"(...) En su declaración sobre Latinoamérica días antes de asumir, Obama también cuestionó al teniente coronel Hugo Chávez. Dijo que impedía el progreso de la región, exportaba actividades terroristas y respaldaba a las FARC. Ese estereotipo trivial no coincide con la evaluación positiva que hacen del gobierno bolivariano la mayoría de los países de la región e ignora el llamamiento al desarme de la más antigua guerrilla del continente que Chávez hizo público el año pasado. En respuesta a la crítica abstracta de Obama, Caracas reclamó la concreta extradición de Luis Posada Carriles, un exiliado cubano con nacionalidad venezolana que de-sempeñó altos cargos en la Inteligencia de Caracas y que huyó luego de nueve años de prisión por la voladura de un avión cubano que transportaba a una delegación de atletas, en lo que The New York Times llamó "el primer acto de terrorismo en pleno vuelo en el Hemisferio Occidental".
(...) El mapa de gobiernos populistas y autónomos de la región tiene apenas un lustro y puede variar según los humores sociales, mientras el soslayado Sistema Interamericano mantiene desde hace tres décadas un historial consistente de protección de los derechos de los pueblos frente a los atropellos de los gobiernos. Este año se cumplen precisamente los 30 de la histórica visita de la Comisión a la Argentina, que estableció la magnitud y la gravedad del problema de los detenidos-desaparecidos y fue el principio del fin de la dictadura. Su utilidad no ha menguado en democracia. En la Argentina sirvió para derogar el desacato. Chile acaba de crear un mecanismo de acceso a la información pública como consecuencia de un caso ante el Sistema y designó como director del órgano de aplicación al abogado que hizo la denuncia.
Chávez tiende a descalificar al Sistema en bloque, como si fuera un apéndice de la voluntad del gobierno estadounidense. Se basa en lo sucedido durante el golpe de Estado en abril de 2002, que frustró la reacción popular y la de algunas unidades militares. Según Chávez, la Comisión Interamericana reconoció al gobierno usurpador sostenido por Bush. La CIDH sostiene que el reconocimiento es una función de los órganos políticos y que lo único que hizo fue requerir informes por la situación de Chávez, ante una denuncia presentada por la ONG colombiana MINGA, que defiende los derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes. Para ello se dirigió al canciller de los golpistas, del mismo modo que lo había hecho en las décadas anteriores con las dictaduras de Pinochet y Videla en defensa de los perseguidos. Es cierto que el comunicado 14/02 de la Comisión Interamericana se refirió en forma ambigua a "la destitución o renuncia de Chávez", pero también que mencionó en forma inequívoca a "las autoridades que detentan el poder", es decir ilegítimas. Además deploró los actos de los golpistas, que "podrían configurar los supuestos de interrupción del orden constitucional contemplados en la Carta Democrática". No tanto como hubiera sido necesario ante un hecho gravísimo, pero tampoco menos que los gobiernos y los órganos políticos de la OEA, donde estuvo el principal déficit.
Un nuevo conflicto entre el Sistema Interamericano y la institucionalidad bolivariana se desarrolla desde diciembre, cuando la sala constitucional del Supremo Tribunal de Justicia decidió no ejecutar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de tres jueces venezolanos destituidos sin las garantías del debido proceso. El tribunal interamericano había ordenado reponerlos en sus cargos o indemnizarlos, pero la justicia venezolana se arrogó el derecho de revisión de constitucionalidad del fallo y además pidió al Poder Ejecutivo que denunciara la Convención Americana de Derechos Humanos, "ante la evidente usurpación de funciones en que ha incurrido la Corte Interamericana". No es así. La Constitución bolivariana de 1999 y la Argentina de 1994 establecieron la jerarquía constitucional de la Convención Americana y otros tratados y convenciones sobre derechos humanos.
