cuales tuvieron los resultados que todos vemos en las góndolas en materia de precios y en las tapas de los diarios con la cotización del dólar ilegal”, dijo el economista Matías Tombolini, de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Las dificultades de caja que afronta el Tesoro Nacional, a raíz de las restricciones en el acceso al mercado internacional de crédito y de la merma de las reservas del Banco Central, llevaron al Gabinete económico a analizar una serie de medidas en una reunión con la presidenta Cristina Kirchner en la quinta de Olivos, a su regreso del Vaticano tras el encuentro con el Papa Francisco.

PRIMERA MEDIDA

La reunión tuvo carácter de urgente, ante la disparada del dólar paralelo, que estuvo cerca de los 9 pesos la semana pasada. En este contexto, el plan lanzado por la AFIP -cuyo titular Ricardo Echegaray habría sido cuestionado internamente en el Gobierno- es la primera de una serie de medidas que prepararía el gabinete económico para hacerle frente a las dificultades coyunturales.

“La emisión funciona como potencial presión inflacionaria, aunque no digo que la inflación sea necesariamente monetaria. Pero aquí sí tiene influencia, con semejante niveles de emisión”, explicó Tombolini ante una consulta de EL DIA. Y agregó que la moratoria es menos impopular que la creación de un impuesto, en un país donde la presión fiscal trepa al 37 por ciento del Producto Bruto.

EFECTO BONAERENSE

Los problemas fiscales que afronta el gobierno nacional, evidenciados en medidas como la que acaba de lanzar la AFIP, también explican en parte los motivos por los cuales la Casa Rosada no accedió aún a brindar ayuda financiera a la Provincia de Buenos Aires, donde la administración de Daniel Scioli afronta reclamos salariales de gremios estratégicos como los docentes.

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En medio de la estrechez financiera, la carga tributaria provincial y municipal se incrementa: “Al haber aún elevados niveles de evasión, la presión sobre los que efectivamente pagan impuestos es mucho mayor”, dijo Tombolini. Así, la cadena de reclamos por falta de recursos abarca a los tres niveles de gobierno, que a su vez buscan fondos extra entre las familias y las empresas.

En la Provincia, por caso, la Agencia de Recaudación radicó ante la Justicia penal platense las primeras denuncias de evasión en el marco de la Ley Penal Tributaria. Esa normativa nacional incluye penas de prisión para quienes cometan delitos vinculados a la cuestión impositiva. “Se inicia una nueva etapa en el combate a la evasión”, dijo el titular de ARBA, Martín Di Bella.

A su vez, los municipios buscan vías alternativas de financiamiento y crean nuevas tasas, algunas de ellas muy polémicas como las que gravan a los combustibles. También comenzaron a cobrar impuestos a las telefónicas por las antenas que permiten las comunicaciones de celulares e internet. Y hay distritos que perciben un plus de las embarcaciones amarradas en sus costas.

A nivel nacional, la moratoria de la Afip buscará reducir el déficit primario de las cuentas públicas, que en 2013 podría llegar a los 50.000 millones de pesos según estimaciones privadas. El Gobierno de Cristina Kirchner ya había puesto en práctica una medida similar en 2009, un año muy complicado en materia económica. “Necesitamos que paguen”, dijo este lunes Echegaray.

En efecto, si Nación no logra recaudar más, deberá aplicar algún ajuste para no seguir desbalanceando las cuentas públicas. Tras la cumbre de Olivos, volvieron a estar en la mira los millonarios subsidios estatales a diversas ramas de la economía, como el transporte y la energía. Aunque también sería difícil para la Casa Rosada iniciar un recorte en medio de un año electoral.

Ricardo H. Ferraro, en Ámbito Financiero:

Cuando en la presentación del Régimen Especial de Facilidades de Pago, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray señaló que la medida es con carácter "de excepción", y no implica "una condonación total o parcial, de deudas o liberación de los correspondientes accesorios" y que "la cancelación de las obligaciones, multas y cargos suplementarios con arreglo a este régimen, no implica reducción alguna de intereses resarcitorios y punitorios, como tampoco liberación de las pertinentes sanciones", dejó aclarado que la Resolución General 3.451 no importa una moratoria, sino simplemente de una herramienta que busca oxigenar a los contribuyentes otorgándole la posibilidad de financiar a largo plazo sus obligaciones tributarias pendientes.

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Las moratorias, sobre las cuales Argentina tiene una vasta experiencia, deben ser impuestas por ley del Congreso y en su mayoría contemplaron quitas, reducciones y condonaciones. Con el régimen aprobado no hay perdón ninguno. La resolución general ofrece una fuente de financiamiento por parte del Estado pero no un perdón de las consecuencias que pueden derivarse de lo declarado, presentado o pagado.

El régimen de facilidades de pago que rige desde hoy, tiene carácter excepcional; es decir fenece el 31 de julio y comprende las deudas al 28/2/13. A la vez, la RG 3.451, derogó el régimen de facilidades de pago permanente (RG 2.774).

Cabe señalar que el carácter "de excepción" que se le reconoce al régimen surge de los considerandos de la norma aparecida este lunes en el Boletín Oficial, no de la parte dispositiva.

Así las cosas, de no mediar una prórroga en la vigencia de la RG 3.451, a partir del 31/7/13 los contribuyentes no contarán con ninguna posibilidad de pagar sus impuestos mediante planes de cuotas, salvo la RG 2.218 que sigue vigente y permite pagar en tres cuotas los saldos de impuesto de las declaraciones juradas de los impuestos a las Ganancias Personas Físicas y Bienes Personales.

En otras palabras, a partir del 1/8/13, prácticamente no habrá planes de facilidades permanentes para cancelar los tributos. De ser así, las empresas deberán buscar crédito bancario para hacer frente a las obligaciones fiscales cuando no se tenga la liquidez necesaria para ello.

Esta situación también se vio reflejada en las palabras del administrador federal: "Espero que a futuro los bancos propongan una línea de créditos con tasas accesibles para el pago de impuestos ya que no le corresponde hacerlo al Estado".

Hernán de Goñi Subdirector Periodístico de El Cronista:

Al Gobierno no le gusta dar explicaciones de sus decisiones económicas, sobre todo cuando percibe que esa comunicación lo obligaría a borronear parte del relato político que la da identidad a su gestión. La época en la que el kirchnerismo se jactaba de tener superávit gemelos quedó muy atrás, y aunque el superávit comercial subsiste gracias a los precios de las materias primas, desde 2011 no alcanza para cubrir el persistente rojo en la balanza financiera, causado por la salida de capitales. El 2012 también marcó un punto de quiebre en la solvencia fiscal, ya que pese a las ayudas de la ANSeS y el BCRA, el año que cerró con un déficit primario de $ 4300 millones.

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Este contexto no está reconocido en el discurso oficial, pero sí en los hechos. La inconsistencia cambiaria alienta la suba del dólar blue, porque el mercado percibe que se necesita una corrección del tipo de cambio para sostener a los exportadores. El Gobierno necesita emitir menos para descomprimir la inflación (que también presiona los costos en dólares de las empresas), pero no lo podrá hacer si no obtiene recursos fiscales sustitutos. Como se ve, el plan de pagos lanzado por la AFIP (idéntico al promovido en 2009 para cubrir el impacto de la crisis financiera global) no nace de la generosidad del Poder Ejecutivo, sino de sus necesidades.

Néstor Scibona, en La Nación:

Aunque apareció por sorpresa, como casi todas las medidas económicas, el régimen de facilidades de pago dispuesto ayer por la AFIP para que algo más de 1.700.000 contribuyentes morosos puedan pagar deudas tributarias contraídas hasta hace menos de un mes en hasta 120 cuotas mensuales (10 años) revela que el gobierno de Cristina Kirchner necesita hacer "caja" en este año electoral porque gasta más de lo que recauda.

Pero la resolución contiene un controvertido aditamento político, que Ricardo Echegaray se encargó de precisar con nombre y apellido: como "exclusión subjetiva" deja fuera de su alcance a ocho cerealeras nacionales y multinacionales, a las que denunció penalmente por antiguas deudas que, en conjunto, estimó ahora en 951 millones de dólares.

Esto marca una diferencia explícita dentro del nuevo régimen general, que sí incluye otras deudas en discusión administrativa o judicial y el archivo de las actuaciones, a cambio de que los imputados desistan de toda acción posterior o reclamo de derechos.

La excepción a las cerealeras se suma a las fuertes presiones de la AFIP para que liquiden divisas y reaviva una disputa judicial que se remonta a 2008, cuando la denominada ley Martínez Raymonda dejó una zona gris sobre el pago retroactivo del aumento de retenciones dispuesto por Néstor Kirchner a fin de 2007.

Contra lo que establecía esa ley, el cálculo de deudas fue realizado por la desaparecida Oncca, a cargo entonces de Echegaray, y cuestionado por las empresas afectadas, que presentaron reclamos administrativos o judiciales en distintas jurisdicciones que aún no fueron resueltos. De ahí que las compañías argumenten que esta nueva medida significa otro apriete y presupone un prejuzgamiento. Incluso, las que intentaron pagar se encontraron con la exigencia de una tasa de interés de 3% mensual.

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Al margen de esta disputa (que también se extiende a la interna entre Echegaray y Guillermo Moreno), el nuevo plan general de pagos no constituye una moratoria desde el punto de vista técnico, ya que no reduce el capital adeudado ni condona multas ni intereses punitorios y resarcitorios. Pero en la práctica, al establecer una tasa de 1,35% mensual -inferior a la verdadera inflación-, coloca en desventaja a quienes se ocuparon de mantener sus obligaciones al día, pese a la mayor presión tributaria derivada de la desactualización de bases y escalas de varios impuestos (como Ganancias y Bienes Personales). Incluso, resulta comparativamente más ventajosa que el régimen que acaba de anunciarse para impuestos bonaerenses, que prevé hasta 96 cuotas con un interés de 2% mensual sobre saldos.

El fondo de la olla

Más que nada, apunta a "rascar el fondo de la olla" para subir la recaudación. No es tan amplio como parece, porque establece una docena de exclusiones "objetivas", entre ellas, retenciones y percepciones impositivas y previsionales, cuotas de ART, aportes a obras sociales, etc. Pero tiende a regularizar deudas de monotributistas, autónomos y contribuyentes de Ganancias y Bienes Personales, con financiación a largo plazo.

La resolución 3451 de la AFIP reconoce en sus fundamentos que se trata de una "medida contracíclica", destinada "al desarrollo estructural de las empresas, a la generación de empleo, al mantenimiento de las fuentes de trabajo y al fortalecimiento del poder adquisitivo de los ciudadanos". Una manera elegante de admitir que el estancamiento de la actividad económica del último año complicó el pago de impuestos y todos aquellos objetivos.

Pero, a diferencia del régimen similar aplicado en 2009 (con menos cuotas e intereses) y que hasta incluyó un blanqueo de capitales (sospechado de tener destinatarios digitados), ya no puede atribuirse a la recesión de la economía mundial: la estanflación de 2012 es producto del giro en la política económica del Gobierno, que, con el cepo cambiario, las trabas a importaciones, el uso de las reservas, el abuso de la "maquinita" del Banco Central para cubrir el déficit fiscal y los permanentes cambios de reglas, provocó un desplome en la inversión y un freno en la creación de empleos privados formales.