¿Alcanza con Raúl Garré? Mmmmmm
Con la renuncia de Raúl Garré, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, su hermana, la ministro Nilda Garré intenta dar por concluida la crisis en curso, antes que quien tenga que renunciar sea la propia funcionaria. Sin embargo, existe la opinión de que el conflicto ya escaló lo suficiente como para que no alcance la renuncia de Raúl Garré.
10 de octubre de 2012 - 09:04
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El conflicto ha escalado lo suficiente como para que la salida de Raúl Garré, hermano de la ministro Nilda Garré, no resulte un lastre lo suficientemente pesado como para equilibrar el Ministerio de Seguridad, aún cuando él fue siempre un funcionario gravitante junto a su hermana, más allá de que Nilda haya perdido gravitación a expensas de Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación. Por suerte para Garré, tampoco Berni se encuentra bien parado en la crisis, y Cristina Fernández de Kirchner no cuenta con tanto recambio posible...
Precisamente, Raúl Garré y el ex policía cordobés Miguel Angel Robles, subsecretario de Delitos Complejos y Lucha contra la Criminalidad Organizada, fueron los funcionarios con los cuales Nilda intentó frenar el 'huracán Berni'.
Los costos del conflicto hasta ahora fueron
> el desplazamiento de los 10 oficiales principales de Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina,
> la denuncia penal de la ministro Nilda Garré contra esos 20 oficiales que, hasta el episodio presente, habían demostrado una lealtad a toda prueba hacia Garré,
> la renuncia del jefe de Gabinete de Nilda, su hermano Raúl.
Pero suponer que la política salarial de Gendarmería y Prefectura fue decidida por Raúl Garré en soledad, no resiste análisis. Por lo tanto cabe suponer que habrá más costos para la Administración Cristina.
En el caso de Raúl Garré, peronista porteño, director de Rentas en días de Carlos Grosso intendente porteño, venía envuelto en polémicas desde sus días como jefe de Gabinete de Nilda en Defensa.
Por entonces ya se hablaba (mal) de Raúl Garré, cuestionándose su interés en la gestión financiera y su atención por los asuntos vinculados a la producción, astilleros y otros sectores claves.
En Seguridad comenzó también mal, cuando incluyó como tema principal la nómina de proveedores de equipos para las fuerzas de seguridad (la importación de los chalecos israelíes, etc.).
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Él atribuyó el énfasis en ese temaria en su formación: abogado, contador público nacional, doctor en Derecho del Seguro y luego una actualización en Marketing/Management Organizacional y Finanzas.
Sin embargo, Andrea Prodán, ex funcionaria de Defensa, le atribuyó otros motivos a esas inquietudes. Podrán reveló que en una reunión Raúl Garré le comentó a su hermana: “Me pongo de síndico (en Fabricaciones Militares), porque es un buen negocio”.
“Ella lo reta constantemente por todos los líos que hace en el ministerio, es como Isidorito. Lo llama Raulito”, afirmó cierta vez Prodán.
De todos modos, probablemente para desmentir sus preocupaciones exclusivamente por lo financiero y para exhibir su solidaridad con su hermana, Raúl Garré escribió, y publicó en su blog personal, algunos apuntes sobre política de seguridad, intentando respaldar la idea de Nilda acerca de que todo es una sensación.
En el texto afirma que los proveedores de equipamiento para la seguridad y los canales de noticias son responsables de la sensación de inseguridad. En tanto, la pobreza y las dificultades sociales son responsables de la inseguridad en sí misma. Un típico texto ladriprogresista:
"(...) Existe una tendencia generalizada a opinar con cierta liviandad sobre el problema de la inseguridad. Pero la mera opinión es el escalón más bajo del conocimiento. Muchos opinan que a corto plazo el problema se resuelve fortaleciendo a la policía y a largo plazo, con reformas sociales. Pero la evidencia científica no revela eso. Las políticas centradas sólo en el fortalecimiento de la policía, en caso de soluciones represivas, no han sido efectivas en ningún lugar del mundo. Quienes las defienden invocan el plan que implementó Rudolph Giuliani durante la década del '90 en Nueva York. Su régimen de “tolerancia cero” estuvo basado en el fortalecimiento de la policía, pero la violencia social decreció porque también durante esos años disminuyó la desocupación.
En este sentido, el problema de la inseguridad es propio de sociedades democráticas, es decir, de contextos en los que se produce una brecha entre las expectativas y objetivos que genera la sociedad y las posibilidades reales de lograrlos. Los países que cuentan con niveles de inseguridad significativamente inferiores a los de la Argentina -Alemania, Holanda y Suiza, entre otros- tienen índices más bajos de desigualdad y cuentan con sistemas de seguridad social que garantizan a los ciudadanos que sus necesidades básicas serán cubiertas.
