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NO ES SOLO KICILLOF...

Insoportable presión fiscal: municipios, provincias y Nación unidas para asfixiar contribuyentes

Mar, 07/01/2020 - 9:05pm
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Por Urgente24

Lejos de reducir la cantidad de pobres, el aumento de la presión fiscal siempre fue de la mano del aumento de los índices de pobreza. Aún así, hoy bajo la "bandera" de la redistribución se sigue asfixiando a los contribuyentes. Este 2020, los impuestos dieron la nota sobre el comienzo: ninguno baja del 40% y muchos llegan incluso hasta casi un 200%. El único sobreviviente de este contexto solo puede ser la recesión.

Se paga mucho por impuestos pero en 2020 existe el peligro de pagar aún más....
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'Tasa de seguridad e higiene", "de comercio y construcción", tasa por publicidad en góndolas, por publicidad en la vía pública, en rodados, tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza; tasa por terreno baldío, cementerios... No sólo Nación avanza con los impuestos, y le siguen (y hasta superan en muchos casos) las provincias, sino que los municipios aportan también su presión. Y en la mayoría de los casos, ninguno baja del 40%.

La lista sigue y podría aumentar con el tiempo. La cuestión es que después del paquete impositivo incluido en la ley de "Solidaridad Social y Reactivación Productiva" y de leyes impositivas, como la que Axel Kicillof está cerca de lograr para la provincia de Buenos Aires, empezaron a llegar las boletas con subas en los impuestos en varias provincias, además de las municipales.

Claramente, la cuestión no se limita a Buenos Aires. Por caso, en San Antonio Oeste, en Río Negro, se aplica desde el primer día de 2020 una "ecotasa" que es en realidad un "impuesto al turismo", creación original de la ciudad de San Carlos de Bariloche, cuyos afectados serán quienes quieran disfrutar del balneario Las Grutas: deberán pagar hasta 120 pesos por día de "ecotasa" si paran, por caso, en un 4 estrellas.

Pero fueron más de uno los jefes comunales del peronismo y de Juntos por el Cambio los que decidieron aplicar fuertes subas, en general de 40% para arriba, umbral que está por debajo de la inflación 2019, pero se supone que sobre los municipios también se derramará parte de la suba nacional y de las provincias, ahora eximidas de cumplir con las reducciones de las alícuotas del Impuesto a los Ingresos Brutos, entre otros, a que se habían comprometido en el Pacto Fiscal firmado a fines de 2017 con el gobierno de Macri.

"Con el Presidente y los gobernadores hoy firmamos un acuerdo para un nuevo Consenso Fiscal. Fue una reunión positiva y en sintonía con lo que Alberto Fernández prometió en campaña: gobernar con todos los mandatarios provinciales para poner a la #ArgentinaDePie", expresó en diciembre el gobernador Juan Manzur a través de las redes sociales tras la rúbrica del acuerdo.

El tucumano explicó que "estos cambios, logrados con diálogo y trabajo, beneficiarán la política tributaria de Tucumán. Además ayudarán a mejorar nuestras finanzas locales y a potenciar la recuperación económica de diferentes sectores".

Ese acuerdo se llevó a cabo en el Salón Eva Perón y participaron, además de Manzur, los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Jorge Capitanich; Chubut, Mariano Arcioni; Córdoba, Juan Schiaretti; Corrientes, Gustavo Valdés; Entre Ríos, Gustavo Bordet; Formosa, Gildo Insfrán; Jujuy, Gerardo Morales; La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela; Mendoza, Rodolfo Suárez; Misiones, Oscar Herrera Ahuad; Neuquén, Omar Gutiérrez; Salta, Gustavo Sáenz; San Juan, Sergio Uñac; San Luis, Alberto Rodríguez Saá; Santa Cruz, Alicia Kirchner; Santa Fe, Omar Perotti; Santiago del Estero, Gerardo Zamora, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y por Río Negro, Arabela Carreras.

Ocurrió el martes 17 de diciembre, y en la madrugada del sábado de esa misma semana, Alberto lograba aprobar en el Congreso la mega ley de emergencia económica, que le delega amplias facultades en materia financiera, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social, y que, por citar un caso, el senador y economista Martín Lousteau criticó poco antes sin pelos en la lengua y llamó "impuestazo".

El paquete legislativo que impulsa el oficialismo no es más que un "impuestazo de dos puntos del PBI", dijo y explicó que hoy tenemos siete veces más pobreza que hace 50 años y el doble de desigualdad. La norma "es equivalente a un impuestazo de dos puntos del PBI. Queremos que la economía se recupere, pero no quiero traer a la memoria lo que pasó cuando Machinea trató, en una economía que recién empezaba a crecer, (de aplicar) impuestos de semejante magnitud", detalló.

En esa línea, el senador radical aclaró que dos puntos del PBI equivalen a 660.000 millones de pesos: "Es aumentar los recursos del Estado nacional en un 10%". Sin embargo, explicó que desde hace años "el Estado se ha vuelto más caro y peor" y se preguntó si realmente se lo mejora "simplemente dándole más plata".

También aseguró que no se trata de un proyecto realmente "solidario" como plantea el oficialismo.  

En el mismo sentido, el Instituto de Desarollo Social Argentino (Idesa) señaló en un breve informe que si bien el aumento de impuestos justificado en la "solidaridad que los más tienen deben guardar con los que menos tienen" es un razonamiento válido, no lo es para el caso argentino, porque el país ya tiene una presión impositiva muy alta.

