'Ancla salarial', la clave del poder y la economía de Cristina 2012

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Economía & Regiones). La política de contención de los incrementos salariales tendría varios

objetivos. 

 

Con presión tributaria record, 'corralito verde', mayores obstáculos para el giro de utilidades y dividendos y trabas a las importaciones, uno de sus principales objetivos sería la intención de darle 'algo a favor' al sector empresario. Se apuntaría así a evitar que la rentabilidad continúe erosionándose, tal como aconteció en 2011 (año electoral), cuando los sueldos aumentaron 9 puntos porcentuales más que el nivel general de precios.

 

De esta manera, la intención de contener los aumentos salariales en torno al 18% tendría implícito volver a la política de ajuste salarial de 2008 / 2010, cuando el incremento de salarios estaba en línea con la suba de precios y se mantenía una relación estable entre la retribución empresaria y la de los trabajadores. 

 

Sin embargo, creemos que el escenario 2012 quedaría minado de tensiones sociales y la solución no dejaría a nadie conforme. 

Finalmente, los ajustes salariales efectivos se ubicarán entre las demandas de sindicales (24% / 40%) y las pautas fijadas por el Gobierno Nacional (18%).

 

Otro de los probables objetivos sería amortiguar la erosión de la protección del sector industrial, que genera la política de tipo de cambio nominal cuasi fija. 

 

En E&R pensamos que, sin ser el objetivo principal y probablemente sin siquiera proponérselo, la intención del Gobierno Nacional de contener los aumentos de sueldos beneficiaría la salud fiscal de los gobiernos provinciales, que cada vez es más delicada. 

 

 

No creemos que esta política tenga como objetivo principal el control de la inflación, ni el aumento de la competitividad/precio de nuestros bienes (para potenciar las exportaciones), ya que el Gobierno tiene una visión más microeconómica en este campo, que implicarían medidas diferenciadas.

 

 

El gasto primario se expandió un 34%, recuperando el dinamismo 'perdido' durante el último bimestre de 2011, cuando la tasa media de expansión se ubicó por debajo del 20%. Esto generó una caída interanual del 70% en el superávit mensual.

 

Para los meses venideros el Gobierno deberá, invariablemente, ajustar su política de gasto público, dado que los recursos difícilmente observen tasas de crecimiento muy superiores a la alcanzada en enero.

 

En otras palabras, el principal cambio que intenta introducir el Gobierno Nacional es en la política salarial, que por primera vez en muchos años apuntaría a que los ingresos de los trabajadores no recuperen poder adquisitivo.

 

Este cambio en la política salarial impacta negativamente sobre uno de los puntos neurálgicos del modelo; el consumo como principal motor del crecimiento económico. Esto último se entiende si se tiene en cuenta que el consumo privado representa, aproximadamente, el 65% del PBI, el 57% de la demanda agregada y explica más del 70% del crecimiento anual de los últimos años. 

 

A su vez, en términos históricos, el consumo per cápita en dólares alcanzó su pico máximo en 2011, al trepar a los US$ 6.400 y superar ampliamente el máximo nivel de la convertibilidad (US$ 5.700 en 2008) (ver gráfico 2). Luego, es importante preguntarse qué hay detrás de este cambio en la política de ingresos que se procuraría aplicar en 2012.

 

De acuerdo con nuestro punto de vista, se podrían argumentar al menos 6 razones diferentes para sustentar este cambio en la política salarial:

 

 

 

 

iv) En un marco en el cual los empresarios enfrentan una presión tributaría record, 'corralito verde', mayores obstáculos para el giro de utilidades y dividendos al exterior y fuertes trabas a las importaciones, se pretende que el aumento de salarios sea menor para 'darles una a favor' y no afectar negativamente su producción y la inversión en el sector.

 

v) En un contexto de menor crecimiento económico y suave desaceleración de los ingresos tributarios, la prudencia en el aumento de salarios procura cuidar el escenario fiscal y un potencial deterioro de la 'caja'.

