15%: El 'juego del miedo' entre la Nación y las Provincias

Será mediante una presentación judicial ante la Corte Suprema, tribunal al que ya recurrieron los gobiernos de Santa Fe y San Luis, y se sumaría Corrientes según anunció días atrás Ricardo Colombi.

Esas demandas abrieron un cierto debate público entre algunos miembros del Alto Tribunal que desnudan de alguna manera su cercanía al Gobierno en este tema, ya que dos ministros (Eugenio Zaffaroni y Elena Highton de Nolasco) señalaron que se trata de una disputa política que debe resolver la política y el titular del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, siguió la letra del artículo 117 de la Constitución Nacional que determina que sea la Corte la que defina los pleitos.

Según los cálculos de la consultora Economía & Regiones, los recursos transferidos por el 15% a la ANSeS suman $ 135.200 millones entre 2003 y 2012.

Esa cifra equivale a casi 70% del stock de deuda de todas las provincias.

Si se tiene en cuenta que las necesidades de financiamiento para este año para el conjunto de las provincias ronda los $ 30.000 millones, y que este año los giros a la ANSeS de todas las provincias sumarían cerca de $ 24.000 millones, este último monto cubriría cerca del 80% de los déficits provinciales.

Desde la ANSeS advierten que si efectivamente se detrae el 15% de la coparticipación, el sistema previsional virtualmente quedaría en quiebra, damnificando finalmente a las propias provincias.

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Aquí entra el ‘juego del miedo’ que intenta imponer la Nación pero que además traería nulos beneficios a los estados provinciales si el Gobierno nacional les recortara otras fuentes de financiamiento o si tuviera que recapitalizar a la Anses.

Un estudio de Ecolatina conocido el viernes pasado detalla esta situación y recuerda que el objetivo del Pacto Fiscal de 1992 fue atender el déficit que se generaría en el sistema de reparto con la creación de las AFJP, al desviarse aportes a las administradoras privadas.

Gracias a estos fondos, la ANSES pudo mostrar un superávit de 0,4% del PBI entre 1994 y 2008 (en lugar de un déficit de 1,5% del PBI).

Sin embargo, con la reestatización en 2008 la ANSES pasó a percibir la totalidad de los aportes pero continuó recibiendo el 15% de la coparticipación. Así, asumió nuevos gastos, financió al Tesoro y triplicó su superávit.

Como las Provincias enfrentan este año necesidades por $ 30.000 millones, ven con buenos ojos los $ 24.000 millones que hoy resignan con el Pacto Fiscal.

Sin embargo, es un juego de “suma cero”, ya que lo que reciben las provincias lo pierde la Nación. Y la Nación podría responder cortando las transferencias no automáticas dejando inalterado el déficit provincial.

Igualmente la Nación argumentará que el Pacto sigue vigente a menos que todas las provincias deseen finalizarlo. Además, de tener éxito el reclamo de Córdoba, en principio el fallo alcanzaría sólo a esa provincia ($ 2.050 millones).

Esta puja se enmarca dentro de una tendencia de concentración de la recaudación en la Nación que viene acentuándose en los últimos años: entre 2002 y 2011 entre el Tesoro y ANSES “captaron” el 70% del aumento de la presión tributaria de impuestos y derechos al comercio exterior. Así, el reparto actual de recursos explica por qué hoy conviven una ANSES superavitaria con provincias deficitarias.

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Si las Provincias vuelven a recibir esos fondos dejaría de incumplirse la Ley de Coparticipación, que estipula que las Provincias deben recibir al menos el 34% de los recursos tributarios nacionales (se incumplió en 2002-2011). Sin embargo, la caída del Pacto fiscal implicaría desfinanciar a la ANSES, de manera que se transita por un delicado equilibrio.

Esto lleva a que hay dos problemas de fondo a resolver: ampliar el empleo formal, para reducir el peso de los impuestos en los ingresos de la ANSES, y avanzar en la discusión de una nueva Ley de Coparticipación, para que evitar la concentración excesiva de recursos en un solo nivel. Más importante aún, lo que se debe atacar es cómo reducir el déficit fiscal a nivel consolidado.

En síntesis, no es deseable que la Nación y las Provincias se embarquen en una “guerra fiscal” quitándose recursos (recordemos, es un juego de suma cero), ya que siempre se obtienen más beneficios de la cooperación.

En números, de cada $ 100 que ingresan al organismo previsional, $ 40 provienen de impuestos, de los cuales $ 17 corresponden al 15% de la coparticipación hoy en discusión.

Sin esos fondos, el excedente previsional habría trocado a rojo (-0,8% del PBI en 2011). Así la ANSES enfrentaría la disyuntiva entre dejar de financiar parte de los gastos no contributivos o traspasarlos al Tesoro, que si bien recibiría $ 16.000 millones adicionales por la coparticipación plena igualmente no podría revertir el déficit que muestra actualmente.

Pero el juego de “suma cero” no se agota en este punto: las Provincias también reciben transferencias corrientes y de capital de la Nación por fuera de la coparticipación y las leyes especiales.

Por caso, en 2011 estas transferencias superaron a lo resignado por las jurisdicciones en concepto de coparticipación ($ 34.000 millones vs. $ 19.000 millones).

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Estos giros financian distintos programas (por caso el Fondo Federal Solidario y Planes de Vivienda) o pueden ser simplemente aportes del Tesoro.

El punto a destacar aquí es que en caso de resignar coparticipación, la Nación puede diezmar estas transferencias dejando inalterado el déficit que enfrentan las Provincias.

Sin embargo, si las Provincias reciben $ 24.000 millones adicionales por la caída del Pacto Fiscal y “pierden” una suma equivalente por transferencias de la Nación, igualmente estarían ganando en independencia ya que los “nuevos” ingresos son automáticos (la AFIP lo recauda y el Banco Nación lo gira instantáneamente), mientras que los recursos resignados dependen de que la Nación apruebe su giro.

Al ser un juego de “suma cero”, la caída del Pacto Fiscal no resuelve la cuestión de fondo: el déficit fiscal a nivel consolidado.