"Para bajar la pobreza no hay que aumentar impuestos sino gestionar mejor el Estado", dice el informe, porque el argumento de que el Estado puede mitigar la pobreza "redistribuyendo" en los sectores más pobres no tiene sustento empírico ni histórico.

"¿Qué relación se observa en el tiempo entre presión impositiva y pobreza?", se pregunta el paper. Y responde con datos: en 1988 la pobreza afectaba a 31% de la población y la presión impositiva nacional y provincial era de 15% del PBI. En el año 2000 la pobreza había cedido apenas dos puntos, a 29%, mientras que la presión impositiva había aumentado 6 puntos (ó 40%) y en 2019, aunque la presión impositiva (la masa de recursos a partir de la cual el Estado puede “redistribuir”) había llegado al 29%, la pobreza siguió aumentando, hasta abarcar al 35% de la población. Esto es, en 31 años la presión impositiva nacional y provincial se había casi duplicado, sin evitar que la tasa de pobreza, lejos de ceder, aumentara hasta abarcar un tercio de la población.

El argumento para justificar aumentos de impuestos por razones distributivas puede ser válido cuando la presión tributaria es muy baja, pero no parece válido en la Argentina, que tiene una presión tributaria superior a la de países como Corea del Sur, Suiza, Estados Unidos e Irlanda, y cercana al promedio de los países de la OCDE, dice el informe. Para peor, la excesiva presión fiscal desalienta el empleo formal, el medio más eficaz para salir de la pobreza, argumenta Idesa.

Un eje central para mejorar la ecuación entre impuestos y pobreza, concluye el informe, es unificar tributos de los tres niveles de gobierno y de ese modo hacer viable el objetivo de bajar impuestos sin perder recaudación, de la mano de un "ordenamiento funcional", de modo Nación, Provincias y Municipios no superpongan funciones ni tributos.

Pero no importa quien esté en el poder, en la Argentina seguirá ocurriendo lo mismo: todo irá sobre los impuestos. No hay modo de que bajen el gasto por algún lado, no importa quien esté en el poder. Radicales, peronistas, el PRO, la vieja costumbre es aplicada por todos los gobiernos desde que volvió la democracia, desde 1983 y lejos de mejorar, cada vez es peor.

"Las medidas que aumentan la presión tributaria, el frondoso esquema de impuestos regresivos que llegaron por unos meses y siguen hace 20 años, y la falta de un plan de reactivación que encienda el motor de la economía y dé previsibilidad, podría terminar en una caída de la recaudación impositiva y en deudas tributarias imposibles de pagar", advirtió el presidente de la Confederación General Económica de la República Argentina (CGE), Roberto Marquinez.

"A la economía argentina y en especial a las Pymes, emprendedores y monotributistas los pasó un camión por arriba y parece que quieren atender a los heridos solo con 'curitas y agua oxigenada' mientras 'les pasan la factura de la obra social y los obligan a donar sangre', por lo que es insustentable este esquema", opinó Marquinez.

"Falta un plan económico que apunte a reactivar la economía con medidas creativas, consensuadas y de carácter federal, con especial atención en las Pymes, emprendedores y monotributistas", propuso el presidente de la CGE.

"Si los argentinos vamos a hacer un mayor esfuerzo que supere nuestros límites, al menos que sea sabiendo que tenemos horizonte o una luz al final de este oscuro túnel", sentenció.

Muy lejos de ello, y volviendo al tema de Consenso Fiscal de 2017 que, entre otros puntos, exigía a los distritos reducir su carga sobre sus contribuyentes, y que fue revocado por el acuerdo entre los gobernadores y Alberto Fernández, éstas comenzaron aplicar fuertemente los suyos.

Tal fue el caso de Río Negro que en diciembre mismo revisó su esquema tributario para este año -aprobado el 27 de noviembre y fijado por la ley N° 5.402. Al asumir Arabela Carreras, el oficialismo ya tenía esas reducciones legisladas para el 2020, que favorecían a unos 65.000 contribuyentes de Ingresos Brutos.

El último viernes hábil del año, la Legislatura ratificó -por unanimidad- el nuevo entendimiento con Nación, y cumplió luego el segundo paso y modificó el Código fiscal 2020. 

El año comenzó y los contribuyentes rionegrinos comenzaron a pagar ese acuerdo... El Impuesto Inmobiliario Urbano subió más del 90%, Ingresos Brutos más del 50%, y el automotor superó ampliamente el 100% en la mayoría de los casos. 

Para peor, no les alcanza y piden rescate a Nación. Pero, ¿qué hacen las provincias más allá de garantizar un voto en el Congreso? Sin dudas, no reducen gastos ni emprolijan cuentas.

El gobierno nacional publicó este martes en el 'Boletín Oficial' un anticipo financiero para la provincia de Río Negro, además de Chubut, Chaco, Santa Cruz y Tucumán. Distritos con una situación económica y financiera delicada por vencimientos de deudas en dólares y atrasos en el pago de salarios. En total, los adelantos ascienden a los $5.000 millones.

En este marco, Axel Kicillof no es excepción, sino apenas la cara más reconocida de un mal que aplican el resto hacia adentro del territorio nacional.

Los que pagan terminan siendo los contribuyentes, con un deficiente sistema de salud, educación y seguridad. Hasta que un día no paguen más... 

La inflación no baja, los impuestos asfixian y la recesión vuelve a aparecer como el único destino posible, el único "final de este oscuro túnel".