Pese a la orden de "clausura", empleados infectados de una clínica continuaron con la atención a pacientes de PAMI

Pese al carácter "urgente" de la orden judicial de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, la medida no se concretó el viernes 17. Los funcionarios del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, del Municipio de Vicente López y de PAMI que se hicieron presentes a pedido a la jueza coincidieron en no derivar ese mismo día a los 29 pacientes en ese momento allí internados por la obra social de los jubilados, pese a ser todos adultos mayores y constituir un grupo de riesgo. 

Según el acta de la inspección, la clínica estaba cumpliendo el protocolo de COVID-19 y no se habrían observado "irregularidades". Se acordó que no ingresaría pacientes nuevos y que se buscaría derivar a los que el hisopado diera negativo.

Pero a la fecha hay 2 pacientes fallecidas con coronavirus y suman más de 20 los integrantes del personal médico y no médico de la clínica infectado, de los cuales 3 están internados y el resto aislados en sus domicilios. También están contagiados de coronavirus 4 familiares de una de las víctimas, y 3 personas de la cochería M.Menini que intervino en su sepelio.

Previo a la clausura preventiva, la magistrada le había ordenado el 11 de abril al Ministerio de Salud Bonaerense -en su carácter de máxima autoridad sanitaria- realizar "una inspección, auditoría e investigación epidemiológica", luego de que el análisis post mortem de la paciente fallecida el 6 de abril hubiera dado positivo post mortem. El requerimiento fue reiterado el 14, ante la falta de respuesta.

En un nuevo oficio enviado al ministro Daniel Gollán, Arroyo Salgado le advirtió que no había recibido aún ningún informe sobre "las fiscalizaciones realizadas, ni tampoco resultado de inspección, auditoría e investigación epidemiológica dispuesta", y que no había designado aún un director médico - el actual director de la clínica, Jorge Pinzetta, cumple aislamiento domiciliario- como le había requerido el lunes pasado. "En su calidad de máxima autoridad sanitaria de la Provincia, resulta responsable de arbitrar las medias preventivas necesarias y urgentes para evitar la diseminación de la pandemia, máxime continúan internados 21 pacientes, todos de grupo de riesgo", sostuvo Arroyo Salgado en su oficio.

La intervención de la Justicia en esta clínica proveedora de PAMI donde se propagó el coronavirus se generó a partir de la denuncia de Carlos Cellini, quien tuvo dudas sobre las causas de la muerte de su hermana. Pese a que la jubilada había ingresado por una infección urinaria el 8 de marzo, en el transcurso de su internación -y tras haber mejorado de su patología inicial-, desarrolló síntomas compatibles con coronavirus. Sin embargo en la clínica no le practicaron el test para detectarlo, ni la trataron por esa enfermedad. En su certificado de defunción, se consignó "paro cardíaco, shock refractario e insuficiencia respiratoria". El análisis post mortem recién se le realizó a la mujer de 65 años por disposición de Arroyo Salgado y dio positivo.

En la inspección que personal de Ministerio de Salud Bonaerense realizó el viernes pasado por la tarde cuando la jueza dispuso la clausura, de la que participó un epidemiólogo, no se revisó sin embargo la morgue de la clínica. Recién fue inspeccionada este martes pasado. Allí se encontraron 5 cuerpos que no habían sido informados por las autoridades de la clínica cuando fue el operativo de las autoridades sanitarias por orden de la Justicia, ni tampoco con posterioridad al Juzgado. 3 de esos pacientes habían fallecido el mismo viernes de la inspección por la mañana y el mediodía, uno el día anterior, y otro el 11 de abril. Recién fueron encontrados el martes 21, luego de que Arroyo Salgado le enviara el nuevo oficio al ministro Gollán.

Se supo luego que uno de esos 5 cuerpos, el de una mujer de 70 años fallecida esa mañana del 17 de abril, resultó tener COVID 19. El test se conoció post mortem. Si bien cuando fue encontrada en la bolsa mortuoria roja correspondiente a una enfermedad infectocontagiosa, no habría sido esa la forma en que estaba conservado el cuerpo el día de la auditoría sanitaria. La Justicia sospecha que se alteró la forma en que estaba conservado con posterioridad a la inspección del viernes 17 por la tarde, y que originalmente no se habrían tomado medidas de bioseguridad y profilaxis para prevenir un posible contagio.

Desde mediados de marzo a la fecha, murieron 9 pacientes en el Centro de Salud Norte, de los cuales dos se habían contagiado de coronavirus: la mujer cuyo fallecimiento dio origen a la causa judicial, y esta última. Hay otros tres casos en los que el test dio negativo, y un cuarto sobre el que hay dudas por el tiempo transcurrido hasta la toma de la muestra. Del resto de los pacientes fallecidos, pese a haber ingresado por patologías como fractura de fémur o insuficiencia renal, murieron por "neumonía intrahospitalaria", según consignó la clínica.

A la fecha, aún quedan 15 pacientes en la clínica. Desde la inspección sanitaria el viernes pasado, 7 pacientes fueron dados de alta y otros tantos derivados a otras instituciones médicas o geriátricos. Por ser todos pacientes de PAMI, este organismo tenía la responsabilidad de relocalizarlos según las cápitas disponibles.

En base a esta cuadro de situación, el fiscal interviniente en la causa, Fernando Domínguez, le pidió a la magistrada que "le ordene a la autoridad Ministerial de Salud (Municipal, Provincial y Nacional) que bajo apercibimiento de iniciárseles actuaciones por desobediencia (art.239 del CP) y/o por incumplimiento de deberes de funcionario público (art.248 y 249 del CP), evalúe la situación del Centro de Salud Norte en cuanto posible fuente de contagio para los pacientes allí atendidos y para el personal de morgue, médico y administrativo con funciones en el lugar", a fin de "garantizar que la autoridad la autoridad Ministerial de Salud realice las inspecciones que resulten menester (aplicando sanciones administrativas de corresponder), para que los responsables del Centro investigado, apliquen la totalidad de los protocolos dictados ante la pandemia de COVID-19".

Para Domínguez, "el desmanejo del centro médico traducido en la negligencia que posibilitó la propagación de la pandemia a niveles que aún resultan difíciles de establecer, conductas que tuvieron lugar en medio de la situación de emergencia sanitaria por todos ampliamente conocidas, ameritan la adopción de las medidas compulsivas que infra se requieren".

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia afirman que la cartera "no tiene injerencia" sobre la gestión médica de la clínica. "Abrimos una investigación epidemiológica a pedido de la Justicia y pautamos los procedimientos a seguir y las normas de funcionamiento. Tenemos un rol rector, pero no auditor. No tenemos autoridad sobre la práctica medica del efector privado", señalaron.

"Fuimos e hicimos la inspección junto con PAMI y evaluamos que la clínica estaba en condiciones de seguir funcionando, en la medida que se cumplan los protocolos. Hasta donde vimos, se estaban cumpliendo. Elaboramos un informe técnico que se elevó a la jueza y se resolvió que siga abierta por el momento, con un reacomadamiento de equipos, ya que gran parte de su personal está con aislamiento. Luego el seguimiento de los pacientes es de PAMI, ya que la clínica es pretadora de este organismo", informaron.