(...) Hasta ahora, Chávez ha tenido el tino de no acceder al pedido del Tribunal Supremo y ya anunció que los representantes de su gobierno participarán esta semana en una audiencia ante la Corte Interamericana en el caso de otro juez separado de su cargo y en dos denuncias de periodistas de Radio Caracas Televisión (RCTV) y de Globovisión que fueron agredidos y no contaron con protección estatal. Al remitir el caso a la Corte, la Comisión Interamericana fue muy crítica con esos medios por su rol en el golpe de 2002. Cualquiera sea el resultado, el sólo nombre de RCTV acelera todos los corazones en la polarizada Venezuela. La CIDH tiene pendiente el tratamiento de la denuncia de la emisora por la no renovación de su licencia y nada sugiere que pueda considerar admisible el reclamo: los instrumentos legales que dieron por extinguida la licencia son impecables y plantean el ejercicio de un derecho indiscutible. Tampoco tendría viabilidad ante la Comisión el reclamo del ex juez supremo argentino Eduardo Moliné O’Connor, quien gozó de las garantías del debido proceso que no tuvieron sus colegas venezolanos.
La idea de un Sistema Interamericano conducido por el gobierno estadounidense y encaminado a desgastar a los gobiernos populistas de la región no resiste el análisis. El país que más observaciones, medidas cautelares y condenas ha recibido no es Venezuela ni Cuba, sino Colombia, el principal protegido de Washington. Por eso, siempre figura en el capítulo IV del informe anual, donde se enumeran las violaciones más graves. Las organizaciones colombianas defensoras de los derechos humanos valoran el sistema, al que recurren en forma habitual y donde han encontrado permanente apoyo. Muchas de sus decisiones han permitido la reapertura en la justicia civil de causas contra militares y paramilitares absueltos por tribunales militares. (...)",
Horacio Verbitsky, domingo 25/01/2009, Página/12.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). ¿Quiénes son las autoridades del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)? Horacio Verbitsky - presidente Laura Jordán de Conte - vicepresidente Patricia Valdez - secretaria Carmen A. Lapacó - tesorera Vocales: Carlos Acuña
Eduardo Basualdo
Fanny Bendersky
David Blaustein
Eduardo de la Serna
Luis Fara
Damián Loreti
Matilde Mellibovsky
Victorio Paulón
Silvina Ramos
Julieta Rossi
Sofía Tiscornia Gastón Chillier - director ejecutivo Andrea Pochak - directora ejecutiva adjunta El CELS tiene una histórica relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que depende de la Organización de Estados Americanos. Pero, a la vez, el CELS apoya el proceso bolivariano que lidera Hugo Chávez Frías en Venezuela. Pero la CIDH y Chávez se enfrentan duramente desde hace algún tiempo. ¡Qué momento para el CELS! Sin embargo, no sorprende que haya tomado partido por la CIDH, considerando todo lo que hay en juego en su lobby ante la Organización de Estados Americanos y la Corte Interamericana de Justicia.
Comunicado del CELS sobre Hugo Chávez: "El pasado miércoles, la Comisión, en ejercicio de su facultad de realizar informes acerca de la vigencia de los derechos humanos en los países de América, publicó sus observaciones sobre Venezuela. Allí puntualizó que, si bien existen avances en materia de salud y educación, persisten serias violaciones a otros derechos y garantías reconocidos en los instrumentos del sistema interamericano. Como consecuencia, el actual mandatario venezolano agredió públicamente a la Comisión a la que calificó como "una mafia", anunció que su país dejará ese organismo y se pronunció en contra de la Organización de Estados Americanos. Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, consideró que "las declaraciones realizadas por el presidente Chávez deslegitiman la actuación de uno de los organismos que mayor incidencia ha tenido en la protección de los derechos humanos y la consolidación de las democracias de la región". "Frente a las más crueles dictaduras de Latinoamérica, la Comisión cumplió un rol fundamental en la recepción de denuncias y la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas y sus familiares. Más tarde, a medida que los Estados americanos retornaron a la democracia, promovió de manera activa y permanente la modificación de legislaciones y prácticas contrarias a los tratados internacionales de derechos humanos que los estados del continente se comprometieron a respetar", precisó Chillier.
