Ajustar tarifas y no 'morir' en las urnas

Dichas resoluciones dan inicio al "procedimiento de adecuación transitoria" de los precios para los usuarios"con el objetivo de establecer un Régimen Tarifario de Transición, hasta tanto se arribe a un Acuerdo Definitivo de Renegociación".

El ente regulador convocó a las distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires, Edenor y Edesur, a las transportadoras Transener, Tranba (Buenos Aires), Transpa (Patagonia), Transco (Comahue), Transnea (Noreste), Transnoa (Noroeste) y Distrocuyo y el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).

En rigor, el inicio de la "renegociación" se dio con el DNU 1.020 publicado el 16/12 último, amparado en la ley de emergencia económica que facultó al Poder Ejecutivo, entre otras cosas, a fijar las reglas tarifarias, como -por ejemplo- mantener los valores sin variación. 

Ese mismo DNU estableció la última prórroga del congelamiento, que lo extendió por otros 90 días, hasta tanto entren en vigencia los nuevos cuadros tarifarios transitorios. Ese plazo vence en marzo.  

El congelamiento tarifario (tanto de la luz, como del gas y el transporte) tiene como contrapartida la inyección de voluminosos subsidios para cubrir la diferencia entre el costo de producción y lo que pagan los usuarios. En 2020 esas erogaciones se acercaron a los $600 mil millones. 

De acuerdo a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el Estado destinó $323 millones a mantener estáticas las tarifas eléctricas a través de Cammesa, la empresa mayorista que luego suministra a las distribuidoras. 

Este gasto tiene varios costados nocivos: por un lado, se financia con emisión monetaria, que estimula la inflación; y por el otro incrementa el agujero fiscal, que en 2020 -con la presión de la pandemia- fue del 8,5% del PBI. 

El descongelamiento daría alivio a esos 2 flancos, haciendo que el costo lo asuman nuevamente los consumidores. 

¿De cuánto serían los aumentos? El secretario de Energía, Darío Martínez, anticipó que los ajustes se segmentarán en función de las posibilidades de cada sector social, con la concentración de los subsidios en la porción más vulnerable de la pirámide. 

No han trascendido números de manera oficial. Algunos trascendidos mencionaron que las subas podrían tener un piso del 35%. Carlos Pagni, en su columna de este jueves en el diario La Nación insiste en que el tope ya lo puso Cristina Fernández en "un 9%", dado que la Vicepresidente le habría anticipado al ministro de Economía, Martín Guzmán, que cualquier suba en las tarifas en un año electoral debería ser inferior a "los 2 dígitos". 

CFK había pedido "alinear los salarios y jubilaciones con los precios de los alimentos y las tarifas”. 

La crisis económica profundizada por la pandemia y, a su vez, el desgaste de la gestión sanitaria conforman un combo de hartazgo para una sociedad que debe ir a las urnas este año.

La inflación es un elemento que siguen de cerca no sólo en el Palacio de Hacienda, sino también en el Instituto Patria. Si bien en 2020  la variación de precios fue 17 puntos inferior a la de 2019, entre los economistas ven con preocupación la aceleración del ultimo trimestre, que anualizada supera el 50%. 

Que ese escenario no empeore es lo que oficialismo necesita para tener un desempeño en las elecciones que le adjudique las mayorías necesarias en el Congreso para avanzar con su agenda sin condicionamientos de la oposición, que hoy tiene cierta fortaleza en Diputados. 

La cuestión tarifaria es central. El antecedente inquieta al Gobierno: los aumentos condicionaron para siempre la relación entre Mauricio Macri y la opinión pública.