 

 

vi) Se busca un menor aumento de salarios para contrarrestar el 'desborde' de incremento salarial que tuvo lugar en el año eleccionario 2011 y volver a un escenario más parecido al del 2008 / 2010.

 

 

Utilizar la política salarial para contener la dinámica del incremento del nivel general de precios sería atacar la inflación con políticas de oferta. 

 

Las políticas de oferta intentan atenuar el incremento de precios mediante la contención de la suba de los costos de producción. 

 

Por ejemplo, la reducción de impuestos al trabajo, de aranceles a la importación y de otros impuestos ligados a los costos de producción sería otra alternativa de política de oferta anti inflacionaria. 

 

En contraposición a estas alternativas se encuentran las políticas anti inflacionarias de demanda como los controles de precios,

precios máximos, etc.

 

Si se piensa técnicamente, se podría concluir que la política de baja de impuestos sería más eficiente para controlar el aumento de costos e impactaría menos negativamente sobre el consumo privado que la política de contención salarial.

 

El impacto sobre precios de la política de reducción de impuestos sería más universal que el impacto de la política de contención salarial, porque afectaría a toda la producción de bienes y servicios y no sólo a los que son mano de obra intensivos.

 

Paralelamente, la baja de impuestos, en contraposición a la contención salarial, impactaría positivamente sobre el poder de compra de los trabajadores. 

 

Sin embargo, el gobierno no sería afecto a reducir impuestos porque 'protege' la caja fiscal. De hecho, este gobierno ha aumentado la presión tributaria 10 puntos porcentuales en 8 años (ver gráfico 3).

 

 

En este sentido, una 'cosa' es evitar una suba salarial del 5% en un marco de inflación del 3% anual; y otra muy diferente discutir

subir los sueldos 18% ó 23% en un escenario de aumento del nivel general de precios del 24%. 

 

 

En este marco, con su intención de contener los incrementos salariales pensamos que el gobierno no tendría como principal objetivo el control de la inflación. Esta conclusión se refuerza con el hecho que este gobierno nunca ha sido afecto, ni ha creído en las políticas de oferta para alcanzar sus objetivos de política económica.

 

 

El valor de las exportaciones argentinas ha crecido significativamente durante los últimos años. 

 

Sin embargo, dicho incremento se sustenta más en el aumento del precio de los commodities que en una suba de las cantidades vendidas. Al mismo tiempo, las exportaciones argentinas continúan estando muy concentradas en el sector agrícola y en los productos agroindustriales, que representan el 24% y 34% de las ventas totales al extranjero respectivamente (ver gráfico 4).

 

El peso relativo de las exportaciones de manufacturas industriales, si bien ha subido algo en los últimos años, continúa siendo bajo. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que la mayoría de las exportaciones del sector manufacturero argentino son hacia Brasil y se concentran en algunos pocos sectores, especialmente el automotriz y la metalmecánica.

 

 

De esta manera, la incidencia de la competitividad precio de nuestros bienes es baja a la hora de exportar hacia Brasil, por lo que el costo laboral argentino no incidiría en el volumen de ventas.

 

En este marco y de acuerdo con nuestro análisis, pensamos que el gobierno con su intención de contener los incrementos salariales no tendría como principal objetivo aumentar la competitividad precio de nuestros bienes para potenciar las exportaciones, ya que el Gobierno tiene una visión más microeconómica en este campo que implicarían medidas diferenciadas.

 

 

El tipo de cambio depreciado (o dólar caro) fue el centro neurálgico del modelo económico surgido luego de la salida de la Convertibilidad. 

 

Sin embargo, dicho tipo de cambio elevado no sirvió para potenciar las cantidades y diversificar las exportaciones argentinas, sino que actuó brindando protección para el sector sustituidor de importaciones que produce para nuestro mercado doméstico.

 

El tipo de cambio depreciado encarecía los productos importados y protegía la industria sustituidora de importaciones nacional,

estimulando la producción doméstica y potenciando la generación de puestos de trabajo. 