En Argentina, por ejemplo, la actuación de la Comisión resultó esencial para alcanzar la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final que impidieron durante casi veinte años el juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Sus intervenciones también resultaron decisivas para alcanzar la reforma del Código de Justicia Militar que, entre otras cosas, contemplaba la aplicación de la pena de muerte, eliminar el delito de desacato del Código Penal; y modificar la legislación en materia de calumnias e injurias para suprimir la aplicación de estas figuras penales para expresiones sobre interés público. La falta de una condena enérgica por parte de la Comisión al golpe de estado ocurrido en Venezuela en abril de 2002, no es motivo suficiente para deslegitimar el importante rol que cumplió este organismo durante más de treinta años de actividad. Por la misma razón, la reacción del presidente venezolano resulta desproporcionada. El fortalecimiento de los sistemas de protección de derechos, lejos de ser visto como una amenaza, debe ser asumido desde los Estados americanos como un límite frente a los abusos y una herramienta para fortalecer los sistemas democráticos."
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). ¿Quiénes son las autoridades del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)? Horacio Verbitsky - presidente Laura Jordán de Conte - vicepresidente Patricia Valdez - secretaria Carmen A. Lapacó - tesorera Vocales: Carlos Acuña
Eduardo Basualdo
Fanny Bendersky
David Blaustein
Eduardo de la Serna
Luis Fara
Damián Loreti
Matilde Mellibovsky
Victorio Paulón
Silvina Ramos
Julieta Rossi
Sofía Tiscornia Gastón Chillier - director ejecutivo Andrea Pochak - directora ejecutiva adjunta El CELS tiene una histórica relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que depende de la Organización de Estados Americanos. Pero, a la vez, el CELS apoya el proceso bolivariano que lidera Hugo Chávez Frías en Venezuela. Pero la CIDH y Chávez se enfrentan duramente desde hace algún tiempo. ¡Qué momento para el CELS! Sin embargo, no sorprende que haya tomado partido por la CIDH, considerando todo lo que hay en juego en su lobby ante la Organización de Estados Americanos y la Corte Interamericana de Justicia.
Comunicado del CELS sobre Hugo Chávez: "El pasado miércoles, la Comisión, en ejercicio de su facultad de realizar informes acerca de la vigencia de los derechos humanos en los países de América, publicó sus observaciones sobre Venezuela. Allí puntualizó que, si bien existen avances en materia de salud y educación, persisten serias violaciones a otros derechos y garantías reconocidos en los instrumentos del sistema interamericano. Como consecuencia, el actual mandatario venezolano agredió públicamente a la Comisión a la que calificó como "una mafia", anunció que su país dejará ese organismo y se pronunció en contra de la Organización de Estados Americanos. Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, consideró que "las declaraciones realizadas por el presidente Chávez deslegitiman la actuación de uno de los organismos que mayor incidencia ha tenido en la protección de los derechos humanos y la consolidación de las democracias de la región". "Frente a las más crueles dictaduras de Latinoamérica, la Comisión cumplió un rol fundamental en la recepción de denuncias y la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas y sus familiares. Más tarde, a medida que los Estados americanos retornaron a la democracia, promovió de manera activa y permanente la modificación de legislaciones y prácticas contrarias a los tratados internacionales de derechos humanos que los estados del continente se comprometieron a respetar", precisó Chillier.
En Argentina, por ejemplo, la actuación de la Comisión resultó esencial para alcanzar la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final que impidieron durante casi veinte años el juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Sus intervenciones también resultaron decisivas para alcanzar la reforma del Código de Justicia Militar que, entre otras cosas, contemplaba la aplicación de la pena de muerte, eliminar el delito de desacato del Código Penal; y modificar la legislación en materia de calumnias e injurias para suprimir la aplicación de estas figuras penales para expresiones sobre interés público. La falta de una condena enérgica por parte de la Comisión al golpe de estado ocurrido en Venezuela en abril de 2002, no es motivo suficiente para deslegitimar el importante rol que cumplió este organismo durante más de treinta años de actividad. Por la misma razón, la reacción del presidente venezolano resulta desproporcionada. El fortalecimiento de los sistemas de protección de derechos, lejos de ser visto como una amenaza, debe ser asumido desde los Estados americanos como un límite frente a los abusos y una herramienta para fortalecer los sistemas democráticos."