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CAMBIOS Y JUDICIALIZACIÓN

En la Justicia advierten a Cristina y Alberto que desactivarán la Reforma Judicial como en 2013

Lun, 10/08/2020 - 6:28pm
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Por Urgente24

Esta semana el oficialismo acelerará en el Congreso de la Nación el debate por el proyecto de reforma judicial. Por un lado habrá varios invitados al plenario de comisiones que analiza la iniciativa y por otro lado se buscarán consensuar modificaciones con Juntos por el Cambio (JxC) que garanticen la sanción en la cámara baja, donde el Frente de Todos no tiene mayoría. En JxC habrá una reunión virtual para definir la estrategia parlamentaria ante la reforma que abarcará una revisión de los acuerdos para sesionar de manera remota. Mientras tanto, en la Justicia se preparan para judicializar la reforma una vez que haya sido sancionada y lograr la inconstitucionalidad como hicieron en 2013 con la 'democratización' que impulsó Cristina.

Cristina en 2013, cuando propuso la 'democratización de la Justicia'
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Cristina en 2013, cuando propuso la 'democratización de la Justicia'
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Esta semana el Frente de Todos (FdT) buscará acelerar los tiempos de la reforma judicial en el Congreso de la Nación. Con la lección aprendida de la trunca comisión para la expropiación de Vincentin (quedó sin aprobación en Diputados por falta de votos) ahora los senadores del oficialismo intentarán acordar modificaciones al proyecto con Juntos por el Cambio (JxC) para que la iniciativa no se demore en la Cámara baja donde el FdT no tiene mayoría como sí ostenta en la Cámara alta.

Según el cronograma armado por el kirchnerismo, este martes (11/8) en el plenario de comisiones que debate la reforma participará de las audiencias la ministra de Mujeres, Género y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta, el ex titular del Colegio Público de Abogados de la Ciudad Jorge Rizzo, la defensora General de la Nación e integrante de Justicia Legítima Stella Maris Martínez, el ex consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi, el presidente de la Asociación de Fiscales nacionales Carlos Rívolo y el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que integrará el consejo asesor para la reforma.

También están invitados a exponer a las comisiones la fiscal de los Tribunales Federales de Comodoro Py Gabriela Baigún; el presidente del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Fernando Díaz Cantón, y la fiscal Mónica Cuñarro.

La participación más esperada para el kirchnerismo será la del ex juez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni.

Mientras los senadores escuchan a todos estos expositores, el Frente de Todos irá negociando con Juntos por el Cambio las modificaciones que le aseguren la media sanción.

Si bien el FdT tiene mayoría para aprobar en el Senado la iniciativa, apuntan esta vez a que en Diputados también se apruebe sin cambios con acuerdos parlamentarios que excedan el ámbito de la cámara alta.

En esa estrategia será decisiva la posición que adopte Juntos por el Cambios, el principal bloque opositor en ambas cámaras.

Ese espacio tendrá este lunes su reunión virtual de la Mesa Nacional que contará con la presencia desde Francia de Mauricio Macri.

Pero antes de definirse sobre la reforma, quieren discutir si seguirán avalando las sesiones telemáticas en el Congreso, sin cuyo acuerdo quedaría paralizado el Poder Legislativo.

Por un lado hay enojo en JxC por el manejo que hizo Cristina Kirchner y Sergio Massa de esas sesiones. A Cristina le reprochan la forma de otorgamiento de la palabra a opositores y mencionan cuando le cortó el micrófono a Esteban Bullrich. También que, junto con Massa, se incluyan en el temario cuestiones que no se relacionan a la pandemia del Covid-19, que había sido el acuerdo inicial para sesionar de manera remota.

En la oposición también cuestionan que la metodología de sesionar virtualmente dificulta el tratamiento de temas polémicos como la reforma judicial o el Presupuesto Nacional.

Sobre la reforma, en su última reunión Juntos por el Cambio había emitido un duro documento en contra del proyecto del oficialismo.

"La llamada reforma judicial que impulsa el gobierno kirchnerista implica la creación de una desmesurada e injustificada cantidad de cargos, cuyo costo fiscal estimamos en unos $ 4000 millones anuales", señaló en ese momento JxC.

El titular de la bancada del PRO en Diputados, Cristian Ritondo ya adelantó que "los debates que quedan pendientes", como el de reforma de la Justicia, quieren que se hagan "en forma presencial".

El diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, coincidió con Ritondo: "no es prioridad, está mal planteada y no se puede debatir de manera virtual".

Mientras el Gobierno se concentra en cómo conseguir los votos en el Congreso, en el Poder Judicial se multiplican las críticas: primer fue el rechazo de tribunales como la Cámara del Crimen y la Cámara Civil y Comercial Federal.

Uno de los cuestionamientos más fuertes que recibió la iniciativa fue el del presidente de la Cámara del Crimen Alberto Seijas. El juez planteó que la reforma disolverá la Justicia criminal y correccional porteña. Recordó que este fuero se ocupa de delitos como asesinatos, casos de violencia doméstica, hurtos y extorsiones.

Por su parte, el fiscal federal Guillermo Marijuan se expresó a favor de la reforma judicial, al menos de la cuestión penal sobre la que entiende.

"Estoy a favor de una reforma, todo lo que sea avanzar hacia un sistema acusatorio a mí me parece que está bien", dijo y agregó que "está en sintonía con lo que hacen los países más avanzados del mundo".

Algunos rumores indican que la reforma terminará judicializada desde el ámbito judicial y hasta terminaría en la Corte Suprema de Justicia.

Esas versiones se sustentan en los rechazos que recibió el proyecto por parte de la Cámara del Crimen y la Civil y Comercial Federal.

Sin embargo, esperarán la letra final del proyecto si recibe modificaciones en las negociaciones con la oposición.

Y recuerdan cuando Cristina Kirchner logró aprobar su democratización de la Justicia pero en los tribunales la fueron desactivando con presentaciones que terminaron en declaraciones de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia en junio de 2013.