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COMANDO DE LOS ESPÍAS DOMÉSTICOS

La hora de gloria de Verbitsky y Justicia Legítima

Sab, 21/12/2019 - 11:30pm
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Por Urgente24

Presidenta de Justicia Legítima, la fiscal Criminal y Correccional, Cristina Caamaño, cuenta con el apoyo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), que la impulsan hacia la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia, hoy día una cáscara del organismo que fue. El interrogante es qué ocurrirá con las escuchas telefónicas y otras herramientas de contrainteligencia y, si el Estado promoverá una refundación necesaria de su inteligencia gubernamental, exista un imprescindible control parlamentario que hasta ahora nunca ocurrió.

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La fiscal criminal y correccional Cristina Caamaño es la persona que se prepara para asumir como interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), organismo que el presidente Alberto Fernández prometió intervenir y reformar: “Nunca Más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, ‘operadores judiciales’, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos”.

Caamaño es presidenta del colectivo Justicia Legítima y fue secretaria de Estado cuando Nilda Garré ocupó el Ministerio de Seguridad.

Ella goza del apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales que preside Horacio Verbitsky.

El CELS ya logró que Alberto Fernández le conceda el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad para Elizabeth Gómez Alcorta.

Como presidenta de Justicia Legítima, Caamaño milita por la democratización del Poder Judicial: “Creo que, hacia adelante, lo que tenemos que hacer es utilizar la premisa con la que se creó Justicia Legítima, que es la de democratizar la Justicia”. 

“Cuando dijimos eso fue tremendo, porque significaba romper con el statu-quo de muchos jueces, defensores y magistrados. Pero creo que hay que llevarlo adelante para poder evitar la presión que se vino dando ahora (léase durante el gobierno de Cambiemos) de querer nombrar dos ministros de la Corte por decreto y nombrar gente en cargos altos como la Casación sin concurso. Evitar la intromisión y acercarnos a la ciudadanía, transparentar los procesos y decisiones de los magistrados”, agregó.

Se espera y desea y exige que Caamaño investigue el uso del dinero público en las operaciones de espionaje. “Dichos fondos reservados serán reasignados para financiar el presupuesto del plan contra el hambre en Argentina”, había anunciado Fernández.

En 2015, cuando Cristina Fernández de Kirchner creó la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) en reemplazo de la ex SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado) y traspasó las escuchas a la Procuración General de la Nación a cargo de Alejandra Gils Carbó, Caamaño fue quien gestionó el Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones (DICOM). 

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La dependencia a cargo de la fiscal controló estrictamente la DICOM. Luego, todo esta oficina pasó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero regresa a la Procuración.

Caamaño se recibió de abogada y procuradora en la Universidad de Buenos Aires, hizo un posgrado en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca e inició su carrera judicial en 1993 como secretaría de una fiscalía criminal. 

A fines de 2010 Garré la designó secretaria de Seguridad Operativa, y 2 años después fue secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas. 

A fines de 2013 asumió como fiscal Nacional de Instrucción, hasta 2015 cuando asumió en la DICOM. 

Ella tiene una extensa carrera como docente en la universidad pública, donde enseña Derecho Penal y Criminología en la Facultad de Derecho, e integra la junta directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), donde dirigió la Comisión de Ejecución Penal durante una década.

El jefe de Estado derogará en los próximos días el Decreto 656/16: “Fue una de las primeras y penosas medidas que la administración anterior promovió y que significó consagrar el secreto para el empleo de los fondos reservados por parte de la inteligencia de los fondos del Estado”.

El Presidente se refirió a las operaciones clandestinas, pagos a agentes inorgánicos, financiación de operaciones mediáticas a través de pagos a periodistas y hasta sobre sueldos a magistrados, y honorarios a abogados, todas prácticas desviadas para las que se ha destinado dinero desde el submundo del espionaje. 

En 2019 el Gobierno de Cambiemos ejecutó $2.400 millones de los $2.700 millones presupuestados en “gastos de inteligencia”.