Veintiocho años después de recuperada la democracia, la inseguridad, el empleo, la producción y el consumo definen la agenda nacional. La sociedad de consumo consiste en la sustitución de las relaciones entre personas por las relaciones entre personas y cosas.
Los centros comerciales son la visión espectral de una red de relaciones sociales que empieza y termina en los objetos. Entre creer que el dinero media todo y creer que se puede hacer todo para obtenerlo hay un paso mucho menor de lo que se piensa. Entre el poder insensible del Estado y los rebeldes urbanos que despiertan “indignados” en el mundo desarrollado actual, hay una simetría perturbadora y peligrosa.
En materia de seguridad existen bien diferenciados dos modelos: El que primó, el que podríamos llamar de “policización” del problema de seguridad, cree que se trata de un problema policial. Cree que la mejor manera para combatir el delito es la militarización de las fuerzas de seguridad, cree que las libertades públicas son una especie de menoscabo técnico que impide lograr una mejor seguridad. Quienes lo propugnan se sienten representantes del miedo social y lo exacerban, para luego responder con demagogia punitiva y con mano dura. Proponen ese diálogo que políticamente genera lo que llamamos las “Industrias del miedo” y buscan volver al ciudadano cómplice de esa mano dura, y para ello los convocan, para que se conviertan en una suerte de policía sin preparación. Se beneficia el que vende seguridad: custodios, asesores, el que vende los uniformes, las armas y las cámaras. La seguridad termina siendo uno de los productos más caros, y el nivel de acceso a la misma depende del bolsillo del consumidor.
El negocio se nutre del miedo y la paranoia. Un asalto se multiplica por 100 cuando es repetido docenas de veces al día por los canales de noticias. Ese es el marco ideal para que comerciantes, empresarios y jefes de familia miedosos gasten miles de pesos para mejorar la seguridad de sus locales, compañías o casas. Por un lado están los que se ciernen a lo más básico: rejas, perros guardianes, alarmas convencionales y vigiladotes. Por otro, están los que invierten un poco más de dinero: adicionales de policía, cámaras de vigilancia, vidrios antivandálicos, autos blindados y hasta armas. Ahora, estos nuevos productos se suman a un mercado en el que se fogonea la sensación de indefensión.
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La inseguridad es un problema social. Se han consolidado bolsones de pobreza en base a años y años de olvido social y abandono del Estado. El barrio obrero se hizo indigente en los 90. Hubo un proceso de desplazamiento feroz. Hay que evitar que estos barrios sean “guetos”, como estaba pasando con la 1-11-14, donde el Estado ni limpiaba las calles, ni las fuerzas de seguridad ingresaban. Si los pibes no tienen trabajo, no van a la escuela, (ni-ni como denominan en España a los jóvenes que ni trabajan, ni estudian), el problema va a persistir. Hay que atacar las causas condicionantes (pobreza, frustración de expectativas), antes que el efecto. Las sociedades más seguras son las más educadas, no las más armadas. La cuestión es si sólo confiamos la seguridad a la represión o buscamos una solución integral que elimine las causas determinantes merced a la participación activa y presente del Estado protagonista.
Frente a esto se ha desarrollado un modelo que nosotros creemos que sienta las bases de una respuesta democrática al problema de la seguridad. Es un modelo que va a decir que una política de seguridad es mucho más que el problema policial, que es necesario que una dirigencia civil y política asuma el gobierno del sistema de seguridad.
Es un modelo que tiene una visión sistémica de todos los componentes de seguridad, que cree que la defensa de las libertades civiles es un valor central de la democracia y no un menoscabo que haya que superar, apenas se pueda, erosionándolas; es un modelo que no cree en la militarización y que al vecino lo convoca a participar. Se trata de establecer un diálogo con la sociedad mucho más rico, que implique una mayor comprensión de la compleja construcción de una sociedad no violenta.
Éste es un debate que atraviesa a todos los partidos políticos, los divide en dos. El debate genera que las relaciones entre las políticas de seguridad y la democracia, sean traumáticas porque el sistema democrático es un sistema tenso, porque hasta ahora la democracia no se ocupó de este tema con instrumentos democráticos, porque obliga a hacer consensos políticos y porque no es posible nunca dejar de escuchar a los ciudadanos.
