Contrabando: UIA revela que el 59,7% de las empresas se ven perjudicadas

La UIA reclamó contra el contrabando.

Un relevamiento de la UIA reveló que el 59,7% de las empresas considera alto o muy alto el efecto del contrabando sobre su actividad. El organismo aduanero trabaja en una herramienta tecnológica para detectar irregularidades en los valores declarados de las importaciones.

La competencia con productos que ingresan al país de manera irregular se convirtió en una preocupación creciente para la industria argentina. En un contexto de demanda debilitada, los empresarios advierten que el contrabando y la subfacturación de importaciones profundizan la presión sobre las ventas, los precios y la rentabilidad, por lo que reclamaron mayores controles ante las autoridades de la Aduana, según publicó Infobae.

El diagnóstico quedó expuesto durante una reunión del comité ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), realizada el martes 06 de octubre en la sede de la entidad. Del encuentro participaron el director general de Aduanas, Andrés Velis; la directora adjunta, María Eugenia Rodríguez Campos; y la subdirectora de Control Aduanero, Samanta Franco.

Uno de los principales datos que llevaron los industriales fue el resultado de una encuesta de septiembre del Centro de Estudios de la UIA, realizada entre 628 empresas. El 59,7% de las consultadas calificó como alto o muy alto el impacto del comercio ilegal y el contrabando sobre su actividad.

La incidencia es todavía mayor en determinadas ramas productivas. En metales comunes, la proporción alcanzó el 88,2%; en el sector textil, el 84,6%; y en confecciones, cuero y calzado, el 76,2%.

Inteligencia artificial para detectar irregularidades en la Aduana

Entre los reclamos, la subfacturación ocupó un lugar central. Esta práctica consiste en declarar valores inferiores a los reales para reducir los impuestos que deben pagarse por una importación. Según los empresarios, la eliminación de los valores de referencia generó situaciones que dificultan la competencia con la producción nacional.

Frente a ese escenario, las autoridades explicaron que trabajan en un sistema de inteligencia artificial para identificar operaciones cuyos precios se alejen de las referencias internacionales. El proyecto contempla un acuerdo con Microsoft para utilizar infraestructura en la nube y procesar información sobre cantidades y valores de las mercaderías ingresadas.

La herramienta permitiría cruzar los volúmenes importados con los precios declarados y detectar posibles inconsistencias. Aunque desde la UIA señalaron que el desarrollo está avanzando, durante la reunión no se confirmó una fecha definitiva de implementación. En la Secretaría de Comercio estiman que podría estar operativo hacia fin de año.

Controles y mercadería incautada en las fronteras

El contrabando también puso sobre la mesa las limitaciones operativas de la Aduana. Los funcionarios reconocieron dificultades de infraestructura, equipamiento y tecnología, además de mencionar la posibilidad de acceder a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los industriales solicitaron reforzar los controles fronterizos, ampliar los horarios de atención, incorporar escáneres y mejorar la capacitación de los agentes. También propusieron implementar declaraciones electrónicas anticipadas, perfiles de riesgo y auditorías posteriores, junto con la participación de especialistas sectoriales.

Otro frente es el comercio electrónico. Según lo expuesto en la reunión, la Aduana avanzó en acuerdos con Meta y Mercado Libre para facilitar denuncias y retirar publicaciones de productos ilegales, aunque los empresarios advirtieron que las ofertas pueden reaparecer desde otras cuentas.

La UIA también pidió revisar los procedimientos para disponer de mercadería decomisada, ante la preocupación por productos que podrían regresar al mercado mediante subastas.

El 33,2% de las empresas encuestadas reclamó fortalecer los controles aduaneros. Con ese diagnóstico, la entidad busca establecer un canal directo de diálogo con el organismo para aportar información y coordinar medidas. El desafío será mejorar la fiscalización sin dejar que las irregularidades sigan erosionando la competitividad de la industria formal.