YPF: Petersen Energía y Eton Park apelan al máximo tribunal de USA para revocar el fallo del Segundo Circuito

Caso YPF - Fondos Buitre apelaron a la Suprema Corte de Justicia de USA para revivir el reclamo por los 16.100 millones de dólares contra Argentina.

La petición, patrocinada por el exprocurador general estadounidense Paul Clement, busca revocar la decisión emitida el pasado mes de marzo por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, el cual había dictaminado que las demandas debían dirimirse en los tribunales argentinos y no en la jurisdicción norteamericana, según Reuters.

Fondos Buitre

Los fondos inversores argumentan que aquel fallo previo permite indebidamente que un Estado extranjero se ampare en su propia normativa para eludir responsabilidades ante la justicia estadounidense, vulnerando la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras. La disputa judicial tiene su origen en la estatización del 51% de las acciones de YPF en poder de la española Repsol durante 2012, una operación en la cual —según los demandantes— el Estado violó los estatutos de la compañía al no lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) obligatoria para los accionistas minoritarios.

Los Fondos Buitre quieren revivir la causa YPF

Gobierno argentino: soberanía e inmunidad ante la Corte Suprema

El núcleo central de la apelación presentada en Washington plantea si un Estado soberano puede utilizar su propia legislación para forzar que los litigios se tramiten en sus tribunales domésticos a pesar de la jurisdicción previamente establecida, y si los jueces estadounidenses deben acatar una interpretación local presentada de manera tardía en segunda instancia. Para los denunciantes, la resolución del Segundo Circuito genera una grave contradicción jurisprudencial con los precedentes de la Corte Suprema federal.

Por su parte, desde la Procuraduría General de la Nación restaron dramatismo a la ofensiva legal en el exterior. Un portavoz oficial del organismo fiscalizador afirmó que la nueva presentación ante el máximo tribunal norteamericano "constituye un trámite procesal que ya había sido previsto por la República Argentina y en el que ya estamos trabajando" para defender los intereses del Estado frente a la que es considerada una de las indemnizaciones comerciales más onerosas de la historia judicial de Estados Unidos.

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