En gran medida, la criminalidad es una red de mercados ilegales controlados por gente que no tiene nada que ver con la pobreza, sino que la recluta como mano de obra barata. Hoy el objetivo de cualquier política de seguridad es reducir los índices de violencia y esa violencia proviene de todos los sectores sociales, aunque claramente la desigualdad y la falta de oportunidades genera violencia en sectores de la sociedad. Por eso el Ministerio está realizando esfuerzos para coordinar con otros ministerios la implementación de políticas públicas “no policiales”: Desarrollo Social, Trabajo, Educación. Se requiere sobre todo un cambio cultural y un cambio muy fuerte del modo como las dirigencias políticas, intelectuales y a nivel de funcionarios ven este problema.
También influyen los medios en este debate y lo hacen, como siempre, de un modo complejo. Influyen por un lado transparentando, generando debate público, pero también influyen manipulando. Un canal de 24 horas de noticias, instala movileros que recorran el Gran Buenos Aires, un universo que abarca un semicírculo de 120 km2 con problemas de hacinamiento y dispersión social que incluye 6 millones de personas, ¿cómo no van a encontrar un robo o un homicidio?
Entonces, ahí también hay muy poco profesionalismo de muchos canales de noticias y un gran negocio que es la simplificación constante de la realidad derivando un hecho luctuoso en imágenes del “Gran Hermano Urbano” que completan la sed y el hambre de morbo de los consumidores de desgracias ajenas, transformado el clima en sensación térmica agravada.
Una sociedad es más democrática cuando logra, no sólo mejorar la calidad de sus instituciones, sino también, cuando alcanza un equilibrio entre sus estructuras republicanas y la distribución más equitativa de los bienes materiales y simbólicos que se producen. Encontrar los vasos comunicantes entre la tradición republicana, y la tradición democrática, es y sigue siendo, uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo.
La corrupción y el envilecimiento de las instituciones policiales son el mal menor ante el avance de la delincuencia, un problema sobre el que no suelen pronunciarse los halcones de la seguridad, mientras se desgañitan exigiendo la baja de edad de la imputabilidad, el uso de la represión y la eliminación de los sistemas de garantías. De diversos modos, esos virtuosos republicanos han sido cómplices de la transformación de la policía en una gigantesca fuente de corrupción y de presión política, maquiavelizando la búsqueda de objetivos.
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La lucha es contra el narcotráfico estructural, como se puede ver en los operativos que hicimos en el Norte, en el Sur y en el Río dela Plata. Lasorganizaciones criminales están allí donde no llega el Estado, esta lucha tiene dos frentes: uno militar y otro político, social y económico. Es duro decirlo, pero no hay delito complejo ni estructura criminal donde no haya una pata policial.
La Ministra de Seguridad, sin utilizar eufemismos ni buscar frases vacías y de circunstancias, puso blanco sobre negro alrededor de una de las mayores deudas de la democracia desde su reinstalación en 1983. Que eso comience a hacerse recién ahora, constituye no solo un mérito del gobierno sino la puesta en evidencia de la debilidad que la propia democracia tuvo, a lo largo de casi tres décadas, para enfrentarse a uno de los poderes reales y malditos que la vienen condicionando desde hace años. Es mérito, en todo caso, de una decisión política de la Presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, que, resulta decisiva y fundamental, tomando la determinación cuando la plataforma del modelo puesto en marcha desde diciembre de 2003 madurara las condiciones estructurales necesarias. Una decisión retrasada y torpedeada por otros gobiernos democráticos que por debilidad o complicidad no intentaron tomar el toro por los cuernos sino que creyeron que podían “negociar” indefinidamente con quienes debieran cuidar la vida y los bienes de los ciudadanos.
Por eso, es nuestro deber reconciliar a la institución policial con la sociedad y reconocer el esfuerzo de hombres y mujeres que murieron por los demás, y también promover el fortalecimiento de la gratitud como valor en la sociedad en la que vivimos. Además, ese reconocimiento implica darles visibilidad como ejemplos de entrega y solidaridad.
Por ello, ha expresado la Ministra de Seguridad: “Las intervenciones de la policía que pueden costar la vida, están destinadas a pacificar o a evitar consecuencias peores en una situación violenta. Ese es uno de los puntos básicos en que se asienta la resolución de conflictos en una sociedad democrática. Por eso prefiero no llamarlos ni verlos como caídos, porque me interesa recordar a esos hombres y mujeres no como las bajas de una fuerza, sino como aquellos que han dado lo más preciado que tenían para apuntalar los pilares en que se sostienen el sistema institucional y legal en el que vivimos”.
Con ese espíritu se propugno la modificación de los nombres de las tres escuelas de formación de la PFA, contribuyendo a que estos espacios proclamen valores democráticos y el respeto a los derechos humanos y se ha procedido al dictado de capacitaciones vinculadas a mediadores en manifestaciones públicas y protestas sociales."
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