 

De esta manera, el dólar caro permitió generar un círculo virtuoso entre la producción, la creación de puestos de trabajo, el aumento

de la masa salarial y el consumo que potenció el nivel de actividad.

 

Sin embargo, la protección del tipo de cambio para el sector sustituidor de importaciones argentino se viene erosionando sostenidamente hace varios años por acción de la inflación, que cuadriplica o quintuplica los estándares de la región. 

 

En este sentido, sólo alcanza mencionar que la inflación acumulada en Chile y Brasil ascendió a 24% y 30% entre 2007 y 2011; respectivamente.

 

Igualmente, todavía quedaría 'algun' colchón cambiario, aunque no es uniforme para todos los sectores de la economía. Los sectores industriales cuya competencia proviene fundamentalmente de Brasil serían los que todavía tendrían 'más colchón', ya que el tipo de cambio real contra el socio mayor del Mercosur todavía continúa en cierta medida depreciado. 

 

Hay que tener en cuenta que este 'colchón' no es producto de una fortaleza estructural de la economía argentina, sino que proviene de la robustez del real brasilero, que se aprecia frente al contexto de monedas internacionales. 

 

Por el contrario, los sectores manufactureros que compiten con bienes que cotizan en dólares estarían más comprometidos, porque el 'colchón' cambiario contra la moneda estadounidense es mucho menor y se ubicaría tan sólo alrededor de 10% u 11% por encima de los niveles de salida de la Convertibilidad (ver gráfico 5).

 

La política salarial, que otorga aumentos de sueldos mayores a la inflación y a la ganancia de productividad, llevó al salario a un record histórico en dólares y reales.

 

Medido punta a punta, en diciembre 2011 el salario medido en dólares y en reales aumentó 19% y 24% interanual, respectivamente (ver gráfico 6).

 

En un escenario en el cual el gobierno argentino utiliza el tipo de cambio nominal como ancla anti inflacionaria y en el cual el incremento del nivel general de precios cuadriplica la depreciación nominal, la suba de salarios por arriba de la inflación y la productividad del trabajo erosiona significativamente la protección del sector industrial.

 

De esta manera, en E&R pensamos que uno de los probables objetivos que perseguiría el gobierno con su intención de contener los incrementos salariales sería amortiguar la erosión de la protección del sector industrial.

 

 

En un marco 'no favorable' en el cual enfrentan presión tributaría record, 'corralito verde', mayores obstáculos para el giro de utilidades y dividendos y fuertes trabas a las importaciones, los empresarios solicitan que los aumentos salariales sean menores a los del 2011 para amortiguar las posibles reducciones de rentabilidad que se avecinan en un año de menor crecimiento económico, con menores ventas, e incrementos de la estructura de costos.

 

Concretamente, el aumento del precio de la energía y de los costos salariales impactaría disminuyendo la rentabilidad de aquellos sectores incapaces de trasladar los aumentos de costos a los precios finales de sus productos. Esta reducción terminaría desprotegiendo la producción local, incentivando las importaciones, contrayendo la inversión y, por ende, la creación de puestos de trabajo en el mediano plazo.

 

El escenario actual es complicado porque los trabajadores establecen sus demandas salariales en función de la expectativa de inflación del año en curso, que se proyecta creciente por la quita de subsidios, teniendo en cuenta el piso de aumentos del año anterior, que fue record. 

 

Tal como se observa en el gráfico 7, en el año 2011 los incrementos salariales tuvieron un mínimo de 15% y de 23% correspondiente a los empleados del sector públicos y a los trabajadores del transporte (UTA) respectivamente; y un máximo del 35% otorgado a los trabajadores gastronómicos. 

 

En 2011, los trabajadores de todos los rubros, excluyendo a los empleados públicos, consiguieron incrementos de poder adquisitivo de su ingreso, dado que la inflación fue menor que el aumento de salarios.

 

En este marco, el sector empresario le solicita al gobierno que las paritarias 2012 arrojen un incremento de salarios inferior al que tuvo lugar el año pasado para que su rentabilidad no siga reduciéndose.

 

En este marco, en E&R pensamos que la intención del gobierno que el aumento salarial se ubique en torno al 18% tendría entre uno de sus principales objetivos 'darle una a favor' a los empresarios. 

 

Puntualmente, probablemente uno de los principales objetivos de la política de contención de los aumentos salariales sería

evitar que la rentabilidad continúe erosionándose.

 

Es más, en E&R pensamos que esta protección de la rentabilidad empresaria que procura el gobierno sólo puede darse contrarrestando el 'desborde' de incremento salarial que tuvo lugar en el año eleccionario 2011, cuando los salarios aumentaron entre 8 y 9 puntos porcentuales por encima del incremento del nivel general de precios, erosionando fuertemente la rentabilidad del sector empresario.

 

Es decir, en E&R pensamos que el intento oficialista por proteger la rentabilidad de los empresarios tiene implícito volver a la política de ajuste salarial de 2008 / 2011, cuando el incremento de la retribución a los trabajadores estaba en línea con el aumento de precios, manteniéndose una relación estable entre la retribución empresaria y la obrera (ver gráfico 1).

 

Sin embargo, creemos que este escenario quedaría minado de tensiones sociales, el resultado de las negociaciones no dejaría a nadie satisfecho y la solución terminará siendo un sub-óptimo para todos los actores. 

 

De acuerdo con nuestra visión, los ajustes salariales efectivos se ubicaran entre las demandas de sindicales (24% / 40%) y las pautas fijadas por el Gobierno Nacional (18%).

 

 

El Gobierno Nacional ha estado acostumbrado a administrar la abundancia en el período 2003 / 2011. De hecho, sólo en la 2da. mitad de 2008 y 1er. semestre 2009, enfrentó un período de escasez de recursos; y fue en ese momento que nacionalizó las AFJPs para hacerse de los flujos y los stocks del ANSeS y evitar la escasez. 

 

En otras palabras, el Poder Ejecutivo nunca tuvo que gobernar en un marco de restricción presupuestaria. Es más, él siempre ejecutó la política presupuestaria en un marco de abundancia de recursos ya que en los Presupuestos Nacionales siempre hubo una sistemática subestimación de recursos para, super poderes mediante, asignar discrecionalmente el exceso de recaudación tributaria.

 

Sin embargo, por primera vez en muchos años el Presupuesto Nacional 2012 no presentaría subestimación de recursos. Es más, el enfriamiento del nivel de actividad muy probablemente anularía toda posibilidad de que hubiese un exceso de recaudación (por encima de los niveles presupuestados). 

 

De hecho, la tasa de crecimiento de la recaudación nacional está experimentando una importante y sostenida desaceleración (interanual) con respecto a 2010 y la primera mitad de 2011.

 

De hecho, mientras la variación interanual de la recaudación nacional promedió 34.5% en los últimos 12 meses, en diciembre ’11 (28%) y enero ‘12 (30%) la tasa de crecimiento fue sensiblemente menor (ver gráfico 8).

 

Sin embargo, no se puede dejar de mencionar que la política de contención de los incrementos salariales favorecería más a la coyuntura fiscal de las provincias que a la del gobierno federal, porque el peso relativo del gasto en salarios es mucho más relevante para las provincias (SPP) que para la Nación (SPN). 

 

Mientras que en la esfera subnacional, el gasto en personal se consume el 65% de los ingresos corrientes, en la órbita federal dicha proporción es tan sólo 15%; aunque aumentó 4 puntos porcentuales en los últimos 4 años (ver gráfico 10).

 

De esta manera, sin ser el objetivo principal y sin ni siquiera proponérselo, la intención del Gobierno de contener el aumento de sueldos beneficiaría la salud fiscal de los Gobiernos Provinciales, que cada vez es más delicada. 

 

De acuerdo con nuestras estimaciones, cada punto de incremento salarial en las provincias implica un aumento del resultado negativo en $ 1.400 